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    Comercios están “muriendo” o se pasan a la informalidad ante una “entelequia de regulaciones”

    Las normas y requisitos con los que los comerciantes tienen que lidiar para poner su mercadería a la venta y evitar mayores gastos, demoras o multas por incumplimiento dificultan el accionar de las empresas de diversos rubros y es un tema que preocupa a la gremial sectorial.

    “El costo de manejar toda esta entelequia de regulaciones, cada día más enredada y difícil de entender, hace que hasta a las empresas grandes se les complique cumplir con todo, y las chicas no tienen tiempo, no entienden cuál es el trámite que tienen que hacer, no tienen el personal idóneo o no lo pueden pagar”, dijo a Búsqueda el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Daniel Sapelli.

    Es una situación “muy preocupante” porque el pequeño comerciante “termina por rendirse” al no poder cumplir con todo, afirmó, y lamentó que en muchos casos “se pase al informalismo, porque es más simple, más barato y es todo ganancia”.

    Por ello, Sapelli dijo que la CCSU está realizando planteos a distintos niveles del gobierno para “destrabar” regulaciones.

    También aludió a la pesada “estructura” y presión tributaria que enfrentan las importaciones por adelantos de IVA y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Recordó que también los bienes importados están gravados con 3% y 5% —sobre el valor de aduana— por la tasa consular según provengan del Mercosur o de extrarregión.

    Otros “obstáculos” y cargas tributarias que la gremial aspira a despejar con las distintas reparticiones del Estado que correspondan son, por ejemplo, los relativos a la tasa bromatológica y los ensayos de laboratorio y controles que rigen en el rubro de alimentos y bebidas. También se refirió a las “trabas” que enfrenta el sector de vestimenta y calzado al momento de la importación, el pago de aranceles, del anticipo del IRAE y el mecanismo de control de “canal rojo” en las operaciones aduaneras.

    Además, planteó la necesidad de “rever” el listado de bienes considerados “suntuarios” gravados con el Impuesto Específico Interno (Imesi), entre los que se encuentran los automóviles, cosméticos, perfumes, entre otros.

    “Una locura”

    El titular de la CCSU recordó que cuando fundó su empresa, hace tres décadas, fue relativamente rápido cumplir con los requisitos necesarios para que empezara a funcionar. Sin embargo, afirmó que hoy es “complicado” si alguien quiere comenzar a comercializar un determinado producto y conocer rápidamente las normas. “No hay un lugar donde esté todo, hay que empezar a recorrer (oficinas) y juntar la información como se pueda. No es fácil, no está todo en la web, hay que ver el detalle, la letra chica de decretos que tienen años, etcétera. Y todavía es difícil quedarse tranquilo de que no te comiste ninguna norma”, aseguró el empresario.

    “Hoy hay 1 millón de cosas dependiendo del rubro que hay que entender bien para evitar comprar una mercadería que no cumpla con las normativas. Casi todos los productos tienen una regulación de algún tipo”, señaló Sapelli, que es director de D y D, una importadora de juguetes y electrodomésticos.

    Explicó que en muchos casos Uruguay no acepta las certificaciones internacionales de las fábricas que producen los bienes que se quieren importar. “Que nos creamos que tenemos la capacidad de contar con una norma mejor que Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Japón, Estados Unidos… y que no tomemos como válido un certificado que una empresa internacional tiene y con la que cumple con todas las normativas para entrar al mercado europeo o al americano es una locura”, cuestionó. Y añadió: “Pues no nos sirve, necesitamos ver algo más, que el Latu evalúe alguna otra cosa más y que —aunque sea pequeña— haya que pagar US$ 500 para poder ingresar el producto”.

    Explicó que, como el mercado uruguayo es de pequeños volúmenes, a menudo los costos asociados a las regulaciones hacen que no se justifique importar determinado producto o que se opte por uno tan caro que luego resulte difícil vender.

    También cuestionó que haya que renovar un permiso o certificación al año o a los seis meses y volver a pagarlo cuando se trata exactamente del mismo artículo.

    “Es todo para recaudar, es volver a hacer el mismo trámite (…). Todo eso termina impactando en el precio final, y cuanto menos comerciantes haya menos competencia de precio hay. Es una ironía, porque uno dice: ‘Que crezcan las empresas y sean más competitivas’. Pero es al revés, van muriendo y las más chicas se pasan al informalismo” o al “seminformalismo”, se lamentó. “No tengo un dato, pero, cuando baja la venta y se complica, eso pasa”, recalcó.

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