Uruguay es uno de los países con mayores niveles de alfabetización de la región y del mundo. Apenas 1,3% de la población total no sabe leer ni escribir ni hacer cálculos básicos. Puertas adentro de las cárceles nacionales, sin embargo, se vive una realidad muy diferente, reflejada en un estudio del Programa Nacional de Educación en Cárceles del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) financiado por Unesco con fondos del gobierno de Corea del Sur, en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El muestreo realizado detectó que el 46,5% de las personas que ingresaron al sistema penitenciario en 2022 son analfabetos.
Para el director nacional de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, la cantidad de analfabetos en las cárceles es “alarmante”. Según explicó el jerarca, que coordinó el informe, la mayoría de estos reclusos son jóvenes, condenados por delitos menores, como robos y rapiñas. El 70% de los presos del país son menores de 30 años y nueve de cada 10 son varones.
“El dato es brutal y enciende luces más que amarillas, naranjas”, comentó Baroni al detallar a Búsqueda algunas de las principales conclusiones de esta investigación desarrollada a través del Programa Aprender Siempre (PAS) del MEC, que actúa en apoyo a la educación formal y desde 2008 realiza actividades formativas dirigidas a jóvenes y adultos de contextos críticos. La iniciativa se inscribe en el proyecto “Tomar la palabra: acciones para la disminución del analfabetismo en personas privadas de libertad”, apoyada por la Comisión Nacional Coreana para la Unesco (KNCU, por sus siglas en inglés).
Con este recurso se desarrolló un dispositivo piloto para diagnosticar el analfabetismo en la población penitenciaria, una propuesta de mediación a la lectoescritura en todos los talleres del PAS, y la instalación de bibliotecas comunitarias multimodales en dos unidades penitenciarias, en el Complejo N° 4 del INR Santiago Vázquez y en la Unidad N° 20 del INR de Salto.
El trabajo de campo se extendió desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022 y “midió alfabetizaciones básicas” de los presos, desde escribir el nombre o redactar una frase simple, hasta realizar pruebas de razonamiento lógico, explicó Baroni. Destacó que el proyecto es “uno de los planes más ambiciosos” coordinado por la cartera y forma parte del proceso de diseño de implementación del Plan Nacional de Educación para las Cárceles.
Gonzalo Baroni en su oficina del Ministerio de Educación y Cultura. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La educación detrás de las paredes
El analfabetismo entre la población carcelaria de Uruguay es un problema histórico, pero los niveles identificados en la investigación de la Unesco superan “ampliamente” a los registrados en el último Informe anual del Comisionado Parlamentario Penitenciario (2021), que, con recursos más limitados, dio una cifra próxima al 20% de los reclusos identificados como analfabetos o semianalfabetos.
Alrededor de 28.000 personas cumplen penas por infringir la ley penal a nivel nacional. Cerca de la mitad de esa población está privada de libertad —había 14.503 reclusos a diciembre de 2022—, y en la otra mitad recaen condenas alternativas de prisión. Así es que Uruguay terminó el año pasado con 408 presos cada 100.000 habitantes, una tasa de encarcelamiento que triplica la media mundial estimada por Naciones Unidas.
La mayoría de los privados de libertad son nuevos ingresos. En 2022 entraron 7.780 personas a las cárceles, sin contar los reingresos dentro del mismo período. Es dentro de esa población que la Unesco detectó que “casi la mitad” son analfabetos “totales” —porque no saben leer ni escribir ni hacer cálculos básicos— o “funcionales”, porque aun sabiendo leer y escribir no lo hacen y sus operaciones matemáticas se limitan a contar con los dedos.
Cifras oficiales de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) muestran que ningún recluso (98%) terminó la educación media básica obligatoria (liceo o UTU). Quienes cursan algún tipo de educación terciaria o universitaria en condiciones de encierro son apenas una élite, que representa el 1,3%.
La Universidad de la República (Udelar) de a poco fue aumentando su presencia en el sistema penitenciario con apoyo a estudiantes y capacitaciones para unos 200 alumnos. También realizaron actividades en contextos de encierro la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica.
