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La construcción de una planta regasificadora en Punta de Sayago es un dolor de cabeza para el gobierno desde febrero de 2015, cuando quebró la constructora brasileña OAS, contratada por el consorcio GNLS, la adjudicataria para realizar la obra. Desde ese entonces el proyecto se paralizó y a nivel político se continúa buscando la mejor alternativa de cómo seguir.
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Ese hecho trajo consigo una serie de consecuencias que llevaron al diputado nacionalista Pablo Abdala a pedir que se instale una comisión investigadora en la Cámara de Representantes. El legislador asegura que hay irregularidades y abuso de poder desde que comenzó el proyecto hasta los últimos días.
En diálogo con Búsqueda, Abdala explicó los cuatro puntos que a su entender deben ser investigados: la “falta de transparencia” del gobierno, el “abuso” de las autoridades, el “fracaso económico” en Gas Sayago y la posible intervención del ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, para la adjudicación a GNLS (consorcio entre Gas de France y Marubeni).
En su opinión, el proceso que culminó en la adjudicación a GNLS fue “amañado” porque el gobierno de José Mujica “manipuló ese trámite” y “actuó con predeterminación”.
“No era la oferta más conveniente ni económica ni técnicamente ya que desde lo económico era la tercera y desde el punto de vista técnico hay informes de Gas Sayago y UTE que indican que no cumplía con las especificaciones del llamado”, dijo.
A ello se suma, según Abdala, “la conexión Lula” a raíz de “una posible intervención directa de Lula con Mujica para ayudar a que se le adjudicara la obra a la filial brasileña de GNLS que figura oficialmente en el contrato y a la constructora brasileña OAS”.
“No tengo la prueba pero advierto que el contexto que se dio en Uruguay y en Brasil con el Lava Jato ambientan la posibilidad de que haya ocurrido. Por ejemplo, el presidente de OAS tenía una relación casi carnal con Lula y aparecen mensajes del empresario coordinando viajes de Lula a distintos países de la región, entre ellos Uruguay”, dijo el diputado.
El legislador también sospecha del contrato que se firmó ya que el Estado uruguayo extendió dos garantías ilimitadas, según dice. Una es una fianza solidaria de UTE y Ancap y otra una garantía soberana firmada por el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que, según Abdala, es una operación “al estilo Pluna” que “carga todos los riesgos al Estado” y “solo contempla el interés del concesionario”.
En la gestión de Gas Sayago, la empresa de derecho privado que crearon UTE y Ancap, hubo irregularidades, según Abdala. Se fundó en 2011 con dos objetivos: construir la planta regasificadora y hacer todos los estudios del proyecto. Pero para el nacionalista, no cumplió porque “nunca realizó los estudios, a tal punto que en enero pasado encomendó a dos empresas españolas estudios de ingeniería a un costo de U$S 10 millones”.
“La falta de control para evitar lo que ocurrió con OAS también lo veo como un error de las autoridades”, señaló.
En abril de 2015, Marta Jara, la entonces presidenta de Gas Sayago y actual presidenta de Ancap, dijo ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que “no era totalmente transparente” cómo la constructora brasileña llevaba adelante la obra. “Lo cierto es que estamos limitados en cuanto a la intervención en la contratación y en todos los aspectos de gestión del proyecto y sus riesgos”, agregó Jara.
“Entonces, si la empresa que encarga la obra dice resignada que no está en condiciones de controlar es porque efectivamente no controló y eso explica lo que pasó después”, dijo Abdala. Agregó que Gas Sayago gastó entre 2011 y 2014 unos U$S 17 millones, de los cuales U$S 8,5 millones fueron para pagar los salarios de 26 funcionarios.
La pérdida económica es el último punto. Según Abdala hubo daño tanto para el sector privado como para el público. OAS no pagó los trabajos a 380 empresas locales por un total de U$S 23 millones y afectó a barracas, transportistas, imprentas, mutualistas, constructoras, hormigoneras, laboratorios, agencias de viajes, seguros, frigoríficos y telefónicas como Movistar. En el sector público hubo una pérdida superior a U$S 50 millones porque al gasto de funcionamiento se sumaron U$S 140 millones de obras en un gasoducto “que no sirve para nada y la apertura de un canal de acceso que ya está perdido”, dijo el diputado.
“Eso se compensa parcialmente con los U$S 100 millones que el Estado cobró de garantía tras la rescisión del contrato a GNLS pero evidentemente es una aventura que nos ha costado muy cara y que sin dudas debe ser investigada”, opinó Abdala.
