“La dirección y los profesores están haciendo un gran esfuerzo, trabajan más horas que en condiciones normales, adaptaron sus cursos a las tecnologías y responden ante cada consulta personalizada de forma online, por WhatsApp o por las plataformas”, cuenta Analía, la mamá de Maite, que cursa primero de Bachillerato en un colegio de Pocitos, y entiende la situación inédita que atraviesa la institución por la pandemia que afecta al mundo. Por eso, y hasta “por una cuestión de generosidad”, cree que hay que pagar la cuota completa. Habla por ella, docente de Historia, y por su marido, profesor de Educación Física. Y aclara que aunque no tiene holgura económica, por ahora pueden afrontar el costo total. En cambio, Mariela, agente inmobiliaria y madre de dos alumnos de un colegio católico del Centro, está a favor de que se pague el sueldo a los profesores pero no de abonar la cuota total del instituto. Considera que no reciben un servicio remoto equiparable al presencial y que los colegios tienen menos gastos fijos debido al parate de la clases en las aulas, por lo que pide un gesto de comprensión de parte de los dueños de las instituciones. Reclama, por ejemplo, que les apliquen una reducción parcial de la cuota o una exoneración durante algunos meses a las familias que se ven más perjudicadas por efecto del coronavirus.
Para facilitar un punto de encuentro y, sobre todo, para mantener las fuentes de empleo, a principios de mes hubo una reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato y los representantes de toda la educación privada. De esa primera reunión surgieron pocas definiciones destacables, según los participantes. El planteo de flexibilizar la normativa para facilitar el seguro de desempleo para funcionarios multiempleados —muchos docentes trabajan en el sector público y privado— fue, en principio, desestimado por el ministro Pablo Mieres, por entender que la medida abriría una vía de reclamos de sectores similares, aunque aún falta una respuesta concreta.
“No es por mirar por uno, pero ante una situación de urgencia tan extraordinaria, el gobierno debería tomar medidas excepcionales para darle un respiro al sector”, dijo a Búsqueda Sergio Sommaruga, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), al que adhieren 112 centros en Montevideo y una veintena en el interior.
Los representantes de los colegios también se reunieron el martes 21 con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para saber cómo registrar los aprendizajes y evaluar a los alumnos, e intercambiar sobre el proceso de adaptación a las clases virtuales que aplican desde el 16 de marzo. Se plantearon también medidas de referencia para responder a las crecientes demandas y la posible reanudación de los cursos.
El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que el gobierno trabaja en distintos “escenarios” para retomar las clases presenciales en general —sin bien no fijó una fecha concreta— y remarcó que perder el año educativo no está en ninguno de esos escenarios. “Ni se deja de dar contenidos ni estamos de vacaciones”, afirmó.
Así, el retorno a clases en el sector privado de la enseñanza será “más pronto que lo esperado”, aunque nunca antes del 15 de mayo, que es, al día de hoy, el plazo mínimo para darles tiempo a las instituciones a preparar sus equipos y definir la aplicación de los protocolos sanitarios, coincidieron las asociaciones de los colegios. Ayer miércoles 29 plantearon este tema durante una reunión con el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni.
La guerra de las cuotas
Más allá de los problemas ocasionados por la pandemia para la enseñanza y los aprendizajes virtuales, muchos colegios enfrentan serias dificultades económicas y unas cuantas familias también impactadas por la crisis piden facilidades, desde rebajas en las cuotas a la reprogramación del calendario de pagos. Las realidades son tan variadas como la cantidad de casos.
Hay colegios “con espalda ancha” que capean la emergencia sin mayores dificultades, aseguró Noya. Algunos resolvieron no aplicar ningún plan de financiación pese al aumento de las peticiones de los padres, y otros, como el British Schools, habilitaron a las familias a acogerse a una bonificación para donar dinero al Fondo Coronavirus, como informó El País. Varios también enviaron cartas o mails a las familias donde anticiparon una serie de descuentos. Entre las opciones se incluyó, por ejemplo, eliminar aspectos extraprogramáticos de la cuota, no cobrar intereses por retraso en los pagos, ofrecer financiación escalonada y fortalecer el sistema de becas.
Sin embargo, en no pocas instituciones fue mermando el pago de las cuotas, y eso ha impedido abonar los salarios y otros servicios, según las asociaciones que representan a los colegios. “Hay familias que directamente dejaron de pagar la cuota”, apuntó Arias. De hecho, el porcentaje de morosidad en algunos colegios fluctúa entre el 30% y el 50%, y en ciertos casos supera el 70%. De allí que el financiamiento de varias de estas instituciones —en las que el rubro salarial representa entre el 80% y 85% de su presupuesto—es cada vez más crítico.
La mayoría de los colegios adhirió al seguro de paro flexible resuelto por el gobierno ante la emergencia. Esta modalidad se disparó en la educación privada durante las últimas semanas: el total de envíos a seguro de desempleo parcial o total se aproximó en abril a los 6.000 trabajadores, en más de 100 colegios, según datos de Sintep. En marzo, pasaron al seguro de paro unos 2.700 funcionarios y solo en un día, el 1º de abril, se sumaron 734.
En un principio, la medida afectó “sobre todo a los funcionarios no docentes”, aquellos que no tienen relación directa con los alumnos —en su mayoría administrativos, personal de limpieza, auxiliares de servicio y de mantenimiento—, pero con los días maestros y profesores engrosaron la lista del seguro de paro, indicó Sommaruga.
