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“Preocupante” es la palabra que más repiten por estos días autoridades del gobierno vinculadas al área de las políticas sociales luego de leer el contenido del anteproyecto de ley de urgente consideración. Si bien durante la campaña electoral el futuro de las políticas sociales fue tema de debate y el Partido Nacional dio señales de qué medidas pretendían aplicar, sorprendió a algunos jerarcas el alcance de iniciativas contenidas en el borrador, porque entienden que en algunos casos hay un “retroceso” que “compromete los avances logrados” en estos años, según integrantes del gobierno.
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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), comenzaron a analizar el documento y evaluar las posibles consecuencias de varios de los cambios planteados.
Uno de los puntos que genera más inquietud a las autoridades son las modificaciones propuestas en materia de normas penales para adolescentes. El anteproyecto elaborado por el gobierno electo eleva de un año a dos el mínimo de tiempo que debe pasar en prisión un adolescente que cometa un delito gravísimo (violación, homicidio). Además, se incrementa la pena máxima de prisión —de 5 años a 10 años— y establece que se conservarán los antecedentes penales de los adolescentes infractores una vez que sean adultos (hoy es una facultad del juez que no la puede aplicar como una pena accesoria).
Uno de los puntos que genera más inquietud a las autoridades son las modificaciones propuestas en materia de normas penales para adolescentes.
“Estamos preocupados por estas propuestas”, dijo Federico Barreto director del Instituto Nacional de la Juventud. Sostuvo que de prosperar este cambio se va contra la normativa internacional y se apuesta al “populismo punitivo”, aseguró Barreto, quien en 2014 fue una de las caras visibles del No a la Baja, una campaña que buscó evitar que se aprobara una reforma constitucional que disminuía la edad de imputabilidad (la propuesta no obtuvo los votos necesarios).
El INAU y el Inisa comenzaron a trabajar en este punto. Si bien aún el INAU no se pronunció, uno de sus directores, Fernando Rodríguez, opinó que el camino debería ser “reforzar las medidas alternativas a la prisión”. Esta es la línea que se viene trabajando con otros países de la región, dijo, y señaló que habían obtenido resultados como contener el aumento de las reincidencias en delitos.
Rodríguez dijo que le preocupa que se aumente a dos años el mínimo de reclusión y que se extienda a 10 la pena máxima. “Puede suceder que un adolescente comete un delito con 17 años y va a estar hasta los 27. ¿Cómo se compatibilizan las políticas para personas con edades tan diferentes?”, dijo.
“Terminología incorrecta”
En el capítulo del anteproyecto referido al “nuevo escenario para el desarrollo de las políticas sociales” se proponen cambios a las competencias del Mides. El director Nacional de Promoción Sociocultural, Federico Graña, afirmó la semana pasada que el artículo 360 le quita las competencias al Mides en la “rectoría de las políticas de diversidad sexual y afrodescendencia”. Además, dijo que el articulado usa una “terminología incorrecta” al referirse a “opción sexual” y no “diversidad sexual”.
Desde el Mides manifestaron su preocupación porque el proyecto elimina el Instituto Nacional de las Personas Mayores. En su lugar se creará una Dirección Nacional dedicada a la atención integral del adulto mayor.
Hay una reducción de competencias y de espacios de participación de los adultos mayores, dijo Barreto. Además, en la secretaría de Estado analizaron con preocupación que en la ley no hay referencia al sistema de cuidados, una de las principales apuestas del actual gobierno en materia social.
Barreto evaluó que la “orientación política del proyecto es regresivo, una vuelta atrás, y compromete los avances sociales que se han logrado”.
En el anteproyecto también se dedican varios artículos vinculados al funcionamiento del INAU y, en especial, a establecer “mejoras” al régimen de adopciones.
En el anteproyecto también se dedican varios artículos vinculados al funcionamiento del INAU y, en especial, a establecer “mejoras” al régimen de adopciones.
El actual directorio del INAU aún está estudiando el impacto de estos cambios. Una vez analizado con sus técnicos, realizará un pronunciamiento.
El director Rodríguez dijo que el tema es “complejo” y señaló que el INAU ha mejorado el trabajo en el área adopciones. “Bajamos los tiempos de espera”, aseguró, y aclaró que hay “otros tiempos que hay que sostener porque son parte de las garantías que hay en el proceso”.
El proyecto vuelve a crear el cargo de director del Instituto Nacional de la Juventud como de particular confianza. Ese puesto había sido eliminado y estaba asimilado como director nacional dentro del Mides. Con el cambio planteado, se aumenta el salario del futuro director del Inju.
