La del miércoles 18, la cuarta interpelación en lo que va de la actual legislatura, será de las más difíciles de sortear para la coalición de gobierno, con muchos condimentos adicionales: el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, retornará por unas horas como titular de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para dar la cara por la extensión de la explotación de la terminal de contenedores a la multinacional belga Katoen Natie, y los reparos a lo actuado por el Poder Ejecutivo vienen desde varios frentes.
“Es una interpelación dura, difícil”, resumió a Búsqueda un senador nacionalista. Preparando el encuentro, los legisladores blancos de la Comisión de Transporte de la cámara alta, Sebastián Da Silva, Jorge Gandini y Sergio Botana, vienen teniendo reuniones con Heber; con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, y con otros asesores del MTOP. En la bancada nacionalista confían en que la extensísima trayectoria legislativa de Heber sea un plus en la interpelación, y además aseguran que los 15 años de gestión frenteamplista también permitirán abrir una “caja de pandora”, que no es conveniente para la oposición porque está “repleta de irregularidades”.
Pero además de los embates de la oposición, el Partido Nacional deberá alinear a sus socios en el Senado, que han manifestado enterarse por sorpresa del acuerdo y tener algunos reparos.
En filas coloradas se busca la aprobación, con la mayor celeridad posible, de un proyecto de ley que incorpore la figura de un ente regulador de operaciones portuarias. Dos legisladores colorados, el senador Ope Pasquet y el diputado Tabaré Viera, se han reunido varias veces con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y principalmente con el prosecretario Rodrigo Ferrés, para avanzar en su concreción y confían en que tarde o temprano el gobierno enviará al Parlamento un avance de la iniciativa legal que les entregaron. “Hay conformidad en términos generales con la idea”, dijo Viera a Búsqueda. A su juicio, si el proyecto de ley está listo antes de la interpelación, “mejor”. De hecho, en filas coloradas entienden que de enviarse una vez pasada la interpelación, se estaría dando a entender que se trata de una concesión que se realiza como consecuencia de esa instancia parlamentaria. La decisión, sin embargo, será “resorte táctico” de la Torre Ejecutiva, explicaron.
La postura de los colorados quedó de manifiesto en una actividad organizada por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) el pasado 29 de julio. En esa oportunidad, Pasquet explicó que el Partido Colorado se había enterado del contrato en el discurso del presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo. “Seguramente si nos hubiesen convocado, algo hubiésemos tenido que decir, pero no es el caso”, puntualizó. Durante el evento, Pasquet afirmó que una vez firmado el contrato, “no hay alternativas para desvincularse jurídicamente”, y advirtió que de incumplirse habría “un juicio internacional por una suma cuantiosa”.
Por eso, sostuvo que los colorados buscan que “ante el hecho consumado, es necesario que esto funcione de la mejor manera para el país”, y eso pasaría porque el Estado tenga una función reguladora, principalmente respecto a las tarifas.
En cambio, en algunos integrantes de la bancada del Partido Nacional el proyecto de los colorados es visto con desconfianza. Los legisladores no han accedido a la iniciativa y algunos son reticentes a introducir modificaciones a la Ley de Puertos, aprobada durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.
La figura del ente regulador tampoco es bien vista en algunos actores portuarios, como el Centro de Navegación. “Hemos estado atentos a las versiones de prensa sobre el tema y nos llamó la atención la contradicción entre esas versiones y la del Directorio de la ANP, que nos ha informado que lo que se crearía sería un ente que regule todos los precios de los privados”, dijo a Búsqueda su presidenta, Mónica Ageitos, que agregó que no se imagina cómo el ente podría “regular fletes internacionales”. A su juicio, esta figura “podría ser perjudicial para la actividad y una mala señal para la inversión extranjera”.
Guillermo Domenech y Raúl Lozano. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Fuera de la “tradición”
En tanto, Cabildo Abierto tampoco ha cerrado filas detrás de Heber. En la actividad del Supra del 29 de julio, el senador Raúl Lozano adelantó que durante la comparecencia del ministro, su partido se “despegará de la tradición”: “Las interpelaciones durante muchos años antes de que empiece se sabe cómo van a salir las votaciones, y nosotros no pensamos que eso sea lo razonable, queremos escuchar las explicaciones y en base a eso actuaremos en consecuencia”. Incluso, fuentes de Cabildo Abierto dijeron a Búsqueda que está dentro de las “posibilidades” no declarar satisfactorias las respuestas de Heber.
En Cabildo Abierto existe una visión crítica sobre la “forma hermética” en que se hizo el acuerdo con la empresa belga, y molestó particularmente que ni siquiera se informara al vicepresidente de la ANP, el cabildante Daniel Loureiro.
También hay dudas respecto a algunos resultados de la negociación. Concretamente, si era necesario extender la concesión por 50 años y si no se termina consagrando un monopolio de hecho. Tampoco queda claro en esa colectividad política, explicaron las fuentes, “de dónde surge el monto astronómico de 1.500 millones de dólares” que se supone iba a ser objeto de la demanda de la empresa belga.
En el partido aún aguardan respuesta por la propuesta entregada por el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, al presidente Luis Lacalle Pou el martes 20 de julio, para que exista un “área de terminales especializadas” en la que puedan coexistir dos operadores (en los hechos, Katoen Natie y Montecon). Según pudo saber Búsqueda, el partido además trabaja en la redacción de un documento complementario al acuerdo con la empresa belga, para reducir el tiempo de la concesión y en el que se establece que si las acciones de Terminal Cuenca del Plata son enajenadas, el Estado tendrá la potestad de autorizar o no su transacción.
En el Partido Nacional se apuesta a que se puedan alinear las diferentes posiciones hoy jueves, cuando se lleve a cabo la primera reunión de coordinación de senadores de la coalición con el Ejecutivo, y en otro encuentro de la bancada de la coalición con Heber el lunes 16, para preparar la interpelación.
Charles Carrera. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“De forma desleal”
En tanto, la bancada opositora hizo público ayer miércoles un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) fechado el 24 de junio de 2008, tras un recurso presentado por Katoen Natie para dejar sin efecto una licitación pública para la explotación de una terminal polivalente en el Puerto de Montevideo de 2003, bajo el argumento de violentar el Plan Maestro, que a juicio de la empresa solo prevé la existencia de una Terminal de Contenedores con grúas pórtico allí. La línea argumental es similar a la que ha utilizado la firma belga para interpretar que la operación que realiza su competidora Montecon en los muelles públicos es ilícita, y a la que ha adherido el gobierno.
En el fallo que hicieron público los senadores opositores, el TCA argumentó que “el Plan Maestro no puede ser como norma reguladora de la situación portuaria” en tanto no constituye norma jurídica “pasible de ser violentada”. Además, se sostiene que la posición de Katoen Natie sobre “cómo deber ser la competencia entre las empresas que operen en el puerto, no se desprende de la normativa que regula la situación” y que, con esa visión de la empresa, “se estaría consagrando un monopolio, sin norma legal que así lo establezca”.
Durante la conferencia, quien será el senador interpelante, Charles Carrera, llamó a todo el “sistema político” a declarar “nulo” el acuerdo, que es “inconstitucional, ilegal e inconveniente”. El senador dijo que o bien Heber “actuó con dolo” al “no solicitar informes jurídicos y políticos”, o negoció con “total negligencia e incompetencia”.
A su vez, Carrera sostuvo que la empresa “no ha actuado con buena fe”, porque cuando fue invitada por los senadores opositores a la Comisión de Transporte, “hizo un racconto de toda la historia desde que llegó al Uruguay, y su abogado, Paul Arrighi, que había representado a TCP en esta demanda, no puso sobre la mesa ese dato”.
La respuesta de la firma belga no se hizo esperar. A través de un comunicado, argumentó que la sentencia fue dictada cuando el Poder Ejecutivo ya había suspendido la licitación y que se realizó por si fuera necesario recurrir la decisión a la vía arbitral internacional. Las empresa observó que en el fallo, el TCA deja “abierta” la vía “para reclamaciones patrimoniales de índole civil”, lo que habría ocurrido “de haber prosperado la licitación”.
En el comunicado Katoen Natie sostiene que es “obvio” que las autoridades nacionales pueden dictar normas en perjuicio de terceros o que violenten sus obligaciones asumidas, pero es igualmente “obvio” que los terceros perjudicados pueden reclamar por los daños que se produzcan. Esto, se sostiene, llevó “a los legisladores a formular comentarios desafortunados, como el de atribuir ‘mala fe’ a la empresa que no habría hecho caudal de este tema meramente procedimental”, mientras que “sugestivamente deja de hacerse comentario alguno sobre las graves irregularidades administrativas denunciadas por sus ejecutivos y asesores”.