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“El sector productivo no soporta un impuesto más ni un costo más. Recuérdenlo en la próxima Rendición de Cuentas”, dijo el presidente de la Unión de Exportadores, Alejandro Bzurovski, al disertar la semana pasada en un evento con motivo del Día de la Exportación, al que habían asistido algunos jerarcas del gobierno.
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Esa es una demanda compartida por amplios sectores del empresariado, ya sea el representado por las cámaras y organizaciones tradicionales como el menos orgánico movimiento Un solo Uruguay. De hecho, la preocupación por el alto “costo país” y el reclamo de bajarlo sobresalen año a año en la Encuesta de Evaluación y Expectativas Empresariales que hace Búsqueda cada diciembre.
Un reciente estudio hecho para la oficina de Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) le pone números a la carga tributaria que soporta la cadena exportadora uruguaya. Considerando que entre 2012 y 2016 los envíos fueron por US$ 9.400 millones anuales, en promedio, lo que pagaron en impuestos y otros gravámenes internos fueron unos US$ 460 millones al año, es decir, 4,9% del total de las exportaciones. A su vez, en relación con el valor agregado nacional contenido en las ventas al exterior, la carga significó 7%, aunque la situación no es homogénea por sectores.
Los consultores —Martín Brun y Álvaro Lalanne— estimaron que cerca del 30% de esos tributos recayeron directamente en las empresas exportadoras, mientras que más de la mitad pesó sobre los productores en la primera fase de la cadena y el 14% restante lo hizo en los productores de los encadenamientos de mayor orden.
Los gravámenes incluidos en su cálculo fueron de tres categorías. Por un lado, los que gravan los productos: IVA; aranceles y otros tributos sobre los insumos importados, y detracciones (al cuero sin procesar, la lana, la pesca y el fondo de inspección sanitaria en la carne y de indemnizaciones del Ministerio de Ganadería). Por otro, aquellos que recaen sobre la producción: Contribución Inmobiliaria, patente de rodados, Impuesto al Patrimonio de las personas jurídicas, Impuesto de Primaria e IVA no deducible. Finalmente, los que gravan la renta (IRAE e Imeba). Los impuestos a la ganancia empresarial explican 40% de la carga tributaria, mientras que los gravámenes a la producción son 35% y los que recaen sobre los productos el otro 25%.
La “ganadería” (animales en pie y lana sucia) paga algo más del 11% del total de sus ingresos por exportaciones en impuestos; es la que más carga soporta. La carne y los minerales no metálicos tienen gravados casi 9% de sus ingresos por envíos al exterior, y es poco más de 7% en la madera. En el extremo opuesto, las cadenas de plástico, caucho y de estos productos en formas primarias, así como el concentrado de bebidas, están gravadas con menos de 2% de sus ingresos por exportaciones.
Una estimación complementaria incorporó los aportes a la seguridad social, que si bien no se los considera tributos son erogaciones obligatorias para las empresas; significan 1,6% de lo exportado por el conjunto de los sectores. Eso eleva a 6,6% la carga total.
Apoyos
En otro capítulo, el estudio analizó los instrumentos de apoyo al sector exportador. El más utilizado son los reintegros de tributos internos —en la forma de créditos fiscales para pagar obligaciones impositivas— acumulados a lo largo de las cadenas. En promedio, representan 2,1% de las exportaciones, y se componen de 1,8% de devolución de tributos y 0,3% de subsidio automotriz.
Los economistas contrastaron esos apoyos con los impuestos sobre la producción y sobre los productos acumulados a lo largo de la cadena (dejando de lado del análisis los impuestos a la rentas, que por su naturaleza no pueden ser devueltos). A nivel general, mientras dichos gravámenes sumados significaron 2,9% de las exportaciones, los apoyos fueron 2,1%. Pero, por sectores, la mayoría percibe beneficios iguales o superiores a sus cargas tributarias.
A modo de síntesis, señalan que una variedad de factores opera sobre la carga tributaria. “Por un lado, hay definiciones de política comercial que fomentan algunas exportaciones y penalizan otras. En conjunto con esto, hay interacciones entre lo público y lo privado, sobre todo en algunas cadenas agroexportadoras, que determinan cofinanciamientos de servicios que adoptan la forma de tributos obligatorios. Otro factor relevante, relacionado con el anterior, es el grado de utilización de recursos naturales, en particular la tierra. En algunos tributos también operan cuestiones coyunturales de rentabilidad sectorial. (...) El régimen de zonas francas también juega un rol relevante”; las producciones que contienen algún eslabón de la cadena (o alguna empresa) en uno de esos enclaves contienen menos gravámenes a los productos y a la renta, sostienen.
