El último comunicado de la Vertiente Artiguista expone la dificultad que en los últimos meses encuentran algunos sectores del oficialismo: respaldar al gobierno de Yamandú Orsi y dejar constancia de algunas diferencias con sus políticas.
Aunque con matices, el sector que integra el ministro de Ambiente respaldó la gestión de Orsi y calificó a la oposición de “reaccionaria”
El último comunicado de la Vertiente Artiguista expone la dificultad que en los últimos meses encuentran algunos sectores del oficialismo: respaldar al gobierno de Yamandú Orsi y dejar constancia de algunas diferencias con sus políticas.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista aprobó una declaración tras su reunión del domingo 2 en la que ratifica su apoyo a la administración de Orsi y destaca algunas medidas en proceso de implementación, como el plan de seguridad pública y la estrategia para atender a las personas en situación de calle.
El sector, que integra el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, no escatima críticas a la oposición política, a la que califica como la “más reaccionaria y provocadora” desde el retorno a la democracia en 1985. “Su conducta destructiva afecta la credibilidad en el sistema político, deteriora la calidad del debate y la posibilidad de alcanzar acuerdos”, dice la declaración.
La Vertiente, no obstante, también expresó discrepancias con el gobierno. El sector cuestionó que el Poder Ejecutivo negocie con Estados Unidos la posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde ese país en el marco de su política migratoria.
“Rechazamos la política migratoria llevada adelante por el gobierno de (Donald) Trump, discriminatoria y violatoria de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos”, dice la declaración. “Por esa razón entendemos que el gobierno uruguayo no debe quedar asociado con esta política discriminatoria, manteniendo las reglas del derecho internacional y de los derechos humanos”.
Los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos negocian la posibilidad de que el país reciba, sobre todo, a ciudadanos cubanos que la administración Trump quiere deportar. La información fue difundida el miércoles por The New York Times y confirmada por autoridades uruguayas, como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Este lunes 3, el canciller Mario Lubetkin aseguró a la prensa que Uruguay no ha recibido todavía una “propuesta concreta”, informó El País.
La relación con Estados Unidos no es el único punto sobre el que la Vertiente criticó al gobierno. La decisión del Poder Ejecutivo de no seguir una de las recomendaciones del Diálogo Social vinculada a las AFAP también provocó malestar en el sector. Sobre ese tema, sin embargo, en la resolución se optó por plantearlo como una “autocrítica”, explicó una fuente al tanto de las conversaciones.
La Vertiente destacó que el proyecto de Rendición de Cuentas, que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento semanas atrás, incorpora cambios al sistema de transferencias para la infancia, una de las propuestas incluidas en el documento final del Diálogo.
“En relación a las AFAP, a iniciativa del Poder Ejecutivo en su momento, se acordó una propuesta que planteaba una nueva gobernanza en el sistema. Posteriormente, el gobierno entendió que no estaban dadas las condiciones para dicha modificación”, describe.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo primar su posición y el gobierno desestimó la idea de crear “un organismo público” para que se encargue de administrar las cuentas individuales de ahorro en las AFAP, que cuando fue planteada causó “ruidos” en el sistema financiero y en círculos empresariales.
Esa decisión provocó malestar en sectores del Frente Amplio y el PIT-CNT. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, criticó el camino seguido por el gobierno y dijo a la prensa que “los acuerdos son para cumplirse”.
La Vertiente declaró al respecto este domingo que ahora es necesario “trabajar para evitar que se deteriore la confianza en el camino de diálogos y acuerdos, que puedan afectar las relaciones entre el gobierno, el movimiento social y los partidos políticos”.