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    Causas y efectos del mito Mota

    N° 1733 - 03 al 09 de Octubre de 2013

    Gobiernos, organizaciones políticas o instituciones deportivas suelen fomentar la creación de mitos atribuyéndoles características épicas a ciertas personas para ubicarlas por encima del resto. Cercanas a una divinidad. La estrategia, histórica, consiste en rodearlas de cualidades que no tienen o de magnificar alguna real ante los ignorantes que se pliegan emocionalmente. Esas “divinidades” llegan a sentirse en el Olimpo, pero, cuando dejan ser útiles, sus creadores las descartan como basura inservible para dedicarse a la creación de nuevos mitos. Sobran los ejemplos y los descartes.

    Sostienen algunos analistas que tras la creación de los mitos políticos, los militantes se colocan en una actitud beligerante para sostener, mantener o hacer pública una acción política que de otra forma no funcionaría. Es la fotografía de lo que ha sucedido con los defensores de la jueza Mariana Mota y con ella misma, quien trabajó sin demasiado destaque hasta que la descubrieron militando o se puso a desarrollar teorías violatorias de los derechos humanos. En un colmo jurídico, consideró obsoleto el principio de que nadie está obligado a producir prueba en su contra. Una aterradora tesis que desconoce la presunción de inocencia y que fue descalificada por catedráticos y el Colegio de Abogados. En otra ocasión se dio el lujo de cuestionar en un diario argentino la política de derechos humanos del gobierno. Obviamente tiene derecho, pero en su condición de jueza involucrada pareció ubicarse en la vereda opuesta a la ética que debería regir su conducta.

    Estas reflexiones fueron el centro de una charla con dos amigos. Ocurrió el día que comparecían ante la jueza penal Gabriela Merialdo siete militantes políticos cuyos procesamientos pidió el fiscal Gustavo Zubía por haber copado con violencia la Suprema Corte de Justicia para impedir que Mota jurara como jueza civil luego de ser trasladada de penal.

    Para respaldar a los siete delincuentes, los militantes se concentraron frente a los juzgados de la calle Misiones. Fue un grupo nutrido muy superior a otros que en los últimos siete años fueron allí mismo cuando comparecían asesinos y torturadores de la dictadura. En esas ocasiones la concurrencia fue vergonzosamente pequeña si consideramos que se juzgaban imputaciones contra violadores de los derechos humanos de la dictadura: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, José Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, Miguel Dalmao y los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez.

    A nadie le puede caber duda de que esos casos tienen un peso histórico y jurídico infinitamente mayor que Mota y las consecuencias de su traslado y que por ello hubieran ameritado la presencia de centenares de militantes. Pero no. Apenas fueron grupitos aislados que, además, olvidaron rápidamente la participación en esos procesamientos de los jueces Luis Charles, Roberto Timbal, Rolando Vomero o Graciela Gatti y de los Tribunales de Apelaciones. Aunque más no fuera porque también integran la historia reciente.

    ¿A qué se debió esa escasa asistencia y el olvido de los jueces? Porque muerto el perro se acabó la rabia y tras los procesamientos dejaban de tener un interés político, electoral y movilizador. Con Mota, en cambio y por ahora, ese objetivo sigue vivo.

    La prueba del nueve de convertirla en un mito es que, según sus impulsores, en el momento de su traslado ella investigaba 50 causas sobre violaciones a los derechos humanos que en realidad no son tales: llegó a ese número por desprendimiento de otras. Si todos los jueces utilizaran ese perverso mecanismo habría miles de causas. Pero como el militante se ciega o no entiende, dale que va. También le atribuyen el mérito de haber condenado a Bordaberry. Formalmente es cierto, pero no dicen que para condenarlo se basó en una compleja y prolija investigación de Gatti, quien reunió toda la prueba y lo procesó con sólidos argumentos.

    Como lo hemos señalado en otra ocasión, cuando los creadores del mito dicen que Mota “retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los derechos humanos”, mienten. Pretenden hacernos creer que es una jueza mejor, más íntegra, más calificada y más valiente que quien la sustituyó. Beatriz Larrieu y sus colegas citados. Sin embargo, fueron ellos quienes tomaron las brasas calientes sin temblar ni hacer alharacas.

    Una jueza con las virtudes que deben adornar esa función y con sentido común, debió pararles la mano a esos militantes: “¡Señores (o compañeros), solo soy una más entre mis colegas. Terminen con esto. Desde hace años otros jueces han trabajado denodadamente para terminar con la impunidad”. Debió proclamarlo, pero no lo hizo. En cambio, abonó los argumentos de los copadores. No solo no les paró la mano, sino indirectamente los alentó. Se convirtió en cómplice o coautora moral del discurso de esos energúmenos. ¿Por qué cuando coparon la Corte no les pidió que se retiraran?

    Hace unos días, Mota ingresaba al Café Tribunales de la Plaza Cagancha y desde la distancia alguien le gritó: “¡Ídola!”. A escasos metros de donde yo me encontraba me pareció verla girar levemente la cabeza y esbozar una sonrisa de satisfacción. De repente fue solo producto de mi imaginación y ella no lo escuchó.