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Tras una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) y cuestionamientos de políticos y operadores del mercado de tierras, el Instituto Nacional de Colonización (INC) decidió dar marcha atrás en su intención de comprar el campo del exdirector de ese ente estatal Álvaro Ferreira y sus hermanos, por el que había determinado pagar US$ 3.345.300 a un precio de US$ 6.300 por hectárea.
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Esta semana el Directorio del INC ratificó una resolución adoptada unos días antes respecto a no adquirir ese predio rural y, de esa manera, cambiar una decisión anterior, específicamente la del 30 de mayo de 2018, de acuerdo a las informaciones recabadas por Búsqueda. A diferencia de lo ocurrido en la resolución del año pasado, en esta ocasión los directores del ente modificaron su voto y optaron por no seguir adelante con la transacción.
En la sesión del 27 de febrero el directorio revocó la resolución de la compra de esa fracción, lo que fue ratificado el lunes 11, confirmó a Búsqueda la presidenta de Colonización, Jacqueline Gómez. Argumentó esa determinación en que “el proceso para evaluar la adquisición comenzó en noviembre de 2017 con tasaciones y trámites administrativos, como consultas al TCR, lo que llevó más de un año”.
“Con la información del mercado de tierras, que no es que tenga una gran volatilidad pero que sí tiene sus movimientos, no podemos estar un año y pico para comprar un campo en un escenario de variación de los precios de las tierras”, planteó. Y acotó que “eso es lo esencial”.
Esta semana el Directorio del INC ratificó una resolución adoptada unos días antes respecto a no adquirir ese predio rural y, de esa manera, cambiar una decisión anterior, específicamente la del 30 de mayo de 2018, de acuerdo a las informaciones recabadas por Búsqueda.
En cuanto a si la tasación de la Dirección de Catastro, que fue de US$ 4.900 por hectárea y representa US$ 1.400 menos que la pactada el año pasado por Colonización (Búsqueda N° 2.011), no se tuvo en cuenta para revocar la compra del campo, la titular del INC afirmó que por la normativa legal que lo rige, ese ente estatal “no tiene que pedirle la tasación de Catastro”.
“Ningún operador inmobiliario utiliza una tasación de Catastro para comprar un campo”, enfatizó.
En mayo de 2018 votaron a favor de la compra de ese predio Gómez, que es la representante del Poder Ejecutivo, y los directores Miguel Vassallo, representante del Ministerio de Economía, Julio Roquero, representante de agremiaciones rurales, y Rodrigo Herrero, que figura en ese directorio como representante del Ministerio de Ganadería, pero ocupa el cargo por un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Herrero es integrante del Partido Nacional.
Al momento de darse esa votación no estuvo presente el representante del Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU, Eduardo Davyt, en el Directorio del INC.
Durante la revisión del asunto en cuestión, a fines de febrero y el lunes 11, el directorio votó por unanimidad modificar la postura anterior y no comprar el campo del exdirector. Esta vez los votos a favor de esa determinación fueron de Gómez, Davyt, Roquero y Herrero. Vassallo, que integra el sector de Asamblea Uruguay, renunció el 20 de febrero a su cargo en Colonización para ocupar a partir del 26 de febrero un lugar en la Cámara de Senadores, en reemplazo de la exsenadora Daniela Payssé, quien falleció en diciembre pasado.
Al enfocar sus argumentos respecto a la nueva decisión, la titular del INC se refirió a los plazos establecidos legalmente para que ese ente concrete o no la compra de un campo.
A modo de ejemplo, comparó que las tierras que son ofrecidas a Colonización con base en el artículo 35 de la Ley 11.029 y otras normas modificativas, tienen un plazo de 20 días hábiles para que el organismo defina si son compradas o no.
“Con la información del mercado de tierras, que no es que tenga una gran volatilidad pero que sí tiene sus movimientos, no podemos estar un año y pico para comprar un campo en un escenario de variación de los precios de las tierras”, planteó la presidenta de Colonización.
Eso señaló en cuanto a que todo propietario antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior a 500 hectáreas de índice de productividad Coneat 100 está obligado a ofrecerlo, en primer término al INC, que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago.
Mientras que en el caso del predio del exdirector del ente estatal se trató de una compra directa de una fracción afectada a la ley de Colonización, y aunque no se trata de un ofrecimiento por el artículo 35, el proceso llevó más de un año, comentó.
Respecto a si solamente pesó el argumento del tiempo transcurrido para cambiar de decisión y no se consideraron otros factores, como las observaciones del TCR, entre otras, Gómez indicó que esas observaciones “fueron respondidas con los roles legales que tiene el INC, excepto la disponibilidad (de fondos) en el momento en que se tomó la determinación” de comprar el campo, en mayo de 2018.
Ese ente, que implementa la política oficial de tierras, cerró el ejercicio del año pasado con una ejecución del 100% del rubro para la adquisición de tierras, pero quedaron cuatro campos sin comprar, que comprenden unos US$ 10 millones.
“Si hay una institución con una base de datos fuerte y robusta es Colonización, por la que pasaron en los últimos años más de 250 negocios de compraventa de tierras reales entre privados que abarcaron más de 330.000 hectáreas”, dijo Gómez.