Los cheques que “rebotan” y las cuentas corrientes clausuradas o suspendidas aumentaron al comienzo de este año. Y si bien la morosidad de los préstamos bancarios continúa en niveles históricamente bajos, creció la proporción de la cartera de las categorías de mayor dificultad de cobro.
Esos son indicios de un panorama empresarial algo más complicado. Otros son los concursos de acreedores en los que buscan refugio las firmas que entran en problemas financieros, que si bien en cantidad vienen siendo como en otros años, algunos casos involucran pasivos abultados.
Ese tipo de situaciones seguirá en aumento, en un contexto de enlentecimiento de la actividad económica en el país, vislumbran conocedores del circuito comercial consultados por Búsqueda.
El director gerente de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Bernardo Quesada, afirmó que las presentaciones de concursos de acreedores “acompañan el ciclo económico, aunque con cierto rezago”. Eso se está percibiendo ahora y es posible que en 2015 y 2016 haya más casos aún, estimó.
“En una situación de menor crecimiento económico y retracción de algunos mercados, las empresas que están al borde de un problema se han ido presentando (a concurso). Las que están al límite con un pasivo muy grande y tienen problemas de rentabilidad están más sensibles de que una desmejora las haga caer”, señaló.
En el mismo sentido, Francisco Cobas, abogado del estudio Rueda, Abadi, Pereira, dijo que “hay cada vez más” concursos y ello seguirá, porque Uruguay “está sintiendo los coletazos de la crisis” en Europa. También los problemas con Argentina van a verse en futuros casos, aventuró.
Cobas dijo que la ley de concurso y reorganización empresarial, que entró en vigor en 2009, se está “impregnando en el mercado, va madurando entre los acreedores y se va consolidando en el quehacer comercial y jurídico” como una herramienta para reestructurar pasivos voluminosos.
Más casos.
En todo el año pasado hubo 60 procesos concursales y en lo que va de 2014, hasta el martes 26, se inscribieron 31, según los registros que lleva la Lideco.
Quesada señaló que este año las empresas con problemas de insolvencia tienen pasivos más abultados, afectan a una cantidad superior de trabajadores y en general derraman un “impacto social mayor” que los casos de años anteriores.
Añadió que desde la Lideco se percibe una “preocupación” especial por la situación de las empresas agropecuarias, por la baja del precio de los commodities y los márgenes más acotados.
Algunos dirigentes ruralistas admiten que en su sector “la situación ya no es la misma que hace tres o cuatro años” y que los números se están complicando (ver página 23).
Una empresa del agro que se presentó a concurso es la Cooperativa Agraria de Responsabilidad Suplementada de Productores de Semilla (Calprose), sociedad constituida en 1964 que funciona en la ciudad coloniense de Tarariras. La acción involucra a otras cuatro firmas que controla (Potreros del Sur, Domotex, Paraje Pasto y Codemax) y es por un pasivo consolidado cercano a U$S 17,4 millones.
Entre las causas de la situación de insolvencia Calprose mencionó en la documentación que presentó ante la Justicia, las dificultades de financiamiento que arrastra tras la crisis de 2002 y la “actitud del Banco República” de no otorgar nuevos préstamos hasta que transcurrieran dos o tres años tras la cancelación total de los préstamos, lo que sucedió en 2009. Además enfrentó una acumulación de stock de semillas que fue necesario colocar bajo la modalidad de warrant con intereses altos “debido a la imposibilidad de acceder a líneas de crédito” contra hipotecas o prendas para capital de giro con costos inferiores.
Otro factor fue estrictamente productivo: para la zafra de soja 2013/2014 preveía una cosecha de buen rendimiento. Sin embargo fue de las “más complicadas de la historia”, ya que el exceso hídrico que sufrió el cultivo tuvo un “impacto tremendo”, con lo que la venta de semillas e insumos “está siendo por lo menos 50% menor” a lo esperado.
Calprose ve posible seguir en actividad si logra resolver sus problemas financieros.
Otro concurso reciente es el de la Compañía de Ómnibus de Pando (Copsa) y dos sociedades vinculadas —Alom y Lake Blue— que en total informaron deudas por unos U$S 88,4 millones. Copsa es una transportista fundada en 1930.
La empresa informó en un comunicado que llegó a la solicitud del concurso tras realizar “innumerables” gestiones con distintas autoridades, en especial frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), buscando “corregir el manejo inequitativo de los recursos destinados a darle viabilidad al sector suburbano de transporte de pasajeros”.
Según informó semanas atrás “La Diaria”, Copsa comenzó un juicio contra el MTOP por U$S 50 millones porque considera que la forma de definir la paramétrica que fija el precio del boleto y el reparto del subsidio estatal al sector es injusto y le genera pérdidas.
Tras registrar pérdidas en los últimos tres años, el Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) se presentó a concurso en julio y declaró un pasivo equivalente a U$S 64,5 millones, aproximadamente.
Fripur, que sigue en actividad, enmarca las causas de sus problemas en una “difícil coyuntura” que atraviesa la pesca en general.
De acuerdo a la memoria explicativa presentada por Fripur al pedir el concurso, la “imposibilidad de dar cumplimiento” a sus obligaciones obedece a factores de origen externo e interno que “no son imputables” a su gestión ni a sus administradores.
Entre los factores externos, la empresa alega que debido a la crisis financiera internacional sus principales mercados —Unión Europea, Rusia y Japón— han disminuido las compras y por ello “se vio en la necesidad de aumentar fuertemente” el stock de productos terminados y “consecuentemente su pasivo financiero”.
Agrega que enfrentó un incremento de los costos operativos medidos en dólares que no le fue posible absorber a través de los precios internacionales que recibe por sus exportaciones.
Añade el impacto de la eliminación de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea como otra causa externa.
En lo interno, alega como causa el incremento del costo de la mano de obra —tanto en tierra como del personal embarcado en los buques de captura—, el aumento del costo de los permisos de pesca “superior al 70% en los últimos cuatro años”, el encarecimiento de la energía eléctrica y los costos financieros por los créditos que debió tomar para enfrentar una ecuación de gastos crecientes.
La maderera Urupanel, instalada en Tacuarembó hace una década, cerró por no poder enfrentar deudas por U$S 26 millones. Además, esta industria tiene pendiente de pago U$S 3,4 millones de un concurso judicial anterior.
En un comunicado a la opinión pública, el directorio explicó que en los últimos tres años la firma registró “pérdidas significativas” a las cuales sus accionistas —un grupo ecuatoriano— debieron destinar “más de U$S 20 millones”.
En total, estas cuatro empresas —Calprose, Copsa, Fripur y Urupanel— emplean en conjunto a 2.800 personas y acumulan un pasivo equivalente a U$S 199,7 millones.
