Blancos cuestionan que el gobierno quiera asignar señales de TV durante la transición

Sin embargo, el proceso despertó malestar dentro del directorio de la Ursec, algo que fue manifestado públicamente durante la instancia por la directora designada por la oposición, Silvana Olivera, en su cuenta de Twitter.

“Yo coordiné el programa de gobierno del Partido Nacional en el área de Telecomunicaciones, TIC e Innovación, y vamos a modificar y revisar toda la normativa. Y eso, probablemente, termine en la derogación de la ley de medios y en la creación de una nueva ley de telecomunicaciones y de estrategias digitales, más aggiornada a estos tiempos”, afirmó Olivera.

Desde el Partido Nacional prevén analizar la normativa del sector, incluida la ley de medios, debido a las múltiples declaraciones de inconstitucionalidad señaladas en varios artículos desde su aprobación. “Si yo declaro inconstitucional un artículo que se vincula con otro, estoy forzando o dejando una cantidad de agujeros en esa ley que entendemos exige ser revisada”, indicó al respecto.

Igualmente, reconoció que varios aspectos de la ley actual resultaron positivos, como la incorporación de intérpretes de lenguaje de señas o los incentivos a la producción nacional. Pero opinó que “no es una buena cosa” que un gobierno se retire firmando la asignación de señales de TV.

En tanto, el director de la Ursec, Nicolás Cendoya, dijo a Búsqueda que los dichos de Olivera son “una declaración para la tribuna”, ya que cuando se redactó el decreto en cuestión, se estaba a dos años de las elecciones nacionales y no se contempló ninguna consideración como la que la jerarca plantea ahora.

Según dijo, el problema fue que el proceso se demoró por diferentes motivos, razón por la que recién ahora se pudo llevar adelante. Argumentó que la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual tardó mucho en expedirse y que antes el Poder Ejecutivo también demoró en iniciar el procedimiento de reglamentación de la ley, al esperar la resolución de las inconstitucionalidades.

“El tuit me causó mucha molestia y obviamente se lo expresé personalmente a Olivera, que no es el primer tema en el que hace lo mismo. Yo no tengo Twitter porque creo que la política tiene que pasar por otros carriles. No es mi estilo; mi estilo es trabajar”, afirmó. Además, indicó que desde la Ursec son un regulador, por lo que deben regirse por las normas de derecho, “más allá de consideraciones políticas o de gusto o de oportunidad”.

Para el director, hoy existen varios procesos en marcha que no deberían interrumpirse por la transición, sobre todo aquellos como este, en el que la ley establece plazos determinados. Además, explicó que los parámetros para realizar este llamado estuvieron listos recién en junio de este año.

Las autoridades esperan que el proceso finalice en febrero, con la adjudicación de las señales a las tres propuestas de mayor puntaje.

Propuestas

El proceso de selección responde al denominado Must Carry (deber de portar), pero en Uruguay, a diferencia de otros países donde también rige esa reglamentación, no hay una compensación económica para los cableoperadores.

En el llamado se presentaron cuatro empresas privadas: Cardinal TV, representante de los cableoperadores del interior; Canal U, señal de carácter comercial que hoy cuenta con una distribución muy acotada en Uruguay y otros países de la región; la Multimedios de TV Libre, que busca relanzarse con mayor cobertura, y la nueva señal Eutopía TV, presentada por Fasano.

Según Olivera, la asignación es muy importante para las señales nacionales, ya que su modelo de negocios es la venta de publicidad, y esto les permitiría llegar a una mayor cantidad de consumidores. “Que el servicio de cable subiera una señal hace dos años no era tan trascendente, pero hoy es sumamente importante porque la mayor parte de los consumidores ven los canales a través de los cables, no pone una antena para ver TV abierta”, explicó Olivera.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de asignar nuevas señales es fundamental para el sector y para el país, por lo que partir de una ley con artículos declarados en parte inconstitucionales y con un proyecto de ley a estudio del Parlamento para cambiar esa situación, no es el contexto más adecuado, y debería ser evaluado por las nuevas autoridades.