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    Cerrar bocas de droga y atender los casos de violencia en el deporte y en los hogares son prioridad para mejorar la seguridad, dice Garcé

    El nuevo asesor de Luis Lacalle Pou duda sobre la idea de restaurar el decreto que permite la detención de civiles para pedir identificación y rechaza la baja de la edad de imputabilidad, dos propuestas que maneja el candidato blanco

    Fue el último en sumarse al equipo de seguridad y su nombre suena fuerte para que sea el primero en la cadena de mando del Ministerio del Interior si el Partido Nacional llega al gobierno. El ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, asegura que eso no le pesa y se compromete a llevar adelante la promesa de Luis Lacalle Pou de lograr un país más seguro en un año. El día de su presentación marcó sus diferencias con el candidato sobre la baja de edad de imputabilidad. Allí dijo que comparte el objetivo, pero no la herramienta. En entrevista con Búsqueda, Garcé también relativizó la idea de reinstaurar el decreto que permite la detención de civiles para pedirles identificación. Imagina una ley de emergencia en seguridad durante el primer año de gobierno y destaca como prioridad el ataque a las bocas de pasta base, a la violencia doméstica y en los espectáculos deportivos.

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    —¿Hace mucho tiempo que venían en conversaciones con Luis Lacalle Pou para que usted se sumara al equipo de seguridad?

    —No, no, para nada. La propuesta solo fue precedida por una reunión que tuvo lugar en su despacho y que giró exclusivamente en torno a mi función. Después vino la invitación, que llegó inmediatamente antes de un viaje mío a Ginebra por razones de trabajo. Ese fue el periodo para procesar la decisión. Volví con la decisión tomada, se la comuniqué inmediatamente a Lacalle Pou y después a Danilo Astori como presidente de la Asamblea General.

    —¿Esto cuándo fue?

    —La conversación fue a mediados de agosto y la propuesta fue a mediados de setiembre. Mi regreso a Uruguay fue en la primera semana de octubre y el 7 de octubre presenté la renuncia.

    —O sea que usted no participó en la elaboración del programa de seguridad.

    —No, en absoluto. Ni tuve ningún tipo de contacto. Entre otras cosas porque si bien he sido votante blanco desde 1989 en adelante, me quedó muy claro que a partir de julio de 2005, al asumir como comisionado, la neutralidad y la imparcialidad tenían que ser valores de principios y eso se mantuvo hasta el último día. La necesidad de mantener ese trabajo libre de cualquier circunstancia de sospecha fue lo que motivó la decisión. Yo no quería en una semana echar a perder un trabajo de 10 años.

    —¿Y había analizado la propuesta de Lacalle Pou antes de sumarse?

    –No solo la propuesta del Partido Nacional sino la de todos los partidos. La seguridad es algo que me interesa y me apasiona. Mucho antes de recibir la propuesta yo ya estaba al tanto de lo que proponen todos los partidos, las coincidencias, las diferencias. Por lo tanto, al recibir la invitación no fue que tuviera que actualizarme o reciclarme. Eso ya lo traía.

    —¿Le pesa el hecho de no haber participado en la elaboración del programa de seguridad?

    —No, para nada.

    —Lo presentaron como una figura importante del equipo de seguridad, incluso se dice que usted será el ministro del Interior en caso de una victoria de los blancos. ¿No siente que se suma tarde al equipo?

    —No me pesa en absoluto no haber participado en la previa. En realidad, un factor que fue decisivo para mi incorporación fue escuchar a Lacalle Pou hablar en el acto de presentación del programa en Kibón. Habló de una crisis de seguridad humana. La introducción de ese concepto fue decisiva para mí. La noción de seguridad humana no es una invención de aquí y de ahora. Es una forma de entender la seguridad que viene siendo impulsada por Naciones Unidas desde 1994 y tiene dos grandes dimensiones: la educación y la seguridad ciudadana. Traer ese concepto al primer plano me resultó interesante, innovador y diría que ese es el gran punto de acuerdo. Y diría que no hay ninguna dificultad en no haber participado en toda la etapa previa.

