Esta expresión de solidaridad con todos los jueces del país, y, en particular, con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al decir del maestro Couture en sus magistrales “Mandamientos del Abogado”, tienen la honra de desempeñar su profesión como jueces, “en la más excelsa de las profesiones humanas”, no la formulamos en un arranque de pasión ni como fruto de una improvisación poco meditada, sino con profunda convicción y en cumplimiento de nuestro deber ineludible de defender los referidos principios básicos de nuestra Constitución y a nuestro declinante Estado de derecho.
Esta manifestación categórica de respaldo sin fisuras a todos los jueces del país, la realizamos ante la reiteración de censurables hechos públicos y notorios que han configurado intentos evidentes de coaccionar a distintos magistrados y, sobre todo, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, sobre quienes ha recaído el peso de soportar con gallardía las desembozadas y reiteradas presiones de dichos grupúsculos violentos y radicales, así como de miembros del Poder Ejecutivo, dirigidas, en este último caso, a impedir sin éxito el control de la constitucionalidad de las leyes, pues los ministros de la Suprema Corte lo han seguido ejerciendo, en el error o en el acierto —en cumplimiento de su deber ineludible de ejercer la competencia “originaria y exclusiva” que les comete el artículo 257 de la Carta en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes.
Para que no se crea que exageramos, recordaremos ciertos hechos que han marcado una escalada de presiones al máximo órgano del Poder Judicial.
En primer lugar, cuando la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de tres votos contra dos, declaró inconstitucionales los preceptos que gravaban con el IRPF a los pasivos, un prominente senador del MPP amenazó al Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi —a la sazón ministro de la Suprema Corte—, con promoverle un juicio político inviable del que tuvo que desistir.
Y ya más cerca en el tiempo, cuando la Suprema Corte, en su integración actual y por cuatro votos en cinco, declaró inconstitucional la Ley Nº 18.831, que anuló la Ley de Caducidad, arrasando así retroactivamente los efectos de una ley penal, un diputado del MPP también proclamó en un acto partidario que los ministros de la Suprema Corte debían ser sometidos a juicio político. Tal dislate, por supuesto, no prosperó.
Pero luego, por igual causa, sucedió algo muchísimo más grave. Los ministros Almagro y Ehrlich, junto al secretario de la Presidencia de la República, Dr. Homero Guerrero, solicitaron una audiencia al Presidente de la Suprema Corte, Dr. Ruibal, quien se las concedió y los recibió acompañado por los otros cuatro ministros. Tomó la palabra el canciller Almagro para transmitirles la preocupación del gobierno por el dictado de la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad de la ley anulatoria de la Ley de Caducidad, debido a que, a juicio del gobierno —opinable por cierto—, la ley declarada inconstitucional contrariaba tratados y principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por cuya causa dicha sentencia comprometía la responsabilidad patrimonial del país, el que podía por ello, ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenados al pago de una indemnización pecuniaria.
Es claro que, en lugar de ejercer tan burda e inadmisible presión sobre la Suprema Corte, el gobierno no debió impulsar la sanción de dicha ley inconstitucional.
En otro orden de cosas, en febrero pasado sucedió un hecho gravísimo y sin precedentes. Ante el traslado de la jueza Dra. Mota de una sede penal a otra civil, que fue dispuesto por la Suprema Corte en ejercicio de la atribución que en tal sentido le asigna el art 89 de la Ley Orgánica de la Judicatura, el día en que debía verificarse dicho traslado, así como el de otros nueve jueces, el Palacio Piria fue ocupado por una turba vociferante que coreaba a voz en cuello esta consigna agraviante: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura judicial”.
Tres horas duró la ocupación de la Corte, durante las cuales sus cinco ministros debieron encerrarse en su Sala de Acuerdos, por razones obvias. Y el violento tumulto recién concluyó cuando efectivos policiales, con gran esfuerzo y mucha paciencia, lograron desalojar el edificio.
Lo que comentamos, nos hace recordar tiempos aciagos, de la “predictadura”, cuando grupos violentos e inescrupulosos, intentaban presionar a jueces y fiscales secuestrándolos, como lo hicieron con el juez Pereira Manelli y con el Fiscal de Corte, Dr. Guido Berro Oribe.
