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Los llamados a prospección de hidrocarburos (Ancap) y los dragados en el Plata (Martín García), han motivado la reforma y contrarreforma de leyes varias, a fin de dar satisfacción a reclamos laborales especialmente, sobre el personal afectado a dichas operaciones o por lo menos, a la aspiración de los trabajadores del mar de participar en ellas.
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Un nuevo proyecto de ley que pretende dar solución a las movilizaciones fue aprobado en Diputados a fines del 2012, y se encuentra a consideración de la Comisión del Senado.
Ya se han conocido algunas objeciones en la redacción del mismo, por el alcance de los términos empleados.
El proyecto tiene un artículo único que sustituye al art. 154 de la Ley N° 17.556, que a su vez había modificado a otra ley que había a su vez modificado a una anterior, y otras más que llegan hasta la propia Ley de Cabotaje, sustituyendo a lo sustituido sin pausa.
De lo anterior se puede deducir, que múltiples organismos intervienen en las cuestiones relativas a actividades en aguas de la República, sin coordinación entre unos y otros, sin directivas únicas de una conducción apropiada, y la ausencia largamente reclamada de una única oficina u organismo nacional que tenga la dirección de todas las actividades que pueden desarrollarse en aguas nacionales, lecho y subsuelo de las mismas, y la plataforma continental.
Tan es así que ni siquiera existe un único criterio de cómo definir las aguas nacionales, y el proyecto presente las define como aguas territoriales y jurisdiccionales.
Un criterio es considerar como soberanas y jurisdiccionales las aguas de la República, pero territoriales no aparece en ninguna Convención o similar de carácter internacional o nacional. Es de suponer que quiere referir al mar territorial, pero este es solo parte de la soberanía y jurisdicción nacional y estaría comprendido sin necesidad de mención aparte.
La expresión off shore, que se ha considerado, tampoco es aplicable a lo que se desea regular, su traducción es “alejada de la costa”, pero esto no significa que sea o no de la jurisdicción o soberanía nacional.
Finalmente, el proyecto, pretendiendo dar una solución a la participación de tripulantes nacionales, después de modificar lo antes establecido del 90% de tripulantes nacionales en buques de bandera nacional, establece que aún pueden considerarse otras variaciones en el porcentaje “mediante el acuerdo entre la organización más representativa de los trabajadores de la rama de la actividad y la empresa adjudicataria (la que gana la licitación), podrán pactarse distintas cantidades de ciudadanos naturales o legales uruguayos que las dispuestas en el inciso precedente”.
“La validez de lo acordado debe ser ratificada ante la Dirección del MTSS, so pena de nulidad. En tales circunstancias la adjudicataria podrá mantener su bandera de origen”.
O sea, que lo establecido por ley nacional, pude ser variado por acuerdo sindical y patronal.
Figura que presenta carácter de legislación populista, donde el poder del Estado cede sus potestades a la voluntad de dirigentes sindicales de mayorías, dejando de lado minorías, trabajadores independientes o sin sindicalización, lo que no es posible entender cómo se ajusta a lo constitucional el proyecto.
En resumen, la ausencia de un organismo que atienda las actividades a desarrollar en aguas de la República, con fines exploratorios, de explotación, de transporte, de pesca, actividades náuticas, etc., da lugar a la confusión y descoordinación por tantos organismos intervinientes, que impiden una política conducida por una única directiva emanada del Poder Ejecutivo, con resultado a una colcha de retazos, de idas y venidas, donde lo más irregular es la entrega de potestades legislativas, a la voluntad de dirigencias de supuestas mayorías agrupadas, negociando directamente, más allá de una ley, con autoridades empresariales, quizás, hasta extranjeras.
Un precedente especialmente grave y preocupante.
Un proyecto para el mejor olvido y mejor papelera.
A mal manejo y descoordinación, al desorden y poca atención a las disposiciones marítimas nacionales, e internacionales, dejan esta posibilidad, de conseguir un escape hacia una solución mediante pasar el problema a otros, que al darles participación directa, les deja satisfechos y se evitan problemas que entorpezcan las actividades que planearon cada uno por su lado, independientemente, desde una visión e interés absolutamente particulares.