    —Hay una cuestión en la que Lacalle Pou ha puesto énfasis y es en el compromiso a tener un país más seguro en un año, una meta ambiciosa. ¿Es posible?

    —Es posible, y esa afirmación está hecha además desde la responsabilidad.

    —¿Y cómo es posible?

    —Primero, hay cambios que seguramente pueden generar un cierto impacto en lo inmediato. Y hay otros que no. Pero hay medidas que se deben adoptar y en el término de un año pueden generar sin dudas un cambio. Yo estoy pensando concretamente en bocas de pasta base en los barrios. Se ha tenido algún resultado positivo en materia de Crimen Organizado, en narcotráfico, pero existe un déficit en el tráfico de drogas en los barrios. También es necesario tomar medidas en todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica, más allá de lo que tiene que ver con la tecnología, que es una buena decisión que debe ser difundida y que debe ser acompañada por un cambio en el modelo de tratamiento del tema. Es indispensable trabajar en todo lo que es el hurto de vehículos. En la violencia en espectáculos deportivos. Es muy claro que tanto en el tema de las bocas de pasta como en los espectáculos deportivos se requiere una decisión al nivel más alto. Una decisión del presidente de la República, un compromiso muy fuerte de todo el equipo y una coordinación con otros actores. Y esa decisión debe ser mantenida, sostenida en el tiempo.

    —¿Pero se pueden bajar las rapiñas y la delincuencia cerrando bocas de pasta base? ¿En qué medidas concretas se está pensando?

    —Comencemos por temas. En el caso de las bocas de pasta base tiene que haber una decisión muy clara de atacar esa dimensión del delito.

    —¿No se está haciendo eso ahora?

    Más allá de lo que se esté haciendo hay un resultado objetivo. Los resultados se pueden ver en materia de crimen organizado, no en el narcomenudeo. Ahí se requiere más patrullaje. Se requiere la organización de una unidad especializada que atienda el tema. En el caso de la violencia deportiva lo primero es comenzar con una tarea de inteligencia, con la incorporación de tecnología para monitorear el ingreso de las personas, la conexión con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y sobre todo sostener eso a través del involucramiento de los clubes, de la Justicia. Yo imagino, en un año, un resultado que si lo pudiéramos plasmar en la gráfica podría ser de detener la curva ascendente del delito, que tenga un comportamiento de meseta y luego que empiece a retroceder. Cuando se habla de un país más seguro no se está prometiendo resolver el problema de la inseguridad, se está prometiendo la adopción de medidas de impacto que a corto plazo podrían generar resultados. Para tener un cambio sustancial lo mínimo que se requiere son dos o tres años con, al menos, un anticipo en el primer año. Imagino en ese periodo una recepción distinta por parte de la ciudadanía. La sensación térmica no es un dato desdeñable, no responde a la construcción deliberada de cierto sector de la prensa, sino que es una percepción que tiene que ser tenida en cuenta debidamente. Para todo esto se debe reconstituir el vínculo entre la ciudadanía y la Policía. La respuesta, la calidad del trato que se pueda dar es clave. La calidad de la respuesta se va a medir en una disminución de la impunidad. El objetivo de esas medidas de primer año es reducir la impunidad. Cuando existen delitos que no son denunciados o denunciados y no son sancionados, allí hay impunidad. Si de 100 delitos que se denuncian, seis o siete terminan con una condena penal, y a esto le sumamos que hay 45% o un 50% de cifra oculta, tenemos que de 150 delitos solo seis o siete tienen una respuesta penal. Y la respuesta tiene que ser pronta, amplia e inmediata. Imagino entonces que el conjunto de medidas de impacto vayan en esa dirección, generen ese cambio en la percepción y permitan luego desarrollar los procesos para lograr un cambio sustancial.

