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Los seis institutos del sistema previsional uruguayo —el Banco de Previsión Social (BPS), más las cinco cajas especiales, de policías, militares, escribanos, profesionales de otras carreras y bancarios— no son “sustentables en el mediano y largo plazo”. Sobre esa premisa, los delegados de la coalición de gobierno en la comisión de reforma hicieron recomendaciones para todas. En un documento circulado el martes 5 al resto de los integrantes del grupo propusieron que todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo se incorporen en un régimen mixto “con similar diseño” que el que funciona para los aportantes al BPS (es decir, un esquema como el de las AFAP).
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Para el BPS recomiendan la creación de “al menos tres fondos”: uno destinado a financiar jubilaciones y pensiones contributivas, otro a pensiones no contributivas y un tercero para otras prestaciones.
La Caja de Profesionales Universitarios tiene una situación deficitaria “severa e inmediata” y “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”, según el texto.
El oficialismo dentro de la CESS acordó recomendar que se debe requerir a la caja “un nuevo plan de beneficios y financiamiento donde se mejore y mantenga en el tiempo el nivel de solvencia para la institución”.
Además, plantea que se evalúe el impacto que generaría que los aportes a ese instituto paraestatal sean en función de la remuneración del profesional y no con base en sueldos fictos.
Militares y policías
Los sistemas de previsión del personal de las Fuerzas Armadas y el policial tienen “particularidades” que los diferencian del resto del sistema. El documento recomienda mantener “las estructuras administrativas que gestionan” sus prestaciones y “una distinción” entre las normas aplicables al personal combatiente y de comando (en el caso militar) y el personal ejecutivo (en el policial), respecto de los administrativos.
Considera necesario establecer “edades de retiro obligatorio del personal militar” acordes a “una adecuada prestación de las funciones y servicios encomendados” y “equiparar el tratamiento de adicionales al salario”, como el aguinaldo. Hoy la edad promedio de jubilación de estos funcionarios es de 47,6 años.
El oficialismo en el grupo acordó recomendar que se evalúe “la elevación de las edades de retiro obligatorio” entre dos y cinco años según el grado, con una graduación “similar” a la sugerida para el régimen general. Plantean que el retiro obligatorio por edad solo alcance al personal de comando y combatiente y que el resto pase a retiro voluntario cuando configuren causal o cuando lleguen a la edad máxima establecida para los funcionarios públicos.