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Se han convertido en tendencia de las redes sociales, las burlas sobre el apoyo recibido por la política económica uruguaya por parte del jefe de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional Alejandro Werner.
El funcionario destacó el ajuste realizado por el gobierno uruguayo señalando: “El plan de consolidación fiscal del gobierno creemos que es el camino a seguir, una consolidación gradual pero sostenida en la parte fiscal, continuar con la lucha para bajar la inflación a los niveles que habíamos visto en promedio en los últimos 10 años”.
La burla de algunos interlocutores tiene sentido si uno recuerda la prédica del Frente Amplio desde sus orígenes, que proclamaba a todos los vientos su voluntad de romper con el FMI y ahora vive un intenso romance con él. Algunas pancartas y banderas deberán ser escondidas a partir de ahora. Bien escondidas.
Sin embargo, para alguien que como en mi caso ocupó un cargo en el Directorio del FMI (entre 1988 y 1990) en representación de media América Latina, las afirmaciones de Werner promueven dos sensaciones diferentes: beneplácito y sorpresa.
Beneplácito porque le hace bien al Uruguay que un funcionario de esta jerarquía haga ese tipo de afirmaciones. Apuntala el crédito uruguayo y la visión que los inversionistas pueden tener sobre nuestro país.
Sorpresa porque o bien el FMI ha cambiado mucho sus criterios de evaluación, o el Sr. Werner no conoce con suficiente rigor el caso uruguayo.
Sin duda que el ajuste promovido por el gobierno de Tabaré Vázquez era necesario, y esa es una de las medidas típicas aconsejadas por el FMI para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. Así que el ajuste, llamado eufemísticamente “plan de consolidación fiscal”, era previsible que contara con el apoyo del funcionario.
Pero el problema es la calidad del mismo. Y sobre eso el FMI también ponía mucho énfasis. Puede ser que haya cambiado su actitud luego de algunos fracasos y pérdida de prestigio que ha tenido este organismo en los últimos 15 años. Pero también es probable que los funcionarios y asesores del Fondo no hayan profundizado en algunos aspectos críticos de dicho ajuste.
El “plan de consolidación fiscal” se basa fundamentalmente en un aumento de los tributos y de las tarifas públicas. Uruguay tenía ya , antes de estas modificaciones, uno de los niveles más altos de presión fiscal de América Latina. Solo Argentina y Brasil estaban por encima.
Así que el ajuste más adecuado no debería haberse concentrado en los ingresos del Estado, pues eso contribuye a aumentar aún más la presión tributaria, sino en el gasto público. Sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos diez años aumentó en 61.879 el número de funcionarios del Estado. Es decir que hubo un crecimiento del 27% de la plantilla laboral en el sector público, lo cual explica el 1,7% del déficit fiscal en la actualidad, que es de 4%.
Dicho de otra manera, más del 40% del déficit fiscal que hoy tiene el gobierno se explica por el incremento de funcionarios que se produjo en el Estado, a todas luces innecesario y que no representó ningún aumento ni en la eficiencia ni en la productividad. Es resultado del clientelismo. Lisa y llanamente.
Asimismo, buena parte del déficit fiscal fue consecuencia de la pésima gestión de las empresas públicas (Ancap es el ejemplo paradigmático) y algunas aventuras empresariales emprendidas por el Estado o avaladas por este, que han arrojado resultados calamitosos abultando pérdida tras pérdida a las ya dañadas arcas públicas.
Con todo lo que hay para corregir y “consolidar” del lado del gasto, no parece que el ajuste más adecuado debiera provenir del lado de los ingresos sino de los egresos.
Por eso las declaraciones de Werner nos causan sorpresa.
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