Colombia en otro diálogo con las FARC: la jugada riesgosa de Santos

Casi tan significativo como lo que dijo el presidente fue lo que calló. A pesar de que hay versiones de prensa que indican que ya existe un acuerdo firmado en Cuba para lanzar las negociaciones de paz con la isla como sede permanente, y con el apoyo del gobierno local comunista, de Venezuela, Noruega y Chile, según informó ayer miércoles la radio colombiana RCN, Santos evitó referirse a estos puntos y apenas comentó que en los próximos días se darían a conocer los resultados de los “acercamientos” de su administración con las FARC. “Los colombianos pueden confiar plenamente en que este gobierno está obrando con prudencia, con seriedad y con firmeza”, sostuvo marcando un énfasis especial con su voz.

Las FARC surgieron como una guerrilla campesina de inspiración marxista-leninista en 1964, luego de la sangrienta lucha entre liberales y conservadores colombianos que dejó más de 200.000 muertos en un período denominado “La Violencia”. Autodefinidas como ejército del pueblo y dispuestas a tomar el poder por las armas, con el tiempo adoptaron como métodos de financiación el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que llevó al gobierno colombiano, Estados Unidos y la Unión Europea a definirlas como una organización terrorista.

Los recientes intentos infructuosos de presidentes colombianos para negociar la paz con las FARC incluyeron diálogos en Caracas y México bajo el mandato de César Gaviria (1990-1994) y en la localidad de San Vicente del Caguán durante la gestión de Andrés Pastrana (1998-2002). Este último incluyó la desmilitarización de una zona selvática del tamaño de Suiza como supuesto laboratorio de paz, que duró varios meses y fue utilizada por la guerrilla como lugar de entrenamiento y operaciones de narcotráfico hasta que las negociaciones colapsaron estrepitosamente en 2002.

A estas experiencias se refería Santos cuando en su mensaje dijo que evitaría los “errores del pasado” en su acercamiento a las FARC. El actual presidente colombiano ya había dado señales de que estaba dispuesto a realizar un nuevo intento, aunque siempre indicó que lo haría si la guerrilla demuestra voluntad de negociar en buena fe y dejar de lado sus actividades violentas o criminales. Durante su gestión iniciada en 2010, y que acaba de llegar a la mitad con una importante caída en su popularidad, Santos logró aprobar una ley de víctimas, que admitió la existencia de un conflicto armado en el país, y luego un marco para la paz que abriera la posibilidad de una salida política al conflicto.

Las FARC, por su parte, también declararon el año pasado su disposición a buscar una solución negociada. En febrero anunciaron el fin de los secuestros como forma de “actuación revolucionaria” y en abril liberaron a sus últimos “rehenes” uniformados, un grupo de diez policías y soldados que llevaban más de una década de cautiverio.

“Hay condiciones (para una negociación); no son las condiciones ideales pero son mejores que hace 14 años cuando empezó el experimento del Caguán”, evaluó Armando Borrero, un ex consejero presidencial colombiano en defensa y seguridad nacional consultado por Búsqueda. Sin embargo advirtió que las FARC deben comprender que, tras el fracaso del diálogo en 2002, esta vez necesitan construir confianza unilateralmente para que las negociaciones avancen, con nuevas señales de voluntad de paz como la renuncia al reclutamiento de niños o el uso de minas antipersonales.

¿Ultima chance?

Según Borrero, las FARC parecen haber comprendido que esta puede ser su última posibilidad clara de entablar una negociación que les reporte algún beneficio político concreto. Aunque el grupo mantiene la producción y venta de cocaína como gran fuente de financiamiento de sus actividades militares, en los últimos tiempos ha sufrido una serie de golpes inéditos en su historia. Esto incluye la muerte en noviembre de su líder Alfonso Cano (la primera vez que un jefe máximo de las FARC cayó en combate), quien había reemplazado al conductor histórico de la organización, Manuel Marulanda, fallecido de un paro cardíaco en 2008, año en que también murió el segundo al mando, Raúl Reyes, durante un polémico bombardeo a su campamento en territorio ecuatoriano. El Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, murió en 2010 en otro bombardeo.

Se estima que esta guerrilla tiene actualmente cerca de 9.000 combatientes, una caída considerable de efectivos respecto a los 17.000 que tenía en los años 90, luego de una intensa ofensiva militar en su contra lanzada durante el anterior gobierno de Álvaro Uribe con apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos meses las FARC también han dado señales de seguir activas bajo el liderazgo de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y designado por el Secretariado del grupo para reemplazar a Cano como jefe máximo. Sus hombres han dirigido diversas operaciones mortales contra fuerzas gubernamentales, así como bombas y ataques contra diferentes objetivos, incluidos unos 60 en redes de suministro de energía.

Todo esto complica aún más el escenario para el presidente Santos, que posiblemente deberá conducir las negociaciones con las FARC en medio de persistentes hostilidades en el terreno. Cualquier cese el fuego sería difícil de supervisar ante una organización como las FARC, que tiene al menos 66 frentes dispersos en el país, pero además podría ser interpretado por muchos colombianos como una señal de debilidad de las autoridades. “Para el gobierno es muy claro que cualquier concesión que haga antes de tiempo le puede generar un costo político enorme”, dijo Borrero, aludiendo a la gran impopularidad del grupo armado. “En general los gobiernos en Colombia son muy estables, pero un fracaso en una negociación desestabilizaría a un gobierno a menos que el fracaso sea producido claramente por causa de la guerrilla”.

El factor Uribe

El presidente colombiano tiene además en este momento como su principal opositor al propio Uribe, a quien paradójicamente sirvió como ministro de Defensa. En los últimos tiempos, el ex mandatario fue aumentando el tono de sus críticas a Santos a través de Twitter, acusándolo de abandonar la plataforma de seguridad ciudadana y firmeza contra la guerrilla por la cual fue electo. Uribe, que a su vez debe lidiar con una larga lista de ex aliados y ex colaboradores directos acusados de delitos varios (incluidos vínculos con los paramilitares) se perfila también como el mayor detractor del diálogo con las FARC. “Cómo va a explicar este Gobierno una negociación con unos terroristas que han asesinado a los colombianos”, lanzó el lunes desde Barranquilla. “Lo que va a pasar es que vamos a ver a los generales en la cárcel y a los guerrilleros en el Congreso”.

Según RCN, el acuerdo entre el gobierno y las FARC establece que el diálogo tratará temas generales como “política de desarrollo agrario”, “participación política” y “fin del conflicto”. Pero es de esperar que si se avanza, entre los puntos espinosos de la agenda surja la posibilidad de un indulto o amnistía a los guerrilleros. Desde el Congreso y Poder Judicial colombiano ya han surgido voces alertando sobre este tema. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, sugirió el martes que los delitos de lesa humanidad queden excluidos de las negociaciones, ya que son condenados por el derecho internacional. “Hay que buscar alternativas para superar esa barrera”, declaró.

En su breve alocución, Santos dejó abierta la posibilidad de incluir en un diálogo de paz al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo mayor grupo guerrillero de Colombia, que ese mismo día declaró a la agencia de noticias Reuters su interés de participar del eventual proceso. Torrijos evaluó que el presidente colombiano, proveniente de una familia influyente en la política local, parece motivado por un “afán de pasar a la historia como el gran pacificador” de su país. Y sostuvo que el lanzamiento de un diálogo con la guerrilla le puede dar el respiro que necesita en momentos de dificultades en su gobierno. Pero coincidió en que la jugada tiene riesgos para el mandatario. “De esto depende su reelección”, dijo. “Ningún proceso de paz en la historia de Colombia se había dado bajo la presión de una reelección presidencial”.