Castigo a los malos, premio a los buenos

La decisión de hace una semana del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de trasladar a Pérez, no establece las razones. Se trató, en los papeles, de un simple movimiento horizontal. Sin embargo es obvio que el brutal error en el que incurrió este fiscal en el impactante caso de los casinos municipales —por el cual fueron procesados su ex director, Juan Carlos Bengoa, y otras personas— actuó como disparador para la medida del jerarca.

Gutiérrez dio por bueno el argumento de Pérez y archivó la investigación sin preguntarse si era admisible que en un asunto de tal entidad y repercusión pública y política —que, además, el fiscal conocía al dedillo— no hubiera tomado prevenciones para presentar su apelación con tiempo sin esperar a último momento y tener que recurrir a un actuario para que le abriera el juzgado fuera de hora.

Hace unos días, cuando los fiscales de la Plaza Cagancha se enteraron del traslado de Pérez, una colega suya intentó protestar con el argumento de que “mañana me puede tocar a mí”. Aunque fue estéril, reaccionó como si ocupar una fiscalía penal fuera una distinción por encima de las otras materias o como si se tratara de una función vitalicia e inalterable. Un disparate más común de lo que se supone entre quienes algunos denominan como los “autoperseguidos del sistema”.

A la decisión de Díaz probablemente le seguirán otras, como por ejemplo la que resulte de una investigación sobre omisiones y errores de una fiscal del este del país que omitió actuar conforme a la ley en un caso de corrupción de menores, una información que Díaz recibió de la Suprema Corte de Justicia.

A estas acciones se añade otra resolución de la semana pasada. En el plazo de seis meses, los fiscales de todo el país deberán establecer sus residencias a una distancia no mayor a 60 kilómetros de la localidad donde desempeñan  funciones. Transcurrido ese plazo, tendrán que presentar una declaración jurada de residencia. Si no cumplen con ese requisito, serán pasibles de una doble responsabilidad: administrativa y penal por la falsedad de la declaración jurada.

Tanto fiscales como jueces cobran mensualmente una partida de vivienda que muchos consideran como tácitamente incorporada al sueldo; olvidan que el destino de ese dinero es para el pago de un alquiler, como el de la partida académica es para comprar material de estudio.

Se da la coincidencia de que Pérez, quien trabaja en Montevideo, reside desde hace años en Minas y que otros fiscales de Florida, San José y Rosario no viven en esas ciudades sino en Montevideo. Es entonces comprensible la medida en beneficio de la eficiencia del sistema. Algunos jueces del interior se han quejado de que cuando necesitan la presencia de un fiscal, en algunas ocasiones este ha viajado a Montevideo.

Ambas decisiones de la Corte de los últimos tiempos también indican que algo está cambiando respecto de los errores o desbordes de jueces y técnicos, muchas veces tratados con benevolencia por razones de conocimiento, amistad o porque son “compañeros de trabajo”. Esos criterios van quedando por el camino y se opta por priorizar a los justiciables.

A recientes destituciones dispuestas por la Corte derivadas de acciones delictivas se suman sanciones rebajando de categoría a magistrados. Ahora, el máximo organismo judicial tiene bajo la lupa a algunos jueces del interior y de Montevideo por atrasos o errores inexcusables en el desempeño de sus funciones.

Algunas situaciones rompen los ojos, aunque haya  casos en los que aún se hace la vista gorda, admitiendo, por acción, omisión o amistad, que algún juez no resida en el lugar en el que presta funciones o que se demoren las sanciones o traslados a la espera de vacantes.

Parece que soplan nuevos vientos en el sistema y que por fin se comienza a castigar a los malos y a premiar a los buenos.