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El elevado “costo país” es una queja que comúnmente realizan los empresarios asociada a lo pesado que resulta producir en Uruguay en términos de salarios o impuestos en comparación con el exterior. También al exceso de regulación, trabas y trámites burocráticos exigidos por distintas oficinas del Estado a la hora de hacer negocios que, a menudo, terminan afectando la formación de precios y la competitividad.
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“Hay mucho para seguir trabajandor en facilitación y desburocratización, y entender cómo funcionamos en la interna, porque al final del día eso termina afectando la formación de precios”, dijo a Búsqueda la jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Ana Laura Fernández.
Esa gremial acaba de lanzar una herramienta digital para mejorar la gestión y el desarrollo de la actividad del sector privado. “Es un formulario simple, al estilo de ‘denuncia tu burocracia’, siguiendo el ejemplo de otros países”, contó. Cualquier empresa puede completarlo en línea, para detallar aquellos trámites o regulaciones que consideran un obstáculo o significan un costo o control innecesario para su actividad.
El fin de la CCSU es “embanderarse” con la “facilitación” de los negocios y que la nueva heramienta llegue a todo el país.
Para Fernández, transmitir la “sumatoria” de trámites y temas que son un “perjuicio” y una “pérdida de tiempo y de costos” para el sector privado permite “concientizar del otro lado” del mostrador el peso que tiene la burocracia. “Si nos facilitan en algo desde el punto de vista burocrático, ganamos costos y optimizamos nuestra actividad”, añadió Mario Montemuiño, director y presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la gremial.
“A mitad de camino”
Para Montemuiño, la actividad comercial y de servicios está “muy regulada”, y evaluó que en materia de facilitación el país está “a mitad de camino” en relación con otros.
Destacó que Uruguay es “confiable y el gobierno protege a aquellos que hacen las cosas bien”. “Pero somos un país caro porque hay una sumatoria de infinitos rubros y acciones que tenemos a priori para desarrollar una actividad cuando el control real y efectivo debiera ser a posteriori. En algunos lugares nos falta aplicar sanciones o determinarlas para aquel que no actúa correctamente”, añadió. “Hay que salir a controlar y controlar bien, no para poner un tic en la planilla. Y (controlar) sin pasarse de la raya, porque a veces se controla de tal manera que aquel que hace bien las cosas —que es el controlable— termina siendo castigado y cuando mira para el costado ve cómo otro que le hace la competencia desleal pasa de largo”, indicó.
Fernández complementó que la carga de trámites y el costo de la burocracia para las empresas “salta más a la vista” cuando el nivel de actividad comienza a contraerse, como está sucediendo para lel litoral del país ante la brecha cambiaria con Argentina y el traslado del consumo hacia allí. “Cuando el estrés económico es alto, en esos sectores altamente regulados”, la “válvula de escape es el informalismo”, advirtió.
Avances y retrocesos
Fernández y Montemuiño enumeraron algunos logros y retrocesos que se dieron recientemente.
Mencionaron, por ejemplo, la dificultad y la “molestia” que provoca el trámite de “certificado negativo” exigido para la importación de determinados productos (alimentos, cosméticos, fitosanitarios, bolsas plásticas, electrodomésticos, etcétera). En general, las reglamentaciones solicitan contar con ese certificado por la negativa cuando no corresponde que los bienes sean analizados, controlados o autorizados por determinado organismo, como los ministerios de Salud Pública, de Ambiente o de Ganadería, o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.
Montemuiño señaló que ese trámite se está pidiendo “cada vez más” por parte de los distintos organismos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). “La VUCE es un canal moderno y muy bueno para facilitar, que acerca al público y a las empresas de manera muy positiva. El tema es cuando desde el Estado ven que se pueden agregar controles adicionales a cosas que antes no controlaban. Hay que tener cuidado con el entusiasmo (de pedir documentación) y que no haya un control exasperado”, reclamó.
En otro orden, destacaron como una mejora lograda el año pasado la eliminación de la verificación física obligatoria (“canal rojo”) para las importaciones de calzados de cuero. Entienden que eso va en dirección de eliminar “legados proteccionistas”.
Pero sobre las licencias de importación de textiles siguen algunas limitaciones. “Contra esas cosas uno puede golpear, pero a veces se encuentra con una pared”, se lamentó Fernández.
En el rubro de alimentos importados, destacó la reciente reducción de la tasa de intervención que cobra el Latu, pero indicó que en materia de solicitud de información para el control y el análisis de riesgo de los productos hay “reticencia a cambiar”.