N° 1982 - 16 al 22 de Agosto de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáQuienes leen estas columnas (en caso de que esa gente exista) saben que lo patrimonial es una de mis preocupaciones: cada tanto, cuando alguien deja hundirse un Cilindro, tira abajo un Assimakos o le da por derrumbar alguna casa o edificio relevante, escribo unas líneas al respecto. Es verdad que esos textos suelen ser casi siempre defensivos: por lo general los escribo cuando entiendo se produce alguna barrabasada patrimonial, una de esas que consideran aceptable cargarse lo que sea que haga falta, siempre que se haga en pro del empleo, de un luminoso futuro o de lograr por fin ser “un país de primera”. En definitiva, de lo que sea que haya decidido el encargado de marketing que está detrás de cada uno de esos proyectos “renovadores”.
Cierto, vendría bien proponer cosas como propone Alfredo Ghierra en su proyecto activista Ghierra Intendente. Pero es verdad también que a veces el ritmo de los hechos y el silencio opaco en que estos se procesan, logran que uno termine conociendo los detalles (o peor aún, generalidades) de un proyecto cuando este ya se convirtió en unos hechos consumados. Así es posible desayunarse que el reciente proyecto del Museo del Tiempo propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura para los terrenos que hoy ocupan las ruinas del Dique Mauá y la vieja Compañía del Gas, es ahora una parte ínfima (y que aún está por verse) de un proyecto privado que no tiene la menor relación con el asunto inicial: recuperar para el colectivo una zona que es patrimonio suyo. Y que está viniéndose abajo desde hace 40 o 50 años.
Es interesante que quien aparece como agente de la renovación y del progreso es un viejo conocido del país: Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, el señor que nos dio tardes de gloria con aquel “señor de la derecha” en el caso de Pluna. Para aportar más detalles: el mismo señor a quien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas construyó una preciosa terminal en Colonia y en donde, tras salir de la misma para ir al barco, hay que atravesar una miserable pasarela de chapa con suelo de fieltro reventado, expuesta al viento feroz en el invierno, convertida en horno infumable en el verano. No sé si ese tramo infernal, que todo aquel que ha viajado a Buenos Aires por Colonia conoce bien, es responsabilidad del Estado o de López Mena. Lo que sí sé es que esa pasarela es un elocuente resumen de una forma de entender el trato al pasajero por parte de ambas entidades, la pública y la privada.
En un artículo publicado en la diaria, la arquitecta Laura Alemán desmantelaba diversos aspectos clave del proyecto que incluye “una nueva terminal portuaria, un hotel de lujo, un centro comercial y estacionamientos subterráneos”. Lo que primero ponía en cuestión Alemán era el tema de la venta de la tierra: esos terrenos son públicos, la rambla es patrimonial y por lo tanto de ninguna manera deberían venderse a un particular. He leído comentarios de trinchera en las redes (en las redes aun para hablar de alfajores hay que cavar trincheras) en donde se argumentan cosas como “no sé de qué se quejan si no se usan para nada”, como si los ciudadanos de a pie pudieran ir y ponerse a construir por su cuenta en esos predios.
Si no se usan para nada es precisamente porque desde el Estado se viene haciendo la plancha con el asunto desde hace décadas. Mal la gente por votar gobiernos que hacen la plancha, pero la responsabilidad de hacer algo no es de cada ciudadano, sino de aquellos en quienes los ciudadanos delegan. No, no todo se puede plebiscitar y un país simplemente no funciona si está en estado de asamblea permanente. Funciona cuando quienes tienen la responsabilidad la asumen y la ejecutan de manera transparente, informada e informando a los ciudadanos de su gestión.
En su nota, la arquitecta Alemán señala además otro punto clave: que aun suponiendo que no se vendan las tierras, sino que se dé una concesión o que se entreguen en usufructo, está el asunto del uso que se le va a dar a esa tierra. Y se pregunta: “¿Necesita Montevideo un hotel de lujo y un shopping center en ese enclave de la rambla? ¿Es eso lo que el punto admite o reclama? ¿Es esta la única —o la mejor— respuesta posible al presunto ‘deterioro’ urbano?”.
En un artículo publicado en redes, Alfredo Ghierra se hace una pregunta pertinente: “Quisiera saber cuándo y quién decidió que Capurro no era un buen lugar para poner esta terminal, cuando incluso la Intendencia de Montevideo tenía un proyecto de revalorización de toda esa zona que acompañaba al puerto fluvial”. Y también: “¿Dejó de ser patrimonial la rambla y no nos enteramos? ¿O realmente estamos aceptando que por la plata baila el mono y listo?”.
Yo agrego algunas más: cuando se trata de infraestructuras que afectan los espacios públicos, ¿existe un protocolo que obligue a llamar a licitación?, ¿uno que incluya un balance de los aspectos sociales de esa afectación? ¿Qué garantías se tienen de que la propuesta de López Mena es la mejor para el colectivo? ¿No es esto una variante millonaria de la “charla de pasillo” que tan bien les funciona a algunos en su trato con los poderes públicos?
Por todo eso es que el argumento (es un decir) de que “algo hay que hacer” porque “está todo abandonado” me resulta una pelota al óbol. Una pelota a la tribuna que termina teñida de cinismo cuando quien la patea lleva tiempo siendo parte de las élites que pueden y deben decidir. Lindo que la manera de bajar a tierra la preocupación por hacer algo sea darle el paquete, sin una exposición transparente para la ciudadanía, al señor que transporta a sus clientes que se van de vacaciones como si fueran ganado. Y es que sin un procedimiento que dé garantías, quedamos librados a las bondades o maldades de cada particular y sus buenos vínculos en las esferas.
Entre los años setenta y ochenta, la mafia irlandesa que controlaba Hell’s Kitchen, una zona de Manhattan, decidió que el mejor camino para gentrificar la zona, es decir, para revalorizarla sacando a todos los pobres que vivían en ella, era prender fuego los edificios. A veces con los inquilinos adentro, en caso de que estos fueran reticentes al cambio y al progreso. Visto en perspectiva (ahí está el clásico filme de Phil Joanou, Estado de gracia), eso terminó siendo un error y un exceso: buena parte de los malandros de la mafia local terminaron con sus huesos en la cárcel.
Lo que aquel puñado de criminales no entendió es que no hace falta recurrir al delito para lograr incidir en decisiones que afectan al colectivo. Alcanza con mover los hilos adecuados entre quienes deciden en nombre del colectivo. Así, el progreso y la bonanza para el barrio terminan llegando desde arriba, desde ese punto siempre opaco en donde el Estado se convierte en benefactor antes que nada de aquellos empresarios que saben cómo hacer bien las cosas. No sé yo, pero al final habrá que empezar a creerles a quienes desde el gobierno aseguran que gobernar no equivale a tener el poder. ¿Será verdad?