Caso tras caso tras caso

Pienso en tantos aspectos en común: hombres poderosos abusando una y otra vez de niñas, niños y adolescentes. Causas trancadas de todas las formas posibles: desde indagaciones ilegales realizadas por la propia policía o la dificultad de la Fiscalía para acceder a las cámaras del Ministerio del Interior hasta abogados defensores de imputados que presentan recursos sin sentido, uno tras otro, buscando que los procesos se eternicen.

Pienso en las víctimas, esas niñas, niños y adolescentes que se animaron a denunciar, que se expusieron a todo el desgaste y el dolor que implica un proceso judicial. A pesar de su corta edad. A pesar del poder de sus victimarios —un senador de la República, un juez de menores, un director del Carnaval de las Promesas, un arquitecto, un dentista, un docente, un psicólogo, economistas, empresarios, políticos—. Víctimas que, como advirtió la fiscal del “caso Penadés”, llegaron incluso a ser seguidas por autos extraños en la vía pública (algo que también experimentó la propia fiscal). Porque así funciona el poder, amedrentando hasta las últimas consecuencias.

Pienso en Aldana Bonsignore Regalado y Sebastián Barbieri Franco: dos jóvenes de 17 años que perdieron su vida en circunstancias confusas, dos casos que hasta el día de hoy no han sido aclarados.

Bonsignore Regalado es la adolescente que encontraron muerta en marzo de 2020 en el arroyo Solís Chico del departamento de Canelones y que estaba vinculada a la denuncia por abuso sexual hecha en noviembre de 2019 contra uno de los hombres que después fue imputado en el marco de la Operación Océano. Aunque todo esto fue parte del hecho que originó el caso, es casi imposible encontrar información sobre la aclaración de su muerte. A mediados de este año, la fiscal Mariana Alfaro quiso agregar al expediente la historia clínica de Bonsignore, pero Cecilia Salom, Alberto Rojas, Juan Manuel González Rossi y otros abogados se opusieron, alegando que la fiscal había ocultado pruebas. Pienso qué difícil me resultaría dormir si viviera de trancar, ad nauseam, el proceso que busca aclarar la muerte de una adolescente y el abuso de otras tantas.

Barbieri Franco es el joven que fue asesinado en junio pasado en Montevideo: murió de seis balazos en el pecho que le dispararon desde un auto. En el documento con membrete del Ministerio del Interior que se encontró en el celular de Penadés, aparece su nombre, relacionado al de una de las víctimas denunciantes, Jonathan Mastropierro. Según informó en octubre el diario El País, la fiscal Ghione señaló que “algunas de las víctimas declarantes” aseguran que Barbieri Franco “había salido muchas veces” con Penadés y que “estaba dispuesto a realizar la denuncia”. La fiscal advirtió que luego del asesinato del joven muchos adolescentes vinculados al exsenador habían decidido no declarar.

Pienso en toda esa gente que, a pesar de todo, nunca les cree a las víctimas (empezando por el propio presidente de la República, como en el “caso Penadés”). Las acusan de arruinarles la vida a los denunciados o las culpan de toda clase de consecuencias de la denuncia. Por ejemplo, la madre de una de las víctimas del exdirector del Carnaval de las Promesas Sebastián D’Elía cuenta que su hija era insultada por sus propios compañeros de agrupación, que le decían “que por su culpa el conjunto se había desarmado”.

Desde acá va mi agradecimiento a todas esas personas que apuestan por la justicia a pesar de tener todo en contra, a las víctimas, a sus defensores y a las fiscales, que soportan en su espalda todo el peso de la corrupción y la misoginia de la sociedad.