Comerciantes recurrieron decreto de encomiendas: estimula informalidad

Además, la norma —que reglamentó un artículo de la ley de Rendición de Cuentas de 2010— fijó un tope de cinco encomiendas exentas por persona, por año.

Agrega que dados los “beneficios tributarios implementados” para las encomiendas postales internacionales de entrega exprés, “resultará perjudicado el comercio y consecuentemente la economía” uruguaya.

El recurso insiste en uno de los argumentos manejados por la CNCS días atrás desde su gerencia de Asuntos Institucionales: “El diferencial de precios entre los productos que ingresen al país por medio de esta vía sin el pago de impuestos, será de tal magnitud frente a los artículos que se venden actualmente en el comercio” que las empresas deberán enfrentar una “competencia muy difícil de combatir”, con lo cual perderán ventas.

Indica que el decreto “debió limitar la frecuencia de aplicación del régimen a una sola vez y con carácter excepcional”, y para “productos que no se comercialicen en el país”.

Otra línea argumental del recurso alude a que la disposición del Ejecutivo “vulnera” el principio de igualdad consagrado en el artículo octavo de la Constitución porque se beneficia “solo un sector” del comercio nacional: el de las encomiendas postales internacionales “en desmedro del resto del comercio e industria nacional”.

La CNCS objeta además que el Estado mediante esta reglamentación actúe como “protector del comercio nacional” como lo establece el artículo 50 de la Constitución, porque está “generando medidas distorsivas” y “estimulará el desarrollo de un mercado informal de determinados tipos de productos”.