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Más restricciones a las compras web: sin argumentos. La reciente e intempestiva restricción que el Ejecutivo aplicó mediante un decreto a las compras web (de cuatro envíos anuales en el 2016 a tres en el 2017) es un excelente ejemplo del modus operandis del Frente Amplio en su tercer mandato. Seguramente, con los números de las ventas de diciembre de comercios y shoppings a la vista, el MEF emitió de improvisto un decreto del que ni siquiera se comunicó a la institución que debe aplicarlo: la Aduana. Improvisación y desorganización ya son moneda corriente en el accionar del actual gobierno. Pero falta un tercer elemento que es el más exasperante: la desinformación. Esta resolución se suma a una serie de medidas impopulares que el gobierno se esfuerza en vano por volver racionales y aceptables mediante una contorsión discursiva que fuerza el significado de las palabras. Pero en este caso, tanto la escueta letra del decreto como las declaraciones del subsecretario de Economía y Finanzas en distintos medios, son lisa y llanamente un sinsentido. A continuación, se analizan algunas afirmaciones de las autoridades para exhibir al desnudo el mecanismo de la desinformación deliberada, el dedo con el que el gobierno cree que puede tapar el sol.
1. “Las condiciones normales de mercado se han modificado por lo que se entiende pertinente disminuir la cantidad de envíos que podrán recibirse al año, a fin de que no se desvirtúe el régimen”. Decreto del MEF del 29 de diciembre de 2016.
Es la única justificación que se menciona en el texto del decreto. ¿A qué se refieren con “condiciones normales de mercado”? ¿Qué sería una condición “anormal” del mercado”? ¿Qué extraña modificación ha ocurrido en la esfera de las compras web que ha alterado las “condiciones normales del mercado”? La única alteración que los números muestran es un aumento anual de un 38% en el valor de las compras, y un mayor aumento comparando el mes de diciembre de los últimos dos años (42%). ¿El aumento del consumo modifica las condiciones normales de un mercado? Sencillamente, un absurdo. Pero el gobierno parece sugerir que sí, y que además, hay que castigar esa “anormalidad” con restricciones que reduzcan el consumo, y vuelvan al mercado a la “normalidad”. En realidad, el gobierno no está sugiriendo nada con estas palabras: son un discurso vacío que intenta dar a la fundamentación un aspecto técnico que el ciudadano común no pueda comprender.
2. “En términos prácticos (el cambio) no va a afectar lo que ha ocurrido hasta ahora, porque el promedio de compras por persona que utiliza el régimen son 2,4 por año y el límite es tres”. Subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, en una entrevista al diario “El País”.
Para empezar, si tomamos al pie de la letra esta afirmación, resulta que la medida del gobierno carece por completo de justificación. Si “en términos prácticos”, el cambio no va a afectar lo ocurrido, entonces exclama el sentido común: ¡¿para qué se tomó la medida?!
Pero la cuestión es que en realidad, más allá de este absurdo, la argumentación del subsecretario incurre en un craso error. Pues argumenta que porque el promedio de las compras es menor a tres compras por año, la medida no afectará lo ocurrido. Pero es claro que si el promedio es menor a tres, no solo es porque hay muchas personas que realizan de una a dos compras anuales (que es la mitad de la verdad con la que Ferreri quiere que nos quedemos), sino también porque hay una cantidad considerable, aunque menor, que realiza cuatro. O sea que la afirmación es simplemente errónea: en términos prácticos, el cambio sí va a afectar lo que ha ocurrido hasta ahora. Así que o bien el señor Ferreri no conoce el significado de un promedio, o bien sencillamente considera que en este caso, un número importante de uruguayos equivale a cero.
3. El límite se establece “para que no haya un crecimiento desmedido del régimen”. Pablo Ferreri, en una entrevista al diario “El País”.
“Crecimiento desmedido” es una expresión peyorativa y parcial con la que el subsecretario parece designar algo pernicioso. Similarmente se expresa el texto ya citado del decreto, que señala que el fin de la restricción es “que no se desvirtúe el régimen”. También se podría, a la inversa, decir que la medida impide un “crecimiento libre” del consumo, y en esos términos la cuestión adquiere claramente otra luz. Falta que nos expliquen por qué el aumento de las compras web es un mal a evitar, lo que nos lleva a la última afirmación.
4. “Dado el crecimiento que ha tenido (por las compras web) hay que generar condiciones razonables para que los comerciantes establecidos debidamente no tengan una competencia que termine siendo desleal y se genere un problema”. Pablo Ferreri en declaraciones a “Telemundo”.
El concepto de “competencia desleal” es muy polémico y difícil de determinar. Sin embargo, cuesta comprender cómo los uruguayos que compran en la Web amparados por una reglamentación específica podrían incurrir en competencia desleal para con los comerciantes.
De manera tímida y poco explícita aparece, en la última afirmación, el fondo del problema. Algunos han especulado que detrás de la medida del gobierno están los intereses de los shoppings. En términos de números, por el momento, el valor de las compras web del 2016 representó entre 3% y 4% de los ingresos anuales de los shoppings. Una de las principales observaciones a este respecto es que la medida del gobierno no se justifica, porque el porcentaje es ínfimo, pero en realidad ese no es el nudo del conflicto. El problema es el mismo que está sucediendo en otros ámbitos, siendo el ejemplo más visible el conflicto entre Uber y los taxistas. Las nuevas tecnologías han introducido nuevas formas de intercambio que menoscaban la fuente de trabajo de los actores de la vieja plataforma, pero también, no lo olvidemos, crean nuevas fuentes de trabajo. En nuestro caso, las empresas dedicadas al envío de las compras web se han multiplicado y han crecido exponencialmente. Por lo tanto, si bien la restricción favorecerá (ínfimamente) a un sector de los trabajadores, perjudicará tanto a los trabajadores de esta nueva rama de servicios como a todos los que realizan compras web. Y la pregunta es: ¿se justifica que el Estado intervenga en la economía para beneficiar a unos sectores y perjudicar a otros?
Pero volviendo a la estrategia de desinformación, las sentencias ambiguas en el mejor de los casos, y simplemente absurdas en el peor, tienen aquí el fin de distraer la atención sobre las reacciones más naturales de la ciudadanía ante medidas que le son claramente perjudiciales. Lo que comenzó con un tímido cambio retórico de palabras está convirtiéndose en una práctica discursiva deliberada e inescrupulosamente distorsionante de la realidad.
