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Claudio Feola reclama ante la Suprema Corte de Justicia por la sanción que le impuso el Ministerio de Defensa
El ex comandante en jefe del Ejército fue arrestado a rigor por usar fondos públicos para pagar la defensa de un militar acusado de violaciones a los derechos humanos
Claudio Feola en 2019 en el Instituto Militar de Estudios Superiores de Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Claudio Feola, comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2019 y 2020, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra una resolución del Ministerio de Defensa Nacional. La resolución, del 26 de febrero, dispuso una sanción de 15 días de arresto a rigor a Feola por el uso irregular de dinero proveniente del Servicio de Cantinas Militares del Ejército.
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La acción de inconstitucionalidad apela al artículo 30 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Nº 19.775), que establece que un militar en situación de retiro queda liberado de las obligaciones fundamentales que impone el estado militar una vez transcurridos cuatro años de su retiro. Feola, quien pasó a retiro a inicios de 2020, sostiene que los cuatro años estaban culminados al 26 de febrero de 2024 —fecha de su sanción—, por lo cual para ese momento ya no estaba sujeto a los derechos, las obligaciones, las prohibiciones y las incompatibilidades de un militar.
Además de esta acción ante la Suprema Corte, el 27 de febrero Feola presentó recursos de revocación y jerárquico contra la resolución del Ministerio de Defensa. En el documento, al que accedió Búsqueda, solicitó la suspensión del arresto a rigor por entender que “le ocasionaría un daño irreparable”. Sin embargo, el Ministerio de Defensa desestimó la objeción: “No se advierte que la sanción le irrogue un daño a su persona de forma tal que revista el carácter de grave e irreparable”, indica la respuesta firmada días después por el entonces ministro Javier García.
García ordenó el arresto a rigor de Feola porque usó los fondos públicos de las Cantinas Militares para pagar el abogado de un militar retirado, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La información fue publicada el 27 de febrero por El Observador.
“El pago data de 2019. Fueron US$ 20.000 que se abonaron en cuotas de US$ 2.000, desde abril a diciembre de ese año. Corresponde a un militar retirado que se encontraba en el exterior del país y se constató que la contratación de abogados privados se hizo con plata del Estado”, indicó García ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado. “Creo que la gravedad del asunto ameritaba dar cuenta al Senado de la República”, añadió García, quien además de sancionar a Feola denunció el caso ante la Fiscalía General de la Nación.
Feola fue encontrado responsable de liberar los fondos y dar la orden del pago al militar luego de una investigación administrativa enfocada en determinar irregularidades en la gestión de los supermercados, las cantinas y el despacho de medicamentos del Servicio de Cantinas Militares. La investigación se centró entre enero de 2018 y junio de 2020 a partir de hallazgos contenidos en informes de 2010 y 2020 de la Auditoría Interna de la Nación. Durante ese período se “constataron conductas apartadas de la normativa” en el manejo de recursos materiales y humanos, entre ellas, “el pago de US$ 20.000 con fondos provenientes de Cantinas Militares a un estudio jurídico por concepto de representación penal de un militar retirado que residía en el extranjero, quien tenía varias causas por violaciones a derechos humanos”.
Eduardo Ferro —condenado el año pasado por la desaparición del militante comunista Óscar Tassino en 1977— negó a El Observador que el dinero haya sido destinado para su defensa.
En la respuesta a los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Feola, el Ministerio de Defensa señaló que “quedó comprobado en la investigación administrativa que hubo un apartamiento a las obligaciones inherentes” por parte de Feola, por lo que la aplicación de los 15 días de arresto a rigor resultó ajustada desde el punto de vista jurídico. “El recurrente no aportó ningún elemento de juicio que permita revisar lo ya resuelto por la administración”, concluye.
El ex comandante en jefe del Ejército había presentado en octubre del año pasado un primer reclamo ante el Ministerio de Defensa, luego de que en mayo Caras y Caretas informara que durante su mandato se contrataron los servicios de un estudio jurídico con plata del Servicio de Cantinas Militares. Feola denunció ante el ministerio que se trató de información reservada filtrada a la prensa por propios funcionarios de la cartera. Defensa inició una investigación administrativa pero determinó que la divulgación de la información no fue responsabilidad de funcionarios ni autoridades de esa secretaría de Estado, ya que a los datos también accedieron terceros. “No se han detectado irregularidades o ilícitos pasibles de ser sancionados, correspondiendo la clausura de la investigación”, finalizó.
