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Blancos, colorados y el Frente Amplio buscan aprobar este año un nuevo proyecto de ley de financiación de partidos políticos
Cabildo Abierto condiciona su tratamiento a que se resuelva la renovación de integrantes de la Corte Electoral, mientras el resto de los partidos quiere evitar que la discusión se mezcle con la campaña
Conrado Rodríguez. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Con la pandemia en un segundo plano y ya saldada la campaña en torno a la Ley de Urgente Consideración, el Parlamento empieza a retomar varias de las discusiones que venía postergando. Una de ellas, que se arrastra desde la Legislatura anterior, es un acuerdo entre el Frente Amplio, blancos y colorados para estudiar modificaciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.
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El compromiso tuvo su origen luego de que fracasara en la Cámara Baja un intento del entonces oficialismo de modificar la legislación, tras la negativa del entonces diputado frenteamplista Darío Pérez. Tras el resultado de las elecciones de 2019, el Partido Nacional advirtió además que derogaría la norma en el caso de que fuera aprobada, y así surgió el compromiso de discutir un nuevo proyecto en esta legislatura, para lo que se creó una comisión especial en Diputados.
El funcionamiento de ese grupo de trabajo ha sido intermitente hasta el momento y, además, no cuenta con el apoyo de Cabildo Abierto, un partido que no formaba parte del panorama político cuando se gestó el acuerdo. El representante cabildante Álvaro Perrone ha expresado, tanto en la comisión como en otras instancias, que su partido no tratará el tema hasta que no se renueve la integración de la Corte Electoral.
Por lo acordado entre el gobierno, sus socios y la oposición, Cabildo Abierto pasará a tener un nuevo representante en ese organismo. La abogada Sandra Chá sustituirá al colorado Juan Máspoli, pero su ingreso está demorado y sujeto a otras negociaciones: todavía no hay consenso sobre si la vicepresidencia de la Corte Electoral le corresponde al oficialismo o a la oposición y, además, la renovación está atada a cambios en otros organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas.
Salvo por un encuentro fijado en diciembre para definir una prórroga del funcionamiento de la comisión (hasta el 30 de junio de este año), el cuerpo no se reúne desde setiembre del año pasado. En esa oportunidad se había definido conformar una subcomisión con un representante de cada partido donde se buscarían los puntos de acuerdo, pero ese cuerpo nunca llegó a reunirse.
Con este panorama, la comisión está citada para hoy, jueves 21, y en esta oportunidad Cabildo Abierto insistirá con su banca en la Corte Electoral. “Vamos a expresar nuevamente que esto es poner la carreta delante de los bueyes”, dijo Perrone a Búsqueda.
En el Partido Colorado consideran que el momento oportuno para tratar el proyecto de ley es ahora. Uno de sus representantes en la comisión, Conrado Rodríguez, dijo que es necesario “avanzar este año lo más rápido posible”, de manera que su tratamiento no se entrevere con la incipiente campaña electoral, que los legisladores entienden que en los hechos comenzará el año que viene.
Refiriéndose a la postura de Cabildo Abierto, Rodríguez dijo que “sería inaceptable que se condicionara la aprobación de un proyecto que tiene que ver con la transparencia en el uso de fondos públicos y en cómo gastan en sus campañas políticas por la falta de integración de un órgano que no tiene nada que ver con un proyecto”.
En tanto, el nacionalista Juan Martín Rodríguez es optimista respecto a una “resolución rápida” en la integración de la Corte Electoral que permita avanzar en el proyecto de ley de financiamiento. Los blancos también aspiran a renovar a uno de sus ministros allí: quieren sustituir a Ana Lía Piñeyrúa por Darío Castiglioni.
El diputado blanco considera que más allá de la postura que tome Cabildo Abierto, se pueden generar avances en los textos, buscando que este partido adelante sus opiniones sobre la redacción, y luego, cuando se haya resuelto el tema de la Corte Electoral, se vote de forma conjunta. “No es un escenario de votarlo mañana, pero sí de avanzar lo más que se pueda”, dijo.
Al igual que su colega del Partido Colorado, considera imprescindible aprovechar este año para la aprobación del proyecto. “Luego (en tiempos electorales), las particularidades pasarán a tener nombre y apellido. El paso del tiempo es indirectamente proporcional a las posibilidades de aprobación”, concluyó. Según dijo, en caso de que su tratamiento se demore, una “alternativa” es posponer su entrada en vigencia para la próxima elección.
En tanto, fuentes de la oposición consideraron que el oficialismo es quien debe comenzar a impulsar el tema. En ese sentido apuntaron que, si bien la comisión recibió a un vasto número de delegaciones y tiene “todos los insumos” para avanzar, la coalición dio prioridad a otros temas y relegó este, aunque no le atribuyen intencionalidad.
Los temas de debate
La comisión está trabajando con base en el proyecto del Frente Amplio, que tenía media sanción en la Cámara de Senadores y naufragó en la legislatura anterior. En la exposición de motivos de ese proyecto se aseguraba que era “necesario y conveniente” aprobar una norma que estableciera “reglas aún más precisas respecto de los actos obligatorios, permitidos y prohibidos para los partidos políticos”, que aumentara los controles, determinara “procesos exigibles” y garantizara la “transparencia de la información derivada de los ingresos y egresos de los partidos”.
A la vez, se establecía que era “imprescindible establecer reglas claras y transparentes a los efectos de asegurar”, en lo posible, “condiciones de igualdad y de equidad entre todos los integrantes del sistema político”.
La redacción de aquel proyecto despierta críticas en blancos y colorados, que cuestionan que se busque prohibir el financiamiento de empresas privadas a los partidos. Según dijo el colorado Conrado Rodríguez, esta medida no tendría sentido, en la medida que sí quedaría habilitado que sus dueños puedan realizar donaciones.
También hay diferencias con el rol propuesto para la Corte Electoral. Mientras que los blancos cuestionan que se habilite a este organismo a contratar espacios publicitarios en los medios para los partidos y piden dotarlo de más recursos para cumplir con la ley, los colorados buscan que el organismo se apoye en el Tribunal de Cuentas a la hora de hacer la auditoría de las rendiciones de cuentas de los partidos.