La Suprema Corte, como no podía ser de otro modo, formuló la correspondiente denuncia penal, a raíz de cuya tramitación el fiscal actuante, Dr. Eduardo Zubía, ha pedido el procesamiento de siete de los participantes de la asonada —debidamente identificados por grabaciones televisivas— por el delito de atentado.
Ante ello, varias de esas personas, así como sus abogados defensores, además de tildar de “disparate” lo actuado por el fiscal, pretendieron descalificarlo acusándolo de actuar por revanchismo político, en razón de ser hijo de un General que era Jefe de Región cuando se dio el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Como si los hijos fueran responsables de lo actuado por sus padres.
Por otra parte, es evidente que así se presiona a la juez actuante, la Dra. Merialdo, quien debe o no procesar a las siete personas en cuestión.
Por último, habiendo demostrado la Suprema Corte de Justicia que no se doblega ante las presiones, vengan de donde vengan, ha surgido la idea de quitarle a la misma su competencia en materia de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, lo que requeriría crear otro órgano cuya integración y forma de elección permanecen en la nebulosa. La iniciativa es inviable, ya que obligaría a reformar la Constitución.
Pero revela hasta qué extremo molesta al partido de gobierno la existencia de una Suprema Corte que cumple a rajatabla con su obligación de declarar inconstitucionales las leyes que lo son.
En definitiva, pues, los ciudadanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de seguir defendiendo la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, sin cuyo respeto no hay democracia ni Estado de derecho.
Dr. Luis A. Torello, Dr. Milton Cairoli, Dr. Eduardo Lombardi, Esc. J. Antonio Prunell, Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, Félix Pittier, Dr. Gastón Chavez, Dr. Daniel H. Martins, Dr. Edison González Lapeyre, Emb. Julio A. Lacarte Muró, Dr. Nepomuceno Raúl Iturria, Dr. Amadeo Ottati Folle, R. Forestier Pose, Ing. Fernando Sardina Viñuela, Dr. Augusto Durán Martínez, Dr. Guillermo Imhof, Dr. Leonardo Guzmán, Dr. Didier Opertti, Dr. Juan Pablo Catarville Peluffo, Dr. Miguel A. Semino, Dr. Fernando Aguirre Ramírez, Dra. Cecilia Fresnedo de Aguirre, Dr. Antonio Mercader, Dr. Francisco Etcheverry, Dr. Eduardo Mezzera, Dr. Ruben Correa Freitas, Cr. Luis García Troise, Alphonse E. Max, Dr. A. M. Scelza, Gerardo Arias, Héctor Soto Galagorri, Gonzalo Dupont Abó, Dr. Juan J. Pol Deus, Dr. José Luis Bruno, Eduardo Rocca Couture, Dr. Mario Nin Pomoli, Dr. Jorge F. Egozcué, Ing. A. Ruiz Mascaró, Dr. Jorge Tálice, Dr. Felipe Brussoni, Ernesto Berro Hontou, Malcolm MacCormack, Dr. Pablo Elkan.
De la Asociación de Magistrados
Sr. Director:
Ante las manifestaciones contenidas en la pág. 18 de la edición de Búsqueda del 19.09.2013, la Asociación de Magistrados del Uruguay aclara:
1) En su Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 7 y 8.09.2013, casi por unanimidad, los jueces estuvieron de acuerdo con la capacitación obligatoria contenida en un proyecto elaborado por autoridades del Centro de Estudios Judiciales para jueces de todas las categorías.
2) Por el contrario, luego de ardua deliberación, se rechazó la también proyectada evaluación obligatoria prevista para dichos cursos, considerando: a) que era inconveniente del punto de vista institucional y para los justiciables, que jueces en actividad (no postulantes a jueces) fueran evaluados por abogados litigantes y sin garantías suficientes de revisión; b) que el aprovechamiento de los cursos se reflejará o no en el desempeño, que según estándares internacionales y sentido común, es lo que interesa evaluar de los jueces; c) para el ascenso, y con excepción de los Ministros de Tribunales de Apelaciones, dicha evaluación se realiza por una comisión integrada no solo por “superiores procesales”, sino por representantes del Colegio de Abogados del Uruguay (que puede ser determinante), Facultad de Derecho (UDELAR), etc.
