Calidad y honestidad en riesgo

Pero cuando las observaciones provienen del análisis de un especialista es inevitable no prestarle atención: los cursos universitarios y la calidad y honestidad judicial están en riesgo.

A mediados de los años 90 “un prestigioso profesor” de derecho civil decía sin pudor a sus estudiantes: “Si aprenden el Código de memoria, conmigo no pierden el examen”, recuerda Sarlo al objetar la mnemotecnia en lugar del razonamiento crítico.

La Universidad emite señales erradas y un “espejismo muy atractivo” (baja exigencia, liberalidad en las reglas, posibilidad de fraude), lo que alienta a masivas inscripciones. Exhibe a los estudiantes un derecho irreal sin darles “herramientas críticas para que lo descubran (…); en ninguna parte del mundo podrían obtener un ‘doctorado’ en esas condiciones”, advierte.

Así egresan abogados que observarán con dificultad los problemas de su profesión y de sus clientes y, con una perspectiva más amplia, no estarán “preparados para asesorar en la modernización de áreas específicas como el Parlamento o el Sistema Judicial, custodio final de la seguridad jurídica y todos nuestros derechos”.

Como hemos señalado en esta misma columna, esa deformación se traslada al sistema judicial. Los abogados que pretendan ser jueces o fiscales cursan en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU) que la Suprema Corte de Justicia dicta como posgrado. Pero reitera el modelo. No se prioriza la argumentación ni la prudencia, sino que conduce, casi exclusivamente, a repetir como loros soluciones de autores. No se obliga a los estudiantes a analizar, con expedientes en la mano, si lo expresado por esos autores es sustentable. Como en la Universidad, se acentúa memorísticamente la doctrina pese a que los jueces deben examinar los hechos invocados en la demanda, relevando los que resulten probados y descartando los que no lo estén, distinguiendo lo bueno de lo malo. Con argumentos, no mecánicamente.

El CEJU padece además de un grave error institucional: cumple con una función educativa y es, al mismo tiempo, la puerta de ingreso a la carrera judicial “de una manera poco transparente”.

Y explica Sarlo: “Adviértanse las implicancias de esta mezcolanza institucional: quienes debieran aprender (que implica cambiar concepciones débiles o erróneas), están en cambio preocupados por ‘hacer buena letra’ porque saben que sus trabajos y respuestas están siendo evaluados para obtener una plaza de trabajo” sin concursar.

La reducción en 2011 de las exigencias de ingreso al CEJU (menor escolaridad y rebaja en 75% de los temas a estudiar para la prueba) fue para captar más interesados. Se inscribieron 91 y apenas aprobaron 15. Además de la Corte y delegados de los magistrados, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y la Universidad también integran el CEJU.

Como acaba de advertir el sindicato de profesores de secundaria: “bajar el nivel es estafar a los estudiantes”.

Este panorama conduce al Poder Judicial a un “círculo perverso” que “terminará afectando no solo la calidad, sino la honestidad de la magistratura. A los preocupantes casos de corrupción conocidos —que desnudaron falta de controles y la discrecionalidad con que se manejan los jueces— (*) se suman denuncias de autoritarismo y la arbitrariedad, inclusive dentro de la propia escuela judicial”.

Al asumir el nuevo ministro de la Corte, Julio César Chalar, encendió una luz: “Emprenderé toda acción que sea útil al objetivo de la mejor capacitación de los jueces al más alto estándar posible”.

Sarlo destaca que los países con alta calidad institucional se caracterizan por la formación de operadores jurídicos. La enseñanza se concibe en consonancia con los requerimientos del sistema institucional, en especial el sistema judicial que debe ser el centro neurálgico del mismo.

Eso no ocurre en Uruguay.

(*) Por casos de corrupción fueron procesados en 2009 el juez de Rivera Mijail Rotas y la ministra Anabella Damasco. En 2012 fue procesado el juez Luis Telesca. Otros magistrados fueron sancionados por graves errores. En 2010 la jueza Amalis Martínez fue destituida por actuar en forma “omisiva y negligente” y causar “perjuicios para el interés público y descrédito para la Administración de Justicia” lo que “posibilitó la apropiación por determinadas personas de una extensa zona costera” de Rocha. Martínez está concursando para un cargo de fiscal adscripto, según la página web del Ministerio Público