Reparos a idea de crear una agencia para gestionar inmuebles públicos: ¿más actividad comercial estatal?

La justificación del Poder Ejecutivo para proponer la creación de una nueva agencia es que las tareas asignadas al Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie), instaurado por una ley del 2020, requiere de una institucionalidad especializada y de un marco jurídico específico para optimizar estos activos y “maximizar el producido” por la venta de aquellos considerados prescindibles. Así lo señala en un documento que acompañó el articulado de la Rendición de Cuentas.

¿Cuántos inmuebles tiene el Estado?

El patrimonio edilicio público está inventariado en el Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE), que durante el gobierno de la coalición republicana fue transferido a la órbita de la Dirección Nacional de Catastro.

Según datos que entregó esa repartición del Ministerio de Economía a Búsqueda, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho en 2023, 36 organismos habían inscripto allí un total de 8.832 inmuebles. En la administración central, el Ministerio del Interior era el inciso con más propiedades (1.401).

El gobierno de Luis Lacalle Pou tenía como parte de su plan de “shock de austeridad” vender inmuebles inútiles o sin uso. Sin embargo, tuvo una baja ejecución: al terminar el período, unos pocos incisos se habían desprendido de algo más de 20 edificios o padrones por los cuales, en total, produjeron menos de US$ 800.000.

El “sentido de propiedad” de los organismos titulares y la falta de compradores en algunas zonas hicieron difícil la ejecución del programa que pretendía bajar costos rematando los padrones declarados prescindibles, explicó en su momento a Búsqueda el saliente director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas y presidente del Prubie, Hugo Odizzio.

Antes habían existido otros intentos de que el Estado prescindiera de inmuebles que no precisa. Por ejemplo, en la Ley de Presupuesto del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y en la última administración de Tabaré Vázquez, cuando se elaboró un inventario.

¿Qué haría la nueva agencia?

El proyecto de Rendición de Cuentas que ahora considera la Cámara de Diputados establece que la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

El articulado le atribuye como cometidos y atribuciones, por un lado, “recibir, administrar, gestionar y disponer los bienes de carácter inmueble, que el Estado le transfiera a cualquier título”. Por otro, “actuar como administrador de proyectos de gestión, transferencia, o disposición de bienes inmuebles del Estado. A estos efectos, la agencia podrá crear o adquirir sociedades comerciales o participar en consorcios y/o en fideicomisos especializados en la explotación de las concesiones o proyectos que se le otorguen, y participar en la compraventa de los inmuebles bajo su gestión”. Otro mandato es “ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de bienes inmuebles, con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales”.

Por último, el proyecto le atribuye como cometido “identificar áreas de oportunidad de mejora en los bienes de dominio público y servicios conexos. Preparar y promover proyectos de inversión sobre bienes inmuebles del Estado, prestar servicios de consultoría, analizar y estructurar proyectos para el sector público o privado, relacionados con su ámbito de competencia”.

Asimismo, le transfiere los cometidos y atribuciones del Prubie.

La agencia que se propone crear estará conformada por un Directorio de tres miembros designados por el presidente de la República y un gerente general con potestades de gestión.

Sobre los recursos, el proyecto prevé que la agencia opere con las “asignaciones presupuestales fijadas por ley”, las “contribuciones dispuestas por el Poder Ejecutivo”, con “donaciones y legados, patrocinios y recursos obtenidos mediante acciones de cooperación internacional”, las contraprestaciones por servicios y los “bienes que se le asignen por ley”.

Cuando la semana pasada compareció el ministro de Economía ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, el diputado colorado Gabriel Gurméndez planteó una reflexión y una pregunta a la delegación visitante sobre los dos artículos en cuestión.

“Nos llama la atención la creación de una nueva empresa pública, que es esta Agencia de Gestión de los Inmuebles Estatales, que viene a instalarse o a fundarse con competencias amplísimas, que van mucho más allá de la gestión o administración de inmuebles, ya que le permite participar en negocios inmobiliarios, concesiones, administraciones, ventas de servicios, consultorías, promoción, invadiendo incluso áreas que son propias de la actividad de las empresas privadas”, señaló.

Luego Gurméndez quiso “saber si realmente el gobierno piensa seguir ampliando la actividad empresarial y comercial del Estado en este momento”, lo cual, a su juicio, iría en “sentido contrario” al de “enfocarse en lo sustantivo y priorizando los recursos”.

Esa pregunta quedó sin responder por parte de la delegación ministerial.