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Al día de hoy Uruguay tiene asumidas deudas que, la más lejana en el tiempo, terminará de pagarse en 2053; entonces estará transcurriendo el séptimo gobierno después del actual, encabezado por Tabaré Vázquez. Son tres créditos contraídos por el país con el Fondo Monetario Internacional —FMI—, uno en 1986 y dos en 2009 (a 67 y 44 años de plazo), de los que restan por amortizarse casi US$ 400 millones en total.
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La deuda externa asumida por el gobierno central tiene acreedores diversos, entre ellos organismos financieros multilaterales —principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, y también fondos de inversión internacionales, inversores particulares, así como bancos e instituciones gubernamentales extranjeras. Al 31 de diciembre de 2016 eran pasivos que totalizaban US$ 26.375 millones, de los cuales US$ 22.638 millones fueron contraídos al emitir bonos en mercados externos, US$ 2.572 millones por préstamos directos y otros US$ 1.164 millones en títulos colocados en la plaza local (pero adquiridos en parte por extranjeros). Esa deuda se amplió con el Bono Global en pesos nominales con amortización final en 2022 por el equivalente a US$ 1.250 millones, colocado la semana pasada.
De documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) surge que entre los prestamistas directos con dinero todavía por cobrar figuran, por ejemplo, el Banco de China y el Credit National Paris con créditos otorgados al gobierno uruguayo a fines de los años ochenta; Kreditanstalt Fur Wieteraufbau y el Instituto Crédito Oficial del Reino de España con préstamos concedidos en los noventa; e Italian Bank Artigiancassa, que dio financiamiento en 2004 y 2005 a unos 40 años de plazo. Entre ese tipo de instituciones, The Bank of Nova Scotia, de Toronto, es de los acreedores más recientes: la línea —unos US$ 71 millones— fue concedida en noviembre de 2016.
Sin embargo, es el BID (con unos 60 créditos a tasas de entre 0,2% y casi 10% anual que todavía se están amortizando), y luego el Banco Mundial, los principales prestamistas directos del gobierno central. Al FMI Uruguay le pagó casi la totalidad de los préstamos y no tomó nuevos desde la primera administración del Frente Amplio.
Por fuera de los préstamos directos, el gobierno financia su déficit emitiendo títulos de deuda —Bonos Globales, Notas y Letras del Tesoro— en los mercados internacionales o el local. El papel que vence a mayor plazo lo hace en junio de 2050.
El MEF no informa quiénes son los inversores que compran esa deuda soberana, aunque tras las últimas emisiones en el exterior identificó genéricamente a algunos. Al colocar el Global 2022 la semana pasada destacó que compraron el título “más de 100 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Uruguay y otros países de Latinoamérica”. En el caso de los europeos, algunos adquirieron deuda uruguaya por primera vez, acotó.
Financiamiento
En los documentos que acompañaron el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, presentada al Parlamento el martes 20, el Poder Ejecutivo expuso su estrategia de financiamiento del gasto del sector público para los próximos años.
“Un objetivo fundamental de la gestión de deuda es consolidar el grado inversor de la deuda soberana, que alcanza hoy su mayor calificación en la historia”, subrayó. El investment grade “constituye un activo clave a la hora de mejorar el acceso al financiamiento del país a los mercados de capitales locales y externos, permitiendo costos de endeudamiento más bajos, plazos más largos y una base inversora más diversificada”, añadió el Ejecutivo.
Para este año el gobierno priorizó una estrategia de desdolarización de “segunda generación”, aumentando la proporción de la emisión en moneda local a tasas fijas nominales. Como “ejemplo” de eso mencionó la reciente colocación de un Bono Global en pesos nominales.
“Se continuará monitoreando los mercados internacionales de forma de avanzar en la diversificación de ‘monedas duras’ del portafolio del gobierno, disminuyendo la ponderación del dólar en el total de la deuda en moneda extranjera”, adelantó.
El gobierno estima necesidades de financiamiento por US$ 3.234 millones para este año y una cifra similar para el próximo, que cubrirá entre 70% y 80% conemisiones de títulos, respectivamente.
