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Las autoridades de gobierno hacen una valoración positiva de la evolución reciente del mercado laboral: en 2022 hubo creación neta de unos 40.000 puestos de trabajo y proyectan que aumenten en otros 12.000 este año, aun con la economía creciendo menos. Los niveles de empleo informal —no registrado ante la seguridad social— bajaron, al mismo tiempo que empieza a recuperarse el poder adquisitivo perdido durante la pandemia, destacan.
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La interpretación desde el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT es que los datos de 2022 “lejos de mostrar una mejora del empleo exhiben un estancamiento” si se compara el segundo semestre con julio-diciembre de 2021. Y tomando promedios anuales, el salario real bajó 0,6% y se ubicó 3,7% por debajo de la media de 2019, según dos análisis recientes que motivaron un contrapunto con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
Por su lado, dos economistas de la Oficina de Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) analizan en un reciente documento de trabajo cómo se comportó la “calidad del empleo” en Uruguay con una perspectiva de largo plazo —entre 2006 y 2021—, sin llegar hasta el 2022, que motiva ese contrapunto. Su conclusión es que hubo una mejora hasta 2014 y un deterioro posterior, que se profundizó con la pandemia de Covid-19: disminución de la demanda de empleo, aumento de la desocupación y del subempleo, así como la pérdida de poder de compra de los salarios.
Más allá de eso, la investigación de Sebastián Torres y Martín Lavalleja incluye algunas estadísticas de elaboración propia que describen una “heterogeneidad estructural en la calidad del mercado de trabajo” que afecta en particular a las mujeres, a los jóvenes de nivel educativo bajo, a las personas de ascendencia afro y a las que se desempeñan en ciertos sectores de actividad.
Sobre este último aspecto, el análisis señala que la tasa de empleo no registrado bajó de 35% de los ocupados en 2006 a 26,6% en 2012 y se ubicó en 21% en el primer cuatrimestre de 2022. Los consultores de la Cepal subrayan que ese “marcado descenso” del trabajo “en negro”, “lejos de ser una buena noticia, se origina” en la fuerte pérdida de empleo en el sector informal.
Según sus cálculos, en 2021, de una población activa de 1.796.156 personas, el 36% —638.538— eran vulnerables a los problemas de empleo: 167.083 estaban desocupadas, más de 353.230 trabajaban sin cobertura de la seguridad social (informales o “en negro”) y 118.224 eran trabajadores formales que ganaban menos del umbral de suficiencia de ingresos promedio para que su hogar no caiga en la pobreza ($ 20.943 en 2021). Ese ingreso mínimo varía para cada hogar dependiendo de la cantidad de integrantes, cuántos de ellos trabajan y la región de residencia.
Heterogeneidad sectorial
Por sectores, en 2021 la realidad más problemática se daba en la pesca, en donde los informales eran 43%, los subempleados, 11%, los ocupados “pobres” eran 21% y aquellos que trabajaban más de 48 horas semanales alcanzaban a casi un tercio (32%).
En la construcción, el empleo “en negro” era todavía mayor (45%), aunque el sector tenía proporciones menores que la pesca en cuanto a subempleo (15%), ocupados con ingresos por debajo del umbral de pobreza para el hogar (12%) y la carga excesiva de horas semanales (9%).
En el servicio doméstico, en tanto, los informales eran 38%, el subempleo, 19%, los ocupados pobres eran 12% y el trabajo de más de 48 horas semanales, 8%.
El área pública era la que presentaba los mejores indicadores de calidad laboral, con prácticamente nula informalidad (1%) y muy bajo subempleo (4%) y ocupados pobres (2%). El 15% de los ocupados de este sector —“administración pública y defensa, planes de seguridad social”— tenía una sobrecarga horaria.
Después de exponer estos y otros datos, en sus comentarios finales los autores plantean que las políticas de desarrollo productivo y las de empleo destinadas a promover la generación de puestos “de calidad deberían estar orientadas hacia las cadenas de valor existentes (donde el país tiene ventajas de dotación) y hacia la creación de nuevas cadenas y roles donde se pueden generar ventajas nuevas competitivas”.
También creen “necesario continuar el desarrollo de organizaciones, leyes, regulaciones y capacidades humanas para aseguramiento de calidad, seguridad, ambiente, normas sanitarias, condiciones laborales, estándares, testeos, certificación y acreditación”.