Más allá de estas iniciativas, existen mandatos legales. La Constitución, la Ley General de Educación (Nº 18.437) y normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por Uruguay obligan a la ANEP a garantizar el derecho a la educación a personas privadas de libertad. Por otra parte, la Ley de Presupuesto Nº 19.924, aprobada a fines de 2020, encomendó al MEC la aplicación de un Plan Nacional de Educación en Cárceles, que atiende semanalmente espacios educativos y de alfabetización en contextos de reclusión.
Con ese objetivo, el gobierno busca darle un marco de “planificación estratégica” a los esfuerzos preexistentes en esta área, coordinando con el INR, la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que depende del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y con ANEP, que lleva adelante estas políticas.
El sistema institucional “no tiene respuesta” para satisfacer la demanda de aquellos que quieren estudiar en los centros penitenciarios, advierte desde hace años el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petiti. La demanda de cupos educativos supera ampliamente la oferta de educación formal. Además es “muy pobre” la oferta de capacitación profesional o técnica y los contenidos, en especial en secundaria, son “totalmente inadecuados” para la población privada de libertad, informó este especialista a Búsqueda.
“Mucha población carcelaria quiere acceder a servicios educativos, pero no encuentra suficientes ofertas ni cupos”, ratificó el director de Educación. Baroni explicó además que al sistema educativo le resulta “muy difícil entrar a todas las unidades penitenciarias”, y señaló que la situación de trabajo con los presos difiere en cada centro, módulo y celda.
En este contexto, la cobertura educativa formal del sistema llega a tres de cada 10 reclusos. En el área metropolitana suele ser todavía menor, sobre todo en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (ex-Comcar), Punta Rieles, Canelones y Libertad; también existen diferencias entre las subunidades carcelarias. Otras zonas del país con baja cobertura de educación formal son Maldonado, Salto y Rocha. En total, alrededor de 4.000 reclusos reciben algún tipo de educación, sea formal o informal, aunque el dato no es preciso por falta de sistematización de la información oficial disponible.
Las dificultades para conseguir datos fidedignos fueron un escollo al que se enfrentó el informe de Unesco. “Este estudio interpela a todo el sistema, porque muestra que las instituciones estamos trabajando a tientas, sin un plan definido”, dijo una fuente que participó del trabajo técnico. Sus comentarios son avalados por Baroni, que contó que los investigadores encontraron “muchos problemas” para conseguir información relevante en el sistema por razones burocráticas y administrativas o directamente por la “ausencia de datos básicos sobre los reclusos”.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Riesgo de reincidencia
La educación no entra a las cárceles si no hay alimentación, salud y determinados derechos mínimos asociados, dice el comisionado parlamentario. Petit es un convencido de que el analfabetismo, la baja escolarización y el fracaso escolar están ligados a un mayor riesgo de reincidencia, que en Uruguay es “muy elevado” —ronda el 60%—, puesto que “los reclusos sin educación tienen menos oportunidades de encontrar trabajo estable y una vida digna después de su liberación”, dijo.
Desde el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP hay algunas voces coincidentes. “El sistema debe reconocer que ni su oferta institucional ni el funcionamiento de sus servicios han resultado efectivos para la mayoría de la población privada de libertad”, aseguró a Búsqueda el consejero nacionalista Juan Gabito. Explicó que los esfuerzos institucionales “muchas veces terminan siendo parciales y fragmentados” y ante este panorama propuso instrumentar “un seguimiento y protección de las trayectorias” dentro y fuera de las cárceles.
Por su parte, el director de Educación señaló que aquellas personas menos formadas son quienes “entran y salen” de las cárceles con mayor frecuencia y como los cambian de módulo, “resulta difícil hacerles un acompañamiento”. Pero de ahí volvió a la pregunta de fondo que sustentó el informe, según Baroni: “¿Cómo vas a buscar trabajo si no sabés escribir tu nombre?”.