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Transferencias
Partiendo de que el Estado ya cuenta con distintas herramientas dirigidas a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, pero que están “dispersas”, se rigen por diferentes normas y tienen problemas de cobertura, el documento propone generar un “sistema único” de transferencias que logre una mejor coordinación entre las asignaciones familiares “comunes”, las asignaciones del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social, el Bono Crianza y la prestación Bienvenido Bebé.
Recomienda asignar “montos per cápita progresivos, crecientes con el nivel de vulnerabilidad”. La referencia para el nivel más alto sería el valor de una canasta básica alimentaria de Montevideo ($ 6.666 a enero de 2026). Estas transferencias tendrían un mecanismo periódico de indexación para mantener su poder adquisitivo: la posibilidad de un “ajuste rápido en caso de crisis”.
Además habría un “refuerzo adicional” del 50% en los montos para embarazadas y niños de entre 0 y 3 años de edad.
El objetivo es que la cobertura de estos programas alcance a la totalidad de la población vulnerable, es decir, los hogares con menores de edad “que se encuentran dentro del 50% de menores ingresos”.
Con evidencia del “bajo impacto de las contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria”, plantea “eliminar las condicionalidades” para el cobro de las transferencias. El documento cita objeciones a ese punto de parte de Cabildo Abierto y de las cámaras empresariales.
Actualmente, los menores que integran el quintil de ingresos más bajo perciben transferencias que promedian los $ 3.000 al mes.
Tiempo educativo
Porque los espacios educativos y de cuidados para la infancia y la adolescencia con mayor extensión horaria “continúan siendo insuficientes”, dado que un cuarto de la matrícula de educación inicial y primaria son de jornada completa o extendida, el documento sugiere ampliar la oferta de forma gradual, priorizando a “poblaciones y territorios con mayores vulnerabilidades”.
La iniciativa contempla extender la cobertura horaria de cuatro y ocho horas diarias para niños y niñas de 0 a 3 años de edad e incorporar unos 4.500 niños al sistema de atención para 3 años. También, aumentar los cupos para niños de 0 a 2 años (Centros de Atención a la Infancia y la Familia, Centros de Atención a la Primera Infancia, Centros Comunitarios de Educación Infantil, Nuestros Niños, Centros Siempre, Casas Comunitarias de Cuidados, etcétera).
Además, como meta al año 2029 propone duplicar la cobertura de niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo, así como la cantidad de centros de educación media con extensión del tiempo pedagógico, y triplicar la cobertura del programa Escuelas de Verano, para que en la posterioridad alcance la totalidad de las escuelas urbanas.
Licencia paternal
Según el documento emergido del Diálogo Social, el régimen de licencias parentales para cuidados está diseñado con un “sesgo maternalista” (es utilizado en un 98% por mujeres) e impacta en la continuidad de la participación laboral femenina.
Propone expandir el subsidio de paternidad hasta al menos 30 días corridos tanto en la actividad pública como en la privada. Actualmente, los varones en el sector público cuentan con 10 días hábiles a 20 corridos, y en el sector privado, 20 días corridos.
También plantea “levantar” los requisitos legales que impiden el ejercicio efectivo del subsidio de cuidados por parte de varones —como que solo pueda utilizarse una vez que la madre finaliza su licencia maternal— y ampliar la duración de la licencia parental para el cuidado del recién nacido para trabajadores/as formales de la actividad privada, desde los seis hasta los nueve meses. La idea es que sea posible el uso simultáneo cuando hay, por ejemplo, nacimientos múltiples.
Independientes
Dado que los trabajadores independientes se encuentran desprotegidos ante el cese de su actividad, el documento plantea la creación de una “prestación económica” de al menos tres meses de duración que alcance a los de “mayor vulnerabilidad”, para luego ampliarla a otros grupos. Sugiere, de prosperar la iniciativa, empezar por los monotributistas y unipersonales contribuyentes del área de Industria y Comercio del Banco de Previsión Social, contemplando un “piso básico de suficiencia”.
Edad de retiro
Considerando que los sectores vulnerables suelen llegar a la edad mínima de retiro (65 años a partir de la reforma de 2023) con trayectorias laborales “precarias”, un mayor “desgaste físico” y menor esperanza de vida, en el diálogo se entendió “conveniente” incorporar una causal de retiro anticipada que “permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad” (porque la posibilidad que da el marco actual “no contempla” un conjunto de contingencias). El retiro anticipado se diseñaría a partir de tasas de reemplazo “crecientes con la postergación del retiro, como forma de incentivar la permanencia en el mercado laboral”.