    —¿Pero cuáles son esas medidas de impacto? Usted menciona atacar las bocas de pasta base, ¿cómo, con mano más dura?

    —Estoy pensando en mayor patrullaje, en una mayor decisión para ir donde están las bocas. Si una boca se cierra y se abre otra, ir tras esa otra. Una posibilidad para lograr un mejor resultado puede ser los incrementos salariales en función de los resultados, del cumplimiento de determinados objetivos. Motivar al personal.

    —Los compromisos de gestión ya se están aplicando en algunas áreas.

    —Lo he escuchado con relación a las cárceles. Lo he escuchado como un objetivo. De lo que se trata es de ponerlo en práctica efectivamente y que eso sea un factor de motivación. El factor de motivación no está tanto en lo salarial, puesto que ha habido incrementos importantes, sino en un panorama de profesionalización y dignificación de la carrera policial. Es indispensable un mayor reconocimiento a la Policía ejecutiva. Lograr, sobre todo, el involucramiento de los mandos medios. En la cadena de mando entre la autoridad y el subalterno el mando medio es clave y lo he visto en procedimientos.

    —En una entrevista en “La Diaria”, Lacalle Pou dijo que es partidario de habilitar el decreto 690 que permite la detención en averiguaciones. ¿Qué opina?

    —Creo que es un tema que hay que estudiar. Hay que examinar todas las herramientas jurídicas que tiene la Policía. Imagino la posibilidad de una ley de emergencia en materia de seguridad que contemple algunos aspectos presupuestales y que en esa ley puedan ser objeto de acuerdo algunos puntos fundamentales para trabajar a lo largo de los cinco años del periodo. Cuando ha habido acuerdos los resultados después fueron buenos.

    —¿Sobre qué temas debe insistir esa ley de emergencia?

    —Aparte de todo lo que tiene que ver con lo presupuestal, el fortalecimiento de la remuneración supeditándola al cumplimiento de determinados objetivos podría ser un tema. Habría que analizar el papel del Ejército en determinadas tareas; se habló de la cuestión de las fronteras, es algo para conversar. Está claro que el Ejército no debería cumplir tareas de seguridad interna ciudadana pero eventualmente en la frontera es una cuestión que habría que analizar. Visualizo en principio estas cuestiones.

    —Volviendo al decreto 690, ¿cree que habría que reinstaurarlo?

    —No, no; creo que es un tema que habría que estudiar. Habría que estudiarlo dentro de un contexto más amplio de herramientas para la Policía.

    —¿Qué ventajas y qué contras le ve?

    —La posibilidad de ampliar el universo de actividad de la Policía. La contra es lo que históricamente se ha señalado con respecto a la constitucionalidad de ese decreto.

    —Las denuncias de razzias.

    —Sí, una cosa es el decreto en sí y otra el uso que se haga de ese decreto.

    —Muchos nacionalistas han pedido la renuncia del ministro Bonomi. ¿Para usted fracasó su gestión?

    –Creo que hay que reformular la política de seguridad, sin ninguna duda. No me corresponde a mí pedir la renuncia del ministro. Es una cuestión que ha sido ya planteada. Yo me sumo a un equipo técnico en el final de la campaña.

    —¿Se ve como ministro del Interior?

    —Yo voy a estar donde el doctor Lacalle Pou y el doctor Larrañaga entiendan que puedo dar una mano. La verdad es que en el momento de hacerme la invitación, ni se me ofreció, ni yo lo pedí. Después se verá.

    Lacalle Pou ha dicho que el ministro debería ser el primero de los policías, ¿Se ve en ese rol?

    —Comparto la premisa como idea de acción. Tiene que haber una sintonía entre el ministro y el personal, no solo los oficiales superiores. Todos. El hecho de que el personal se sienta respaldado, efectivamente seguro, tendrá sus rendimientos concretos en el comienzo de la gestión.