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Todo parece indicar que la aprobación del nuevo protocolo sobre prevención de la violencia de género dentro del Frente Amplio no será un mero trámite. La discusión se inició luego de que la fuerza política se declarara “antipatriarcal” en 2016. Cuatro años más tarde se aprobó el primer protocolo para actuar ante casos de violencia y tiempo después se puso en revisión, en el entendido de que necesitaba ajustes. La discusión se vio alimentada por la denuncia por acoso sexual que presentó en 2023 la entonces diputada suplente Martina Casás contra quien era titular de la banca, Gustavo Olmos.
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El proceso de discusión finalizó con un nuevo borrador de protocolo, cuya aprobación estaba prevista para julio o principios de agosto. No obstante, la votación será postergada, en la medida que surgