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Manifiestamente inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. Así calificó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios el proyecto de ley aprobado el martes 8 en Diputados que prohíbe la exhibición de cigarrillos y derivados del tabaco en los puntos de venta.
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La Asociación de Kiosqueros, con el apoyo de la oposición, había propuesto sin éxito que se dejara exhibir un producto por marca, como ocurre en Colombia, un país que, dicen, logró éxitos en su campaña antitabaco.
Un comunicado emitido por la gremial manifestó su “pesar ante la aprobación de una ley que prohíbe en forma absoluta la exhibición de un producto legal, violando el conjunto de derechos humanos” protegidos por la Constitución.
La opinión contraria a la norma aprobada en Diputados, que cuenta con media sanción del Senado, se basó en un informe elaborado por el constitucionalista Martín Risso, según el cual “la prohibición de exhibir un producto legal en los puntos de venta habilitados no solo es inconstitucional sino que tampoco respeta los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Según la Cámara, “el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ratificado por Uruguay, lejos de obligar a los países miembros a aplicar a rajatabla las directrices que emanen del convenio, obliga a adaptarlas al conjunto de normas constitucionales de cada país”, pero “increíblemente, Uruguay (...) acata como si fuera una orden, las recomendaciones recibidas del exterior”.
Desde la perspectiva de la gremial de comercio, las guías elaboradas por los firmantes del convenio “establecen con toda claridad que las directrices no son vinculantes, ni de cumplimiento obligatorio, sino que son recomendaciones a los países miembros para el tratamiento de estos asuntos complejos” y por lo tanto “no se entiende cómo (...) se acepta como obligatorio algo que no lo es y para cuya aplicación se violan principios constitucionales tan básicos como la libertad de comercio y la libertad de expresión”.
El comunicado destaca también que el plenario de Diputados, que aprobó el texto por 50 votos en 69 presentes, no tuvo en cuenta las modificaciones introducidas por la Comisión de Salud. Dichas modificaciones “intentaron cumplir con el objetivo general de Salud Pública de combatir el consumo de tabaco respetando nuestras normas constitucionales, prohibiendo toda forma de publicidad y acotando la exhibición de productos a un mínimo absoluto de una cajilla por marca”.
Otro de los argumentos en contra de la ley aprobada por el Parlamento es que fomenta el consumo de tabacos de contrabando de dudosa calidad. “La prohibición de exhibir productos legales tiende a equipar a los cigarrillos legales con los que ingresan de contrabando, lo que claramente resultará en un problema aún mayor”.
Fuentes de la Cámara de Comercio indicaron a Búsqueda que, desde antes de la entrada en vigor de esta norma, la tercera marca de cigarrillos de más venta en el país es un producto paraguayo que ingresa de contrabando y que se comercializa a la mitad que los dos primeros.
A comienzos de junio, el candidato del Frente Amplio a la Presidencia, Tabaré Vázquez, consultado por Búsqueda en Buenos Aires, reconoció la prevalencia del contrabando de cigarrillos. El oncólogo, que durante su gobierno (2005-2010) aplicó fuertes medidas antitabaco, prometió, si resulta electo por segunda vez, reforzar también la lucha contra el contrabando.
Para la gremial, sin embargo, “aprobar leyes inspiradas en posiciones extremistas, que no respetan al conjunto de los derechos humanos fundamentales, escapa” a la “cultura institucional” de Uruguay, “caracterizada por la racionalidad y la mesura”.
El diputado del Partido Independiente Daniel Radío dijo en sala que se “despreció” el trabajo de la comisión y que la votación fue “una jugada” del Frente Amplio para aprobar el texto tal como vino del Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta las delegaciones que pasaron por la comisión.
El presidente de la Asociación de Kioscos, Claudio Orrego, lamentó que no se entendiera su posición y dejó abierta la posibilidad de presentar recursos.
Con la aprobación de la modificación a la ley de 2006, Uruguay se convirtió en pionero en la materia junto a Inglaterra, Canadá, Panamá, Seychelles, Mauricio y otros países.
