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“La Dirección Nacional de Meteorología (hoy Inumet) es un hermoso lugar para comenzar con ‘la madre de todas la reformas’ —la reforma del Estado—, esa que iba a ‘sacudir las raíces de los árboles’, pero que hasta ahora no ha llegado ni a insinuar una suave brisa”.
Así comenzaba mi columna ¿Alerta roja o tarjeta roja?, publicada en Búsqueda el 25 de octubre de 2012. Pasaron seis años y el Inumet sigue gastando y haciendo de las suyas.
Solo durante este mes de mayo 2018, emitió 39 “alertas meteorológicas” (que no terminan en nada, como siempre) y gracias a ello se generaron 159.056 faltas entre los alumnos de Primaria. Total, ¿qué les importa? Más vale dar una “alerta” y “cubrirse” que andar pasando calores para explicar por qué no dijeron nada, como les pasó con el tornado de Dolores.
En ese caso realmente grave, la presidenta de aquel momento dijo a Teledoce que “el fenómeno del martes no se podría haber previsto en ningún lugar ni con ninguna tecnología”, aunque un rato antes había dicho “que se podría haber previsto el tornado de Dolores si se contara con un radar meteorológico”. ¿Por qué no lo tienen? Porque se gastan el 90% del presupuesto en salarios, el 9% en gastos de funcionamiento y apenas el 1% en inversiones.
El Inumet es otra oficina pública inútil que hay que cerrar cuanto antes. La tecnología de sitios como AccuWeather, Windguru o Wunderground, más los informes de meteorólogos independientes vinculados a los medios de prensa, hacen completamente innecesario y extremadamente costoso al Inumet, que se gasta unos 25 millones de dólares en cinco años.
Recordemos que por el año 2011-2012 estuvieron varios meses en conflicto y no publicaban el pronóstico del tiempo. A nadie le importó, porque nadie usa ni confía en tales pronósticos. Ni ellos mismos lo hacen.
Para confirmar tal aseveración basta leer en su página oficial la Iniciativa presupuestaria 2016-2021, donde reconocen que “resultan insuficientes los recursos humanos (en cantidad, perfil y formación), tecnológicos y financieros para cumplir la misión”. Y agregan que “un instituto técnico como el Inumet altamente dependiente de los avances técnicos y científicos, debe de comenzar en el corto plazo con un proceso de formación y actualización de su personal y de incorporar personal técnico especializado de forma de minimizar la brecha existente con otros servicios meteorológicos regionales e internacionales”.
Por eso proponen cosas absurdas, como invertir millones para competir con los servicios internacionales mencionados, o hacer un convenio con Antel (tal vez para revivir el fracasado Antel Sat) y, cuando no, ¡contratar más personal presupuestado! a sumar a los más de 180 que tenían al 2015, y tres nuevos cargos de confianza: secretario general (que hoy cobra $132.247, unos U$S 4.200), gerente técnico ($124.467, unos U$S 3.960) y gerente administrativo.
Dicen (tímidamente) que deben ir hacia la automatización de las mediciones con “tecnologías de observación remota”, pero “Inumet no está en condiciones de incorporar inmediatamente todas estas tecnologías” (porque se gastan el 90% en salarios y solo 1% en inversiones) y entonces proponen “la incorporación paulatina de por lo menos una treintena más (de observadores meteorológicos) para cumplir con el plan propuesto”. Si no querías sopa, dos platos.
Con estos costos que el Estado carga sobre las espaldas de empresas, empresarios, profesionales y empleados privados, será imposible ser un país de primera. Por eso, al igual que lo que hay que hacer con Ancap, debemos cerrar el Inumet ya.
Este gobierno no lo hará. Y la oposición, así como las cámaras empresariales, jamás lo plantearon hasta ahora. ¿Tendrán la convicción y el coraje de hacerlo en el futuro?
