Caja de Profesionales descartó “gran reforma” y discutirá “ajustes”

La Cjppu es un organismo de seguridad social paraestatal que englo­ba a los profesionales universitarios. En función de una escala de sueldos fictos, quienes ejercen libremente la profesión aportan una cuota mensual que se reparte por el régimen de solidaridad intergeneracional entre quienes se retiran. Según datos a 2016, la institución tiene 125.000 profesionales registrados pero solo 58.356 aportantes, que financian 10.512 jubilaciones y 4.836 pensiones.

El borrador cambia también la escala de aportes. Aunque se mantienen las 10 categorías de sueldos fictos, se permite a los profesionales detenerse solo en la cuarta categoría (aportando $ 10.440 mensuales). Se habilitarían modalidades especiales para jóvenes con bajos honorarios y la posibilidad de bajar de categoría hasta tres veces en caso de una baja de la carga laboral.

“La solidaridad no hay que verla solamente por el activo que está aportando (para un pasivo) sino también en la importancia de darle la seguridad de que cuando le toque su turno va a poder jubilarse y su retiro va a tener la protección debida. Se buscó que (la Caja) tuviera mayor sostenibilidad y se ajuste a las necesidades de los profesionales, lo que implica recortar lo menos posible pero también darle amparo a los que están aportando”, agregó.

Así se recomienda habilitar un ahorro extra voluntario para los afiliados, se plantea pagar la totalidad del sueldo durante seis meses por subsidio por maternidad (incluyendo casos de adopción), se apunta a subir a 70% la prestación por incapacidad temporal o permanente y se habilita el cobro de pensiones a los concubinos. El borrador incluye aspectos de gestión: topea los sueldos de directores, secretario y presidente, aumenta las sanciones por incompatibilidad de ejercicio profesional y limita la retroactividad de las declaraciones de no ejercicio libre, entre otros puntos.

Déficit operativo.

Aún a la espera de su aprobación formal, Correa informó que el balance a diciembre de 2016 de la Cjppu arroja un déficit operativo del “entorno” de los $ 800 millones. Los ingresos crecieron 8% (alcanzando $ 8.100 millones) con relación al ejercicio anterior y los egresos aumentaron 16% ($ 8.600 millones). Las inversiones de la institución (bursátiles y también en otro tipo de activos como inmobiliarios) permitieron un superávit de $ 36 millones.

“Lo importante es que no se tocaron las reservas. Pero el número de pasividades va a ir incrementándose y no así los aportes. Y entonces ¿qué pasaría en 2017? Eso es lo que se controla por las medidas de junio”, apuntó el presidente saliente de la institución.

A mediados del año pasado se recortó la partida por fin de año, se bajaron los pagos por complementos en gastos de salud (manteniendo un adicional para tickets y medicamentos para los mayores de 75 años) y se eliminó desde este año el 10% adicional en la tasa de reemplazo de forma gradual.

“Al administrar recursos de todo un colectivo, hay que mirar el conjunto. Los que representan un sector miran los intereses de ese sector. Con esas medidas se tocaron intereses. Lo sabemos y por algo la gradualidad, las excepciones. Pero el objetivo era el bienestar común a mediano plazo. En el balance se visualiza la necesidad de haber tomado esas medidas. Pero no alcanza. Atacar los desequilibrios no es darles aspirina, sino atacar sus causas. Por eso el borrador que elaboramos”, dijo Correa.

La quita de esos beneficios generó críticas a la gestión de la Caja que apuntaron a los sueldos de sus gerentes, los montos de adeudos incobrables y la falta de controles de los profesionales que declaran no ejercer libremente. Bajo ese clima, las pasadas elecciones supusieron una renovación del directorio donde ganó la lista 6 (opositora), que bajo el lema Gestión eficiente y transparente es encabezada por Gonzalo Deleón y engloba a médicos del interior, así como a odontólogos y anestesistas.

Correa admitió que pudo haber “una especie de voto castigo” pero afirmó que la probabilidad de cobro de los adeudos fuera de balance “es prácticamente nula” y los índices de morosidad de la institución son “bajos”, “de entre 2% y 3%”. Además, apuntó que las fiscalizaciones “se han incrementado” y que los gastos de administración “fueron de $ 456 millones, lo que es menor que la diferencia entre recaudación y pago de pasividades”.

“No hubo una sola de las cuestiones que se plantearan en las proclamas (electorales) que este directorio no las hubiera contemplado. Tal vez alguien criticaría la intensidad. Pero lo que no percibo es cómo cambiamos la realidad. No encontré en las propuestas a nadie que se planteara el verdadero desafío que es preparar a la Caja para una realidad que es distinta y cambiante. El colectivo de hoy tiene una predominancia femenina, con necesidades diferentes y una forma de actuar distinta porque el relacionamiento laboral en el mundo ha cambiado. Los sistemas de seguridad social tienen que contemplar sus nuevas realidades”, agregó.