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“Uruguay es la joya de la corona”. Esa fue la descripción que, meses atrás, hizo el colombiano Mauricio Olivera, jefe de una misión que llegó para analizar el sistema de seguridad social uruguayo y explorar caminos de cooperación técnica. Las asignaciones familiares y la extensión que tienen las prestaciones entre los adultos mayores son experiencias que podían servir a un país como el suyo, con “baja cobertura e institucionalidad”, dijo entonces Olivera a Búsqueda.
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Desde 2010 Colombia piensa cómo cambiar su sistema de seguridad social y, entre otras cosas, incorporarle una jubilación mínima universal, como existe en Uruguay; durante este año ya fueron dos las misiones colombianas que llegaron para conocer más a fondo el sistema uruguayo.
Chile también lo mira con atención, mientras discute reformar su régimen de administradoras de fondos previsionales para incorporar una empresa estatal. Así como existe en Uruguay.
En julio, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS) —y titular de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social—, Ernesto Murro, hizo una presentación del sistema uruguayo en Santiago de Chile ante la comisión que asesora en la reforma. El jerarca dice estar en “permanente comunicación” con el ministro de Hacienda de ese país, Alberto Arenas, así como con el presidente de dicha comisión, David Bravo.
Este año, Murro visitó Kazajistán, mientras que los gobiernos de Moldavia y Kirguistán le han pedido que participe en grupos de trabajo. “Estamos trabajando con varios países que están haciendo revisiones y procesos de reformas. Desde 2008 lo venimos haciendo con los ex países soviéticos y de habla rusa, y han venido representantes de siete”, comentó a Búsqueda. “Están interesados en el proceso del Mercosur y en el convenio iberoamericano (que Uruguay suscribió) porque tienen el problema de cómo reconocen los años trabajados en el pasado. Además privatizaron duramente y ahora están yendo hacia atrás en sus procesos de reforma. Polonia, por ejemplo, va a hacer voluntario el sistema de ahorro individual”, dijo.
Murro tiene una posición contraria de ese tipo de sistemas donde cada persona hace aportes a una cuenta individual y luego cobra una pasividad en función de ello. El dinero es manejado en general por empresas especializadas en inversiones —administradoras de fondos previsionales conocidas con la sigla AFAP en Uruguay o AFP en Chile— que cobran una comisión por prestar dicho servicio.
Su posición, como la de la representación sindical en el Directorio del BPS y de parte del Frente Amplio, es a favor del pilar de solidaridad intergeneracional que administra ese instituto: los aportes de todos los trabajadores van a una “bolsa” común y con esos fondos se pagan las pasividades.
Según un análisis presentado en 2013 por Rodrigo Acuña, asesor externo de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, los sistemas de solidaridad intergeneracional en América Latina “están mostrando las crecientes dificultades financieras” que tienen en el largo plazo como consecuencia de las “tendencias demográficas”, la “deficiente estructura de incentivos” que lleva a subdeclarar la renta del trabajo durante gran parte de la vida laboral y sobredeclararla en la última etapa, además de las “ineficiencias de gestión e inflexibilidades en el mercado de trabajo” generadas por la administración pública de los recursos.
En Uruguay conviven desde 1996 ambos regímenes.
En agosto, el BPS envió información del sistema uruguayo a Estados Unidos (EEUU) en el marco de los acuerdos que se firmaron en ocasión de la visita a ese país que hizo en mayo el presidente José Mujica. “Pidieron una reunión con Uruguay por el proceso de formalización de puestos de trabajo así como de relaciones laborales y la negociación colectiva. Organizamos una presentación y tuvimos el honor de escuchar de los representantes de EEUU calificar de impresionante y excelente las dos cosas. Quedó acordado que van a venir autoridades para ver cómo es que logramos ambos procesos”, recordó Murro.
El después de las reformas.
Las reformas hechas en las últimas dos décadas en América Latina “no aumentaron sensiblemente la cobertura” previsional y, según sectores sindicales de Uruguay, Colombia y Chile, hoy se está en los mismos niveles o “levemente por debajo”. A comienzos de agosto la representación de los trabajadores en el BPS presentó en una videoconferencia con Santiago de Chile el informe “Análisis comparativo de los sistemas de seguridad social de Chile, Colombia y Uruguay a 20 años de las reformas neoliberales”.
“Hubo puntos en común en los tres países”, dijo Braulio Zelko, economista de la representación uruguaya que fue acompañado por Carmen Tangarife, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, y Francisco Durán, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo de Chile.
“En todas esas reformas no medió un proceso de consulta social. Los lineamientos estuvieron a cargo de las esferas tecnocráticas. En todos los casos se impusieron empresas privadas con fines de lucro y se redujo al Estado a un rol de control que decía en qué invertir y en qué no”, dijo Zelko.
Al igual que Uruguay, Chile llevó adelantes reformas en 1980 y Colombia en 1993. En Chile se instaló un modelo sustitutivo, donde cada trabajador está afiliado a una AFP y en Colombia un modelo paralelo en donde cada ciudadano elige entre un régimen público o uno privado de pensiones. En Uruguay los trabajadores cotizan al BPS y a una AFAP (obligatoriamente quienes ganan más de $ 35.516 al mes).
Para Zelko, las reformas instalaron “un paraguas donde cada uno se salva como puede” y generaron una “penalización fuerte de género”, ya que las mujeres viven más años pero pueden tener lagunas en su carrera cuando se retiran del mercado para atender a sus hijos. Añadió que también generaron “riesgos implícitos” en la trayectoria laboral de cada trabajador “porque le puede ir bien o mal”, y “riesgos de portafolio” derivados de las inversiones en títulos bursátiles que hacen las administradoras.
“La seguridad social no tiene como objetivo dinamizar la economía sino dar seguridad”, dijo el economista. “Las tres reformas subieron las exigencias jubilatorias y en las tres hay una indefinición del cálculo jubilatorio hasta el momento del retiro. Eso es contra la seguridad del sistema”, afirmó.
El estudio identifica la cantidad de afiliados y aportantes de cada uno de los países, y analiza las comisiones que cobran las administradoras. Colombia tiene las más altas; en Uruguay y Chile son de entre 15% y 22% del aporte.
Hoy los sindicatos colombianos quieren introducir una pasividad mínima que luego sea universal, y que podría financiarse con un fondo de seguridad pensional. En Chile, la instalación de una AFP estatal es vista por los trabajadores como algo que “legitima el sistema”, pero que tiene la ventaja de que “puede haber traspasos que la harían una figura crítica”, opinaron los expositores en la videoconferencia.