3) La pretendida inidoneidad moral, personal o técnica de jueces de todas las categorías puede motivar sanciones (no solo traslados), incluso la destitución, siempre que se activen los mecanismos de control. Estos presuponen una permanente y relevante evaluación de desempeño, desde que los abogados, con o sin trayectoria (co responsables de la calidad del sistema), y los justiciables en general, pueden realizar las denuncias concretas de estilo, única forma de reconocer el derecho de defensa a los jueces, no así el recurrente “me dijo…”, empleado por el articulista.
Dr. Rolando Vomero
Presidente
Dra. Mónica Bórtoli
Secretaria
Asociación de Magistrados del Uruguay
Vitette (I)
Sr. Director:
Carta abierta a Luis Mario Vitette. Esto no lo escribió ningún hacker. Dé por hecho que lo escribí yo y que sé a quién se la estoy dirigiendo. Escribo lo que quiero decir. Y le digo que no lo quiero meter preso por ladrón. Usted robó, lo agarraron, lo juzgaron y lo condenaron. Después, según las leyes de la República Argentina, cumplió la pena, lo soltaron y está de vuelta en nuestro país. Tampoco lo quiero meter preso por homicidio. Usted rapiñó y mató, lo agarraron, lo procesaron y lo penaron. No cumplió la pena, pero se fue y aparentemente, según nuestras propias leyes, eso ya pasó.
Ese no es el problema. Yo no sé si usted se da cuenta y no le importa, o si ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema…
Hace mucho tiempo que tenemos la intención de construir un país productivo, solidario y con justicia social. Después de la crisis de 2002 mucha gente se puso como objetivo recuperar el país productivo que se nos había caído a pedazos. Las grandes mayorías nacionales se lo plantearon y, a partir de 2005, le dieron la oportunidad al Frente Amplio y, desde entonces, está tratando de construir un país distinto. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. Pero eso no alcanza: esa construcción necesita apoyarse en una cultura de esfuerzo y de trabajo, de estudio y de construcción de solidaridad.
La consolidación de estos valores es más difícil porque, a menudo, se interpone el ansia de un consumo desmedido: yo diría se interpone la cultura del tener y no la del ser, usando al revés los conceptos que usted lamentablemente manejó para defender la voluntad de seguir siendo un ladrón. Se interpone lo que hacen algunos que se creen vivos y eligieron lo que consideran que es el camino más rápido: en lugar de trabajar y cultivar el esfuerzo y la solidaridad, eligieron el camino de quitarles a otros el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. No les importa si, para hacerlo, lastiman, hieren o matan a los que consideran unos giles que no saben hacer las cosas.
De esa forma han instalado el miedo y un dilema que todavía se discute en nuestra sociedad. Se debate respecto a si esto se combate mejor a través del uso de la mano dura y la baja de la edad de imputabilidad, o si se termina desarrollando más políticas sociales, junto a una política de seguridad que apueste a la vida y la convivencia, al mismo tiempo que se persigue a los delincuentes y se amplía la aplicación de verdaderas medidas de rehabilitación a quienes están privados de la libertad. A los que eligieron la vía corta, equivocada y sin sentido.
Esos, lamentablemente, son los más jóvenes: los que necesitan que aparezca inequívocamente un camino distinto. Ello requiere un gran esfuerzo de diferentes actores sociales. Entre ellos, claramente, tienen que participar los medios de comunicación. Y este es otro debate. Yo no estoy hablando acá del control de contenidos. Me refiero, fundamentalmente, a que la libertad de prensa supone la responsabilidad de los que tienen la posibilidad de ejercerla. Y no siempre es así.
El problema al que me refería antes es que usted, en un reportaje que le hicieron, apareció marcando un camino a los que se ponen al margen de los esfuerzos por construir un país basado en el trabajo, la educación, el esfuerzo y la solidaridad. Palabras, estas, que a muchos les pueden parecer huecas: a usted mismo le pueden sonar huecas.
Pero a las grandes mayorías de esta sociedad no les parecen huecas. Porque las grandes mayorías viven de su trabajo: trabajan ocho o más horas al día, porque un sueldo no les alcanza. Levantan casas o construyen maquinarias; educan y curan enfermos; curan heridos de tiroteos en los que algunos participaron como víctimas, pero otros participaron como victimarios y también fueron heridos; cultivan la tierra o cuidan ganado; trabajan en un supermercado o en un banco; estudian para ejercer su profesión o recogen basura…
Esos son los verdaderos héroes de nuestra sociedad. Los que la sostienen y construyen su crecimiento, y lo que usted predica consiste en vivir quitándoles el sueldo, la jubilación o el ahorro que han podido hacer. Los transforma en las víctimas de los que eligieron el camino corto y van a tratar de robarlos sin medir las consecuencias ni los métodos que utilizan para ello.
Ese es su delito. Ayudar a construir los antivalores que sustentan una subcultura de marginado delincuente. Un delito con hondo contenido social. La apología del delito no contiene todo lo expresado anteriormente: que es lo más grave; pero la denuncia por apología del delito permite poner de relieve todo lo que usted hace cuando, sin quererlo o queriéndolo, no es relevante, se pone como ejemplo de lo que se puede hacer si se roba “bien”.
Usted no puede ponerse como ejemplo de los vivos que ya están en una carrera delictiva o apenas la están empezando. O por lo menos no puede hacerlo sin que tenga consecuencias. No importa si compulsivamente siente la necesidad de hablar de lo que hizo y sugerir que es muy inteligente porque nadie lo pudo evitar. No importa si no puede callarse y sigue reivindicándose como ladrón y defendiendo su carrera. Ese, precisamente, es su problema: el que no se puede dejar pasar.
Pero le repito: no quiero mandarlo preso por ladrón. Antes que eso preferiría que nuestras leyes comiencen a considerar al hurto calificado delito precedente del lavado de activos, para que los jueces puedan exigir a los que han hurtado grandes cantidades que justifiquen cómo han adquirido legalmente sus bienes y, si no pueden hacerlo, les confisquen las propiedades que no pudieron justificar.
De todas maneras, ese es otro tema. Lo principal ya lo planteé. Lamento si lo molestan mis comentarios o los propósitos que he mencionado. Yo tampoco puedo evitar hacerlos.
Sinceramente,
Eduardo Bonomi
Ministro del Interior
Vitette (II)
Le solicito la publicación de la siguiente carta abierta a “MINUS”.
Javier Suárez
Como si no tuviéramos poco con la creciente ola de inseguridad y la carga de violencia que se le adhiere, desde hace un tiempo contemplamos, como actores atónitos, el cruce de mensajes que ha mantenido el Ministerio del Interior con un ladrón.
Sabrá que algunos tipos de alias se relacionan con el mundo del hampa o con algunas épocas y costumbres tenebrosas que todos los uruguayos no quisiéramos volver a vivir. Por ello, a diferencia de usted, firmaré estas líneas con mi verdadera identidad. En democracia, si nada debe ni teme, nadie es clandestino.
Además, resulta extraño y preocupante cómo una dependencia del Estado (la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior) anda enviando cartas sin identificar cabalmente al autor. Convengamos que no es serio.
Pensará que no coincidimos. ¡Al contrario! Nadie en su sano juicio puede aprobar la apología del delito —y todo lo que ello conlleva— prevista en nuestro Código Penal. Eso sí, permítame obviar algunas apreciaciones político-partidarias que deslizó al pasar. A todos nos quedó claro dónde está su “corazoncito” y sus fuerzas. Hechas las aclaraciones, vayamos al tema de esta misiva.
Le repito, en lo que refiere a determinados valores (educación, trabajo, esfuerzo, solidaridad), no puede haber, a mi juicio, dos opiniones. Ahora, sería bueno ampliar el horizonte a efectos de ir superando cualquier tipo de mirada hemipléjica.
Usted denuncia un delito grave: la reivindicación de hechos ilícitos. Hace bien. Empero, no son los únicos. Sin duda coincidiremos en que cada uno evoca lo que le parece, ¿pero qué homenajea el 8 de octubre un grupo de ciudadanos? Y mire que no me refiero precisamente a la paz firmada de la Guerra Grande, inmortalizada con un “no habrá vencidos ni vencedores”. Por el contrario. Si se le olvidó, allí se recuerda un acontecimiento “épico” e “idealista”, aunque, pasados muchos años, todavía con aroma a pólvora.