Esa causal permitiría a al menos la tercera parte de trabajadores con niveles de aportación más bajos jubilarse con “montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior” a la reforma del 2023, según el texto.
Para las personas con niveles de aportación más altos, también será posible retirarse a los 60 años, pero “contemplando incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años”.
Por otro lado, se contempla revertir el impedimento de la Ley 20.130 sobre acceso a partidas adicionales por jubilación por incapacidad total cuando ya se configuró una causal jubilatoria normal.
“Piso de bienestar”
En otro eje de cambios en la configuración de jubilaciones y pensiones, y para contrarrestar los períodos sin aportes al sistema —asociados al trabajo informal—, el documento indica que se buscará integrar el pilar no contributivo (pensiones) con el contributivo (jubilaciones, seguros) a través de un “piso mínimo de bienestar” para todos los residentes a partir de cierto umbral de ingresos aún no definido.
Sistema de AFAP
Para ir a un régimen “más integrado”, con “un rol preponderante del Estado” y mayor “eficiencia en beneficio de la persona afiliada” —sostiene el documento—, se propone transitar hacia un “pilar de ahorro generacional”, donde las cuentas individuales “son gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. A su vez, ese organismo “licita o asigna los fondos (no individualizados)” para promover la “competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.
El documento subraya la intención de asegurar un “blindaje de los fondos” ante posibles “usos alternativos” a los fines previsionales.
Según el esquema propuesto, se mantiene la función de las AFAP en cuanto a su participación en el rol de gestión de la inversión y rentabilización de los “fondos generacionales”.
Tanto el PIT-CNT como la Organización de Jubilados y Pensionistas dejaron constancia de su oposición al modelo AFAP en su conjunto. Sin embargo, consideraron la propuesta consensuada en el diálogo como un “avance significativo”.
Financiamiento
Entendiendo que el proceso de envejecimiento poblacional y las transformaciones en el mundo del trabajo produjeron “desafíos” para la generación de recursos a través de los “mecanismos tradicionales” que financian al sistema de seguridad social, el documento plantea necesario analizar “posibles reconfiguraciones a los equilibrios entre componentes contributivos y no contributivos”.
Entre los distintos temas que evaluaron los integrantes del Comité Ejecutivo del Diálogo, este fue de los que expuso mayor polarización. Las cámaras empresariales coincidieron en un “seguimiento atento” de la situación, pero consideraron innecesaria una “reconfiguración” al momento. Cabildo Abierto reivindicó que, en vez de generar “erogaciones mayores” en un sistema “ya demasiado tensionado”, se precisa adoptar medidas para revertir la tendencia demográfica a la baja y así aumentar los aportes. Por su lado, el PIT-CNT insistió en que el esquema de financiamiento precisa modificaciones que equilibren “las cargas entre capital y trabajo”.
Otras propuestas
El documento también propone analizar a futuro otras iniciativas diversas: cambios en los requisitos para el acceso por parte de menores a una pensión en caso de la muerte violenta (por un hecho delictivo) de alguno de sus progenitores; modificaciones en la evaluación de carencia de recursos para pensiones de invalidez común; medidas para mitigar las “inequidades” intergeneracionales de quienes se afiliaron a una AFAP sin obligación y configuran causal jubilatoria a partir de 2033 (artículo 8 de la Ley 16.713); cambios en la indexación del suplemento solidario; y nuevos plazos para solicitar el reconocimiento de actividades laborales anteriores al 1º de abril de 1996.
Para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, señala que se buscará avanzar en un mecanismo de financiamiento “que combine aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos por parte de las personas usuarias, contemplando su capacidad económica”.
En cuanto a la protección de personas con discapacidad, anima a analizar la creación de una prestación para los menores de 18 años que sustituya la actual pensión por invalidez y habilitar el cobro de partidas adicionales previstas en el artículo 48 de la Ley 20.130, entre otras iniciativas.
Señala que se estudiará la regularización del trabajo de las personas privadas de libertad y la revisión de los regímenes existentes para lograr “estándares de trabajo decente”.
