Las representaciones diplomáticas de Uruguay en Nueva York, Washington, Bruselas, Viena y Ginebra han tenido trabajo extra en las últimas semanas. Es que en conjunto con la Junta Nacional de Drogas, la Cancillería lanzó una ofensiva para defender la posición del país en el tema drogas y, si es posible, impulsar cambios en la estrategia “prohibicionista” que domina la política internacional.
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El debate internacional sobre drogas tendrá uno de los mojones más importantes en abril, cuando las Naciones Unidas dedique una sesión especial (Ungass 2016) para discutir el tema. Y en ese marco, la aprobación de la ley que regula el mercado de marihuana hizo de Uruguay “un actor clave en la continuidad de la campaña para reafirmar la necesidad de cambiar la visión del tema drogas”, según un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores al que accedió Búsqueda.
A pocos meses de que se lleve a cabo la sesión especial, la diplomacia uruguaya trabaja en varios frentes con el objetivo de incidir en el debate. Uruguay aprovechará que ocupa la presidencia pro témpore del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para organizar un panel sobre drogas en Viena, Austria, donde se está dando la “primera batalla” de Ungass, explicaron los informantes. Además, prevé encabezar otra instancia similar el día que comience la reunión de Naciones Unidas en Nueva York.
La defensa.
La sanción de la ley de marihuana en diciembre del 2013 supuso un dolor de cabeza para la Cancillería. Los organismos de Naciones Unidas que regulan el tema plantearon a las representaciones diplomáticas uruguayas en Viena y Nueva York, Estados Unidos, sus dudas sobre la legitimidad de la medida. Incluso, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un órgano independiente de la ONU, criticó la norma legal en su informe de ese año.
La ley habilita los usos recreativo y medicinal del cannabis. Para el consumo recreativo se establecen tres vías excluyentes entre sí: el autocultivo, los clubes de cultivadores y la venta en farmacias. La tercera, que abarcaría a la mayoría de los usuarios, todavía no empezó a funcionar.
“Preocupan a la JIFE algunas iniciativas que tienen por objeto legalizar el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos. Esas iniciativas, de seguir adelante, pondrían en grave peligro la salud pública y el bienestar de la sociedad”, advirtió el presidente de la Junta, Raymond Yans, en el prefacio del informe 2013. “La JIFE confía en mantener un diálogo permanente con todos los países incluidos aquellos en que se están llevando a la práctica tan desafortunadas iniciativas, a fin de garantizar la plena aplicación de los tratados”.
Las críticas se reiteraron al año siguiente y, ante cada instancia, el gobierno uruguayo anunció que no daría marcha atrás porque perseguía un cambio en el enfoque prohibicionista sobre drogas. En una entrevista con Búsqueda después de asumir, en marzo de 2015, el cargo de secretario general de la JND, Milton Romani explicó que “Uruguay no es la mosca negra de la comunidad internacional, al contrario, es un ejemplo”, y que la regulación del cannabis debería ser una “causa nacional”.
“Uruguay va a defender el derecho soberano que le asiste de definir sus políticas propias. Va a defender, a su vez, la necesidad de que la comunidad internacional tenga unidad de acción frente a un problema transnacional que es grave, pero que admita, como hoy en día la OEA (Organización de Estados Americanos) comenzó a admitir, la diversidad”, añadió.
Desde entonces Romani trabaja con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería para coordinar la defensa de Uruguay a nivel internacional. En el equipo también trabaja el ex secretario general de la JND Julio Calzada, uno de los principales impulsores de la ley de marihuana.
En Viena se está dando la “primera batalla” porque es allí donde se intenta acordar un documento para presentar al plenario de la ONU, explicó Romani a Búsqueda. Uruguay, junto a Colombia, Guatemala, México y Ecuador trabajan para que el documento incluya aspectos que superen la mirada prohibicionista. Esa postura pretende que se dé lugar “a nuevos enfoques” como el uruguayo, dijo Romani.
Romani sostuvo que Uruguay ya logró “una victoria” en esa área, porque la ONU encomendó al alto comisionado en Derechos Humanos que presente un documento para la sesión especial, algo inusual cuando se discute sobre drogas en ese ámbito.
Para incidir en la discusión en Viena, Uruguay aprovechará la presidencia pro témpore del Mercosur y Unasur para organizar un evento titulado “convergencias para una política regional de drogas integral y sustentable”. La actividad estará dirigido “a representantes de Estados, organismos multilaterales y sociedad civil que participen”, en marzo, en la próxima Convención de Estupefacientes de la ONU, según la Cancillería.
En el documento que explica la importancia de realizar el evento, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que “la región suramericana, una de las más afectadas por el fenómeno del problema mundial de las drogas, ha dado en sus diferentes organismos regionales un intenso debate durante todo el período previo a la realización de Ungass 2016”. Al respecto, recuerda el texto, Unasur aprobó una resolución en la que afirma que sus países miembros consideran que los derechos humanos son un “elemento transversal a todas las políticas de drogas”.
“Respeto” internacional.
Pero la actividad más importante que organizará Uruguay tendrá lugar en Nueva York, en paralelo al inicio de las sesiones de Ungass 2016. El evento contará con apoyo financiero y logístico de la organización Friedrich Ebert Stiftung.
La Cancillería y sus representaciones diplomáticas en Washington (ante la Organización de Estados Americano), Bruselas (ante la Unión Europea), Nueva York (ante Naciones Unidas), Viena y Ginebra, trabajan para conseguir el mayor respaldo posible para el evento.
Aunque a nivel diplomático saben que eso no será fácil. Uruguay pretende que la convocatoria incluya “la participación de países de todas las zonas geográficas”, dice un informe del Ministerio. Sin embargo, agrega que “es probable que respondan afirmativamente a la iniciativa algunos países latinoamericanos y europeos. Para atraer la atención de zonas del mundo donde la visión de drogas y derechos es todavía lejana, se podría contactar a representantes de organizaciones no gubernamentales”.
Es difícil encontrar países asiáticos que apoyen políticas sobre drogas que no sean “prohibicionistas”, explicó a Búsqueda una fuente que trabaja en el tema.
El objetivo del debate, según el Ministerio, es “continuar la campaña de promoción de la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en el debate sobre el problema mundial de las drogas, dado que los hechos han demostrado que las políticas nacionales de tratamiento de las drogas tienen un impacto directo en el disfrute de los derechos humanos individuales, especialmente el derecho a la salud”.
La Cancillería considera que “Uruguay ha sido protagonista en la comunidad internacional; ha promovido desde 2008 la integración del derecho internacional de derechos humanos con el sistema internacional de fiscalización y ha manifestado la necesidad de abrir un debate franco, que supere el enfoque moralista y dogmático, que no admite revisiones”.
Por su decisión de “avanzar en la regulación del mercado de cannabis”, dice el Ministerio, el país “es un foco de atención internacional”. Esa política “genera respeto, expectativa y seguimiento científico, social y político”, añade.
El gobierno tiene claro que la discusión en Naciones Unidas será difícil. Hay muchos países que mantienen el enfoque “prohibicionista” y que tendrán una “retórica muy dura”, señaló Romani.
Uruguay no espera que el organismo multilateral dé un apoyo explícito a su estrategia sobre drogas, aunque sí que exista cierta apertura. Las convenciones internacionales que regulan el mercado de drogas, según el jerarca, “tienen la suficiente amplitud como para permitir que los estados innoven”. Además recordó que varios estados de Estados Unidos han seguido caminos de apertura con respecto a la marihuana y eso ayudará al bloque que busca cambios.