Goebertus describió esa política migratoria de Estados Unidos como violatoria de los derechos humanos, porque muchas personas “han sido detenidas arbitrariamente”, no tuvieron la oportunidad de defenderse y fueron deportadas sin tener la posibilidad de elegir el destino.
La directora de HRW dijo que si Uruguay acepta el pedido de Estados Unidos, debería tener una estrategia clara para recibirlos, garantizar sus derechos y ofrecerles “programas de integración socioeconómica que les permita reconstruir su proyecto de vida” en el país. “Si no es para protegerlos, Uruguay se volvería cómplice de la cadena de violaciones a derechos humanos que vienen sufriendo estas personas”, advirtió.
A continuación, un resumen de la entrevista que Goebertus mantuvo con Búsqueda.
—HRW ha hecho un seguimiento de la política de deportaciones que lleva adelante Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que arriban?
—Desde que inició la segunda administración Trump, empezamos a documentar los casos, en primer lugar, de la deportación de personas de Medio Oriente, hacia África, hacia Costa Rica, entre otros. En el caso particular de Panamá, eso incluyó personas de Afganistán, Irán, Rusia que estaban huyendo por persecución política. En el caso de Costa Rica, incluyó también a menores de edad. Luego documentamos en mucho detalle la deportación de 252 venezolanos a El Salvador, que es tal vez a la fecha el caso más grave. Estas personas estuvieron detenidas durante tres meses en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida como el Cecot, y nosotros pudimos documentar y verificar además con expertos forenses que fueron torturados de manera sistemática durante todo el tiempo que estuvieron allí. Los golpearon prácticamente todos los días, tres de ellos incluso sufrieron violencia sexual. Fueron personas que además después fueron enviadas de vuelta a Venezuela en una situación muy difícil, muchos de ellos habían huido de la persecución en Venezuela y fueron enviados de regreso luego de la tortura en El Salvador.
Más recientemente venimos documentando un caso que quizás puede ser más similar a lo que podría esperarse que suceda en Uruguay, que es el caso de los más de 4.000 cubanos deportados a México. México los recibe, no los detiene propiamente, pero los deja confinados básicamente a Tapachula y Villahermosa en el sur de México. Son personas que quedan en un total limbo jurídico, no pueden regresar a su país porque Cuba no los recibe, no pueden regresar a Estados Unidos donde han vivido más de los últimos 10 años de su vida y en México no han recibido estatus legal. Muchas se encuentran en una situación de total indefensión, sin una carta de identidad básica que les permita acceder a bienes y servicios públicos básicos, por ejemplo, atención médica, viviendo incluso en las calles.
Hay una cadena de distintas violaciones a derechos humanos. En primer lugar, las violaciones en Estados Unidos porque muchas de estas personas han sido detenidas arbitrariamente. Durante la detención en Estados Unidos hemos documentado mal acceso a tratamiento médico, situaciones de hacinamiento, frío extremo, falta de alimentación adecuada. Luego hay violaciones en el debido proceso en la deportación. Estados Unidos tiene al menos dos obligaciones internacionales claras en esto: una es permitirles a los migrantes solicitar asilo y no puede deportar a personas a lugares en los cuales pudieran sufrir tortura o ser perseguidos. Las personas han sufrido distintas violaciones en los lugares a los que llegan, desde la tortura sistemática o violencia sexual en El Salvador, pasando por la detención arbitraria en Panamá y Costa Rica hasta una situación de total indefensión, como sucede con los cubanos en México.
—Esta estrategia de Trump no es una sorpresa, fue una promesa de campaña. El gobierno de Estados Unidos está cumpliendo una promesa y deportando gente que en la amplia mayoría de los casos está en situación irregular en el país. ¿Cómo le explica a alguien que aún así Estados Unidos no puede llevarla a la práctica?
—Voy por partes. Lo primero, es cierto que los países tienen derecho, cualquiera, Estados Unidos y todos los demás, a decidir quién entra y quién no entra a su territorio. No existe un derecho humano a fronteras abiertas. Lo que existe es una obligación de los Estados mínimamente a que una persona que ha sufrido persecución tenga derecho a solicitar asilo en ese país. Y segundo, nadie puede ser deportado a un lugar en el cual pudiera sufrir tortura o persecución. Esos dos elementos son esenciales. Los países en América Latina tienen obligaciones más expansivas por la declaración de Cartagena, pero Estados Unidos por la Convención de Refugiados tiene esas dos obligaciones. Son las que se están violando. En la práctica, el gobierno Trump no ha deportado más personas en promedio que las otras administraciones. Si uno mira en comparación con la administración Biden o incluso con la administración Obama, tanto Obama como Biden deportaron más personas al mes.
En ese sentido, la promesa de mayor cantidad de deportación no se está cumpliendo. Lo que se está generando es deportación con más violación de derechos. Típicamente en el pasado se agotaban los recursos, las personas que eran solicitantes de asilo no eran deportadas. Lo que está sucediendo acá es que hay un interés propagandístico de mandar una amenaza: “esto es lo que les puede pasar si vienen a nuestro país”. Hay que recordar en su momento a la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, yendo a El Salvador y filmándose en la cárcel de máxima seguridad con salvadoreños detenidos detrás. Hay menos deportaciones, pero son más estelares, más violadoras de derechos, yo creo que con un fin de amedrentamiento.
—Uruguay está negociando ser un país receptor de personas deportadas desde Estados Unidos, aunque no está claro cuál es el alcance y tampoco está cerrado el asunto. Hay dirigentes de izquierda que cuestionan que el gobierno tome esta medida porque lo haría cómplice de este tipo de política. ¿Es una crítica válida?
—Creo que la pregunta más importante en el caso de Uruguay es otra: ¿de recibir migrantes de terceros países, está en condiciones de garantizar la protección de sus derechos? ¿Por qué lo digo? Porque un acuerdo de recepción de migrantes no es per se ilegal. Uruguay es, por supuesto, en términos comparados en América Latina un país que en términos generales respeta los derechos humanos, que podría garantizar a los migrantes una atención a sus derechos. Si el acuerdo con el Uruguay se basa en recibir a migrantes para permitirles la solicitud de asilo, ofrecerles una vía de regularización y permitirles una integración socioeconómica, esa puede ser una oportunidad muy importante para migrantes que hoy vienen de una cadena previa de violaciones a sus derechos. De ahí que yo creo que la pregunta más importante en el escenario político uruguayo es si se va a recibir migrantes, en qué condiciones y con qué garantía de sus derechos. Si no es para protegerlos, Uruguay se volvería cómplice de la cadena de violaciones a derechos humanos que vienen sufriendo estas personas.
Migrantes de Cuba en Montevideo, durante una manifestación contra su gobierno.
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
—¿Uruguay puede ser un destino amigable para cierta gente?
—Uno de los retos de lo que está sucediendo es que estas personas, lo vimos, por ejemplo, en el caso de los cubanos deportados a México, no están pudiendo escoger a dónde quieren ir. Y eso, por supuesto, es violatorio de sus derechos. Las personas deberían, en principio, si efectivamente se cumple con el debido proceso, ser enviados a su país de origen. El reto con los cubanos es que Cuba no está dispuesto a recibir a muchas de estas personas que habían salido antes del país. De ahí que, insisto, la pregunta más importante para Uruguay es en qué condiciones recibiría a estas personas.
—¿Qué condiciones mínimas debería pensar Uruguay para llevar adelante una política de este tipo?
—Diría que son tres componentes esenciales. El primero, garantizarles la oportunidad de solicitar asilo cuando sean efectivamente personas sujetas de la solicitud de asilo. Segundo, garantizar para aquellas personas que no estén en una situación de poder solicitar asilo, un sistema de regularización para poder garantizar que tengan un estatus jurídico lícito en Uruguay. Y el tercero, acceso a programas de integración socioeconómica que les permitan reconstruir su proyecto de vida en Uruguay. Lo que creo que no debería hacer en ningún escenario es recibirlos para luego tratar de ver cómo resuelve el problema de ejecución. Eso solamente dejaría en mayor riesgo a estas personas.
En términos de la capacidad de ejecución, el caso de México es emblemático porque existe el derecho de asilo, pero en la práctica los tiempos se han extendido muchísimo. El mayor reto en el caso de México es que muchas de estas personas no califican bajo los requisitos locales para ser solicitantes de asilo, dada la cantidad de tiempo que estuvieron en Estados Unidos. Y no existe hoy en México para ellos una ruta de regularización jurídica. Eso es una lección aprendida muy importante para Uruguay, que ha tenido en general un régimen más o menos sólido en materia de asilo, pero que necesita una política fuerte de regularización para aquellas personas que no estén dentro de los requisitos de solicitantes de asilo y que pudieran llegar al país vía estas deportaciones y quedarse en un limbo jurídico si no se les ofrece una ruta concreta de regularización en Uruguay.
—En las primeras salidas, autoridades del gobierno planteaban esto como una opción humanitaria de recomposición de familias. ¿Esa lógica de deportación, teniendo en cuenta los antecedentes, es una práctica común? ¿Sería una novedad si Uruguay consigue acordar con Estados Unidos ese tipo de características?
—Hasta el momento, en lo que hemos documentado, no ha operado un análisis de ningún tipo de conexiones previas familiares. Todo lo contrario, las personas han sido expulsadas a lugares en los cuales no tenían ninguna conexión en la mayoría de los casos. La frase de que esto es “por razones humanitarias” fue una frase que originalmente dijo la presidenta Sheinbaum en México y es su justificación para recibir a estos cubanos en México. En lo que nosotros pudimos documentar, la situación de estos cubanos es de total indefensión humanitaria. Muchos de ellos, además, enfrentándose a la violencia del crimen organizado en los lugares a los cuales han sido confinados para permanecer.
—¿Tienen algún perfil ustedes que hayan identificado entre quienes han sido deportados, al menos hasta ahora, a los países de Latinoamérica?
—Ha cambiado mucho, a Costa Rica, por ejemplo, enviaron familias con niños, a Panamá enviaron también muchas mujeres, a El Salvador solo eran hombres, en el caso de México son sobre todo adultos mayores. Sí te diría que es contrario a lo que ha dicho la administración Trump acerca de que eran los más malos de los malos; nosotros hemos podido documentar que la gran mayoría no tenía ningún antecedente judicial. En el caso de los venezolanos enviados a El Salvador, solo el 8% tenía alguna condena por delitos violentos o potencialmente violentos y estos eran los que supuestamente estaban mandando porque eran miembros del Tren de Aragua. En el caso de Costa Rica y de Panamá, no había ningún alegato de Estados Unidos de que fueran personas que tuvieran antecedentes y, en efecto, no tenían ningún antecedente. Algunos de los cubanos tienen delitos menores en Estados Unidos, cosas de tránsito, etcétera; pero de nuevo: estaban lejos de ser miembros de redes de criminalidad organizada. Diría que ese es el eje común, que, contrario al discurso, no son personas que estén participando en redes de crimen organizado, muy por el contrario, pero el perfil etario, de género varía según los casos en los distintos países.
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