“Se está yendo todo al cuerno”, dijo, y se explicó: “Hay colegios de Carrasco que no están ‘tecleando’, que reciben cuotas superiores a $ 40.000, y, sin embargo, se acogen al subsidio como posibilidad de ahorro, y otros tantos abusan del recurso de una forma ordinaria y bestial, mientras envían a todo el mundo al seguro de paro”. Y, por otro lado, contó que hay padres “oportunistas”, que pudiendo pagar las cuotas, “de avivados”, no lo hacen.
Lo que más le indigna al sindicalista son “aquellos empresarios que no aceptan perder plata”, y de esa manera “obligan a los gurises a borrarse”, a cambiarse de colegio o a pasarse al sector público, “todo lo cual afecta también su aprendizaje cognitivo”, dijo Sommaruga, que da clases de Filosofía en la UTU y en liceos públicos y trabaja en una instituto privado de contexto crítico.
El sindicalista sostiene que “los padres deben pagar la cuota porque ellos se comprometieron a un servicio, como a pagar por una mutualista, y, aunque la educación ahora no sea presencial, no implica que sus hijos no la reciban” por otros medios.
Para Arias, titular de la asociación de instituciones de educación católica, se debe focalizar la ayuda en las familias más afectadas. Se resiste a la presión por una bonificación generalizada. Explicó que la educación privada planifica todo un año lectivo más allá de las horas y los días de atención, se basa en sistemas de bonificación anuales, por lo que se paga la anualidad entera o en diferentes cuotas, según el colegio. Asumió que una interrupción como la emergente implica un cambio en la forma de organizar el año lectivo, pero remarcó que hoy se trabaja con la misma carga horaria o superior al trabajo presencial.
Arias no supo estimar el impacto de la crisis para los colegios. “No podemos anticiparlo —continuó—, todo dependerá de cuánto dure la pandemia, la suspensión de clases y de cuánto se haya podido avanzar en lo académico: no es lo mismo perder dos meses que cinco”.
Mientras, las familias esperan algo más que gestos y palabras. Hubo padres que se comunicaron con las autoridades de los colegios para pedir rebajas en las cuotas de marzo y de abril, confirmó Búsqueda. Desde los colegios insisten en que las clases no están suspendidas y que deben cumplir sus obligaciones. Noya aseguró que en su asociación no hay colegios con riesgo de cierre en el corto plazo. Aun así, precisó que la continuidad de la emergencia y la gravedad de la crisis económica dejarán a algunos centros “al borde del abismo”.
“Por eso llamamos a las familias a hacer el esfuerzo de pagar las cuotas y a las instituciones a entender el esfuerzo de las familias para asumir los costos en un escenario de recesión económica”, dijo.
La distancia adecuada
Después del económico, el principal reclamo de los padres es saber cómo enfrentar la educación de sus hijos en casa. La interrupción de las clases encontró a algunos colegios más preparados que otros también en cuanto a herramientas disponibles para dar continuidad a los aprendizajes a distancia. Aunque varias instituciones trabajan desde hace años con plataformas educativas pagas y combinan su uso con clases en aulas virtuales o por videollamadas, muchas reconocen hoy la importancia de la plataforma Crea, del Plan Ceibal, para mantener el vínculo docente-alumno durante el confinamiento, dijeron los representantes de los colegios.
Noya y Arias aseguraron que todos sus afiliados pudieron cumplir con lo programado, aunque refirieron a las limitaciones que supone enseñar de forma remota para algunos institutos y a la sobrecarga que implica para los padres hacer que sus hijos estudien en las condiciones actuales. Asimismo, advierten que la virtualidad trajo aparejado un problema adicional sobre todo para los más pequeños, que necesitan a un adulto que los guíe. De ahí la necesidad de que la familia se involucre aun más en el proceso de enseñanza de sus hijos, mientras las autoridades definen un plan de retorno a las aulas.
El Codicen sugirió a los colegios prepararse para un régimen de retorno similar al que se viene aplicando con las escuelas rurales, según informó la diaria. Silva, el presidente del Codicen, apeló a la “responsabilidad” de los empresarios educativos: “Si ustedes quieren anticiparse, vayan preparándose para retomar las clases de forma gradual, escalonado, con garantías de seguridad sanitaria sobre todo para los más pequeños” tras el encierro prolongado.
También queda a criterio de cada institución la opción de abrir durante las vacaciones de julio y de setiembre y de extender las clases más allá de diciembre, o incluso de llevar el fin del año lectivo hasta febrero y empezar antes el curso de 2021.
“Hay familias que no van a querer enviar a sus hijos al colegio por miedo a que se contagien el virus y, claro, si se produce un contagio, todo se puede volver más complicado”, evaluó Noya. Tampoco querrán presentarse algunos profesores, auguró. Las alternativas a estudio incluyen separar los grupos para que haya menos contacto en el aula, dividir las clases en forma presencial y virtual, y en distintos horarios o por turnos.
Pero una cosa es trabajar el distanciamiento social con alumnos adolescentes, y otra “muy distinta” es hacerlo con los más pequeños, en los niveles de inicial y primaria, planteó Noya: “¿Cómo explicarles a los chiquitos que no pueden tocar, saludar, abrazar ni acercarse a sus compañeros o a sus profesores?”. A eso, Sommaruga añadió: “El distanciamiento social con los niños es inviable, te puede durar dos o tres días... al cuarto día ya se acabó, porque los niños, por naturaleza, se amontonan”.