Si se le olvidó, en ese “bautismo de fuego” el objetivo era “medir fuerzas” contra un gobierno democráticamente constituido. Recordando a aquellos que, encandilados por el faro de la revolución cubana, dieron su vida por la causa armada, pareciera olvidarse a tantas otras personas que, sin preguntarles si querían participar, derramaron su sangre por una guerra incomprensible.
Usted puede no saberlo salvo por un hecho que no se puede dejar pasar: no en una, sino en varias oportunidades, determinados miembros del gobierno vienen participando —incluso como oradores— en la liturgia mencionada. La lista es larga. Allí encontrará ministros —algunos repitieron el cargo— y legisladores. Revísela, está en la prensa.
Encontrará a connotados compañeros de su simpatía manifestar que esa violación a la Constitución (desafiar ilegítimamente al Estado en el uso del poder en una determinada ciudad del interior), marcó el inicio de ese camino que hoy se recorre. Entiendo que mantener el equilibrio entre la mística y el ejercicio de gobierno puede convertirse en una tarea harto complicada.
Sin embargo, más allá de un debate histórico que nos hallaría al final de la jornada en una situación incambiada, estas cuestiones hacen al quehacer cotidiano.
Le repito: hace bien en denunciar. Con todo, no lo veo con la misma energía en casos similares. Es más, su silencio cobra un significado aún mayor.
A propósito, como habrá escuchado por allí, todavía persiste entre pequeños números de radicales la idea sesentista de justificar un acto delictivo —llámesele preso político en caso de ser apresado— si el beneficio contempla una causa común. Fíjese, he ahí otro ejemplo de público conocimiento.
Su respuesta, la misma.
Atentamente,
Javier Suárez
Edil (s) Junta Departamental de Montevideo
Lista 10.000
Vamos Uruguay
Partido Colorado
Vitette (III)
Sr. Director:
Desde niña mis padres me educaron dentro de lo que es la filosofía liberal, dentro de mi familia católica practicante.
Fundamentalmente sobre aquello que significa el respeto por lo que opine el resto de las personas.
De esa forma eduqué a mis hijos y pretendo que se desenvuelvan mis nietos, lo cual no dudo sera así.
Voltaire lo dijo claro: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Cuando ocurre lo contrario, ingresa el totalitarismo, el fascismo y la irracionalidad.
Sin embargo, ese animal salvaje que los seres humanos llevamos adentro muchas veces nos empuja a traicionar inconscientemente esa filosofía y nuestras creencias.
Es lo que me pasó —como seguramente a muchos otros ciudadanos— cuando oímos las declaraciones del delincuente uruguayo Luis Vitette cuando fue entrevistado por Omar Gutiérrez en Canal 10.
“¿Por qué no lo meten preso de nuevo por decir esas cosas?”, me pregunté sin demasiada reflexión.
Pero la semana pasada, la columna de Raúl Ronzoni titulada “Apologetas, psiquiátricos y energúmenos” me hizo avergonzar de esa reacción visceral y me trasladó al pasado, hacia las enseñanzas de mis padres, hacia la necesidad de una libertad de expresión irrestricta que, especialmente, no sea amordazada por el Estado como pretende el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, denunciando a este personaje por “apología del delito”. Que Vitette diga lo que quiera y que se siga enterrando moralmente ante la sociedad, pero yo defenderé que tenga el derecho de decirlo aunque me parezca despreciable y repudiable.
Tan significativo como el hecho de que Ronzoni me haya permitido reflexionar sobre esa circunstancia son los señalamientos que hace respecto de Bonomi y de otros militantes de la izquierda, quienes no solo no abdicaron de sus atrocidades sino que las pregonan.
¿Hay un cinismo mayor que denunciar a quien expresa las mismas cosas que el denunciante pregona?
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como se señala en esa nota periodística, la libertad de expresión debe ser pacífica y no violenta.
Violenta, como sucedió con los hechos de febrero en la Corte de Justicia, cuando grupos ultras pretendieron impedir que la jueza Mariana Mota fuera trasladada a un juzgado civil.
Eso es otra cosa y para ello están las sanciones penales.
De la misma forma que defenderé que todos tengan derecho a expresarse en forma irrestricta, también defenderé la acción de la Justicia cuando se rompe la convivencia con la violencia, que aunque sea mucha, nunca nos acostumbraremos a ella.
Graziella Pastorino
CI 1.160.853-6
