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Uruguay, al igual que otros países de la región, tiene por delante “serios desafíos” de mediano y largo plazo ante el aumento de la proporción de población envejecida y los constantes cambios tecnológicos. Por eso las políticas públicas deberían centrarse en aprovechar las oportunidades para incrementar la productividad y en gestionar los potenciales efectos adversos de las nuevas tecnologías con medidas para que más mujeres se incorporen al mercado laboral, que las personas en general posterguen su jubilación y que los futuros trabajadores puedan adaptarse a un entorno de cambio permanente en la estructura ocupacional, lo que requiere reformas educativas, entre otras acciones.
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Ese es el enfoque planteado por el Banco Mundial (BM) en el documento titulado Justo a tiempo, en donde aborda los desafíos en el “Uruguay que se viene”: la sociedad uruguaya tiene abierta una “pequeña ventana de oportunidad creada por el dividendo demográfico”, ya que se aproxima el momento en que la porción de la población en edad de producir y producir ahorros alcanzará su nivel máximo, para luego comenzar a descender. Parte de esos diagnósticos no son del todo novedosos, pero sí algunas recomendaciones.
Describe el sistema de seguridad social uruguayo como “muy rígido para acceder a la jubilación por vejez: 60 años de edad y 30 años de aportes. Sin embargo, se prevé que el mercado de trabajo se vuelva cada vez más heterogéneo y ya se observa una tendencia natural hacia la postergación de la jubilación. Para que siga esa tendencia, el BM sugiere introducir una flexibilización en los procesos de retiro —habilitando la jubilación parcial—, una revisión de las fórmulas de cálculo de los salarios básicos jubilatorios y ofreciendo capacitación laboral a adultos mayores para que puedan reinsertarse en actividades distintas a las que venían realizando.
A su vez, para promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo recomienda, por ejemplo, adoptar medidas como las licencias por paternidad o compartidas.
Otro capítulo tiene que ver con la expansión de la “gig economy”, con menos trabajadores empleados en el sector formal, menos contratos tradicionales y más vínculos asociados al trabajo ocasional o temporario y a tiempo parcial, que igualmente requieren protección social y laboral. El organismo sugiere encontrar un equilibrio entre regulaciones laborales que contemplen alternativas a los contratos tradicionales y esquemas universales no contributivos de seguridad social.
Reforma educativa. Otra área de acción, para enfrentar las transformaciones que seguirán trayendo los avances tecnológicos y la automatización, refiere al sistema educativo. El BM dice que para “producir una fuerza de trabajo competitiva, que responda a las demandas de este siglo, Uruguay necesita encarar profundas reformas, como en la gobernanza del sistema educativo”: lo que hay hoy es “complejo y fragmentado”, “no existe casi coordinación en los programas de estudio ni en las estrategias de enseñanza, y el esquema de responsabilidad es débil”. Se debe ir a un esquema “menos colegiado” para eliminar “superposiciones e ineficiencias”, así como dar mayor autonomía de gestión de los centros de enseñanza.