Cirujanos en conflicto (I)

El diferendo determinó reacciones del presidente de la República, el que propone a los cirujanos que se acuerden de la gente y los amenaza con apretarlos usando mano dura, de los diputados del MPP Alejandro Sánchez y Álvaro Vega, los que concluyen que el apetito económico de los cirujanos no tiene límites y propulsan el repudio social hacia estos, y del PIT-CNT, el cual, autoproclamado “Supremo Tribunal del Trabajo”, rechaza igualmente las medidas de estos. La denostación de los profesionales universitarios, instruidos y contestatarios de la verdad oficial, es tradicional en la izquierda; a ese respecto, recordemos la opinión presidencial quien asegura que para gobernar no se necesitan doctores.

El rechazo a los cirujanos es parte de la estigmatización de los exitosos, tan extendida entre los integrantes del partido del gobierno y, en especial, de algunos grupos que lo integran como ser el MPP y el PCU. El desprecio al profesional, que ha estudiado y estudia mientras otros juegan al fútbol en el campito o en la playa, y al que trabaja extensos horarios, que incluyen noches y feriados, mientras que los críticos filosofan en el boliche, caña y mate de por medio, es popular en ciertos estratos de la población. A todos los que así opinan, los invito a ingresar a la Facultad de Medicina y recorrer el camino que nosotros hemos hecho para al final ser depositario de sus beneficios, en lugar de sentarse en la vereda de enfrente a criticar mientras se reposa a la sombra.

De igual manera, la hipocresía de algunos gremios de trabajadores es manifiesta. A pesar de proclamar su vocación solidaria y la meta de mejorar el bienestar del colectivo, los sindicatos combaten reclamando  beneficios sin límites, con medidas de lucha que incluyen huelgas y ocupaciones que sin duda son más agresivas que las de los cirujanos. Y que determinan ausencia de combustible para el transporte, de supergás para calentar los hogares durante el frío invierno, del transporte público en lluviosos días laborales, del reparto de correspondencia y de la recolección de la basura, la que expone a un riesgo sanitario indiscutible. Y recordemos que en algunos casos los salarios en la administración pública son tanto o más altos que los de los profesionales, y mucho más si se los compara con la productividad de dichos trabajadores.

El Poder Ejecutivo resuelve, con la presencia del presidente y de las autoridades de la salud, el envío al Parlamento de una ley que lo autoriza a declarar la emergencia sanitaria, bajo la cual se permite obligar a los profesionales en conflicto a trabajar, so pena de destitución, inhabilitación total o parcial, provisoria o definitiva, para el ejercicio de la profesión y aún penas de prisión para los renunciantes. El carácter autoritario y dictatorial de la propuesta gubernamental es reconocida por todos, con una leva laboral forzada, violatoria de los derechos personales, y un despotismo totalitario indigno de nuestra tradición democrática.

De igual manera, la respuesta gubernamental contrasta con su complacencia ante los conflictos de los funcionarios de la salud, quienes con huelgas y ocupaciones distorsionaron la atención de los pacientes en emergencia y la actividad de sala de operaciones, para ser premiados con un aumento de su salario básico superior al 87,5%. Igualmente lo hace con su posición ante los funcionarios públicos nucleados en COFE, los cuales resultaron triunfadores en las negociaciones por la rendición de cuentas y mantienen su prerrogativa de no trabajar los feriados laborables, salvo excepciones.

A todos los uruguayos les propongo sacarnos las caretas, reconocer que cada cual busca la suya y comenzar a reconstruir sobre la verdad nuestra deteriorada sociedad, la que se encuentra fracturada y con sus fracciones proclives a la confrontación. La actitud gubernamental la promueve y lo hace responsable de sus eventuales  consecuencias materiales y personales.

Dr. Bernardo Aizen

CI 1.270.289-2