Cabildo propone desconocer “un fallo lesivo de nuestra soberanía”

Aunque en el Frente Amplio las opiniones estuvieron divididas, porque un sector recordó que habían pasado dos plebiscitos, ganó la posición de cumplir el fallo. Pero luego el entonces presidente José Mujica, además de poner palos en la rueda, finalmente anunció, sin mayor entusiasmo, que el gobierno “haría lo que pueda” para cumplir la sentencia.

Entre los magistrados, las interpretaciones acerca de la vigencia de los delitos de lesa humanidad son variadas. Algunos se afilian a la doctrina más moderna, según la cual están vigentes desde los juicios de Núremberg de 1945 en adelante, y otros apenas en 2006, cuando Uruguay los incorporó a su normativa nacional, y por lo tanto no rigen hacia atrás.

En todo caso, la propuesta de Cabildo tropezó con fuertes críticas porque pretende regresar a la época de la ley de caducidad y que Uruguay desoiga un tribunal al que se somete con la misma jerarquía que la Constitución.

En su articulado, el proyecto establece que queda derogada la Ley 18.831 y en consecuencia “dejaron de existir todos los efectos que de ella se deriven” porque el derecho penal “ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en la justicia transicional por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos en el sistema”.

Manini Ríos dijo en el Senado que la sentencia de la Corte Interamericana es “lesiva de nuestra soberanía” y aceptar que “se gobierne desde afuera” es de “un cipayismo apátrida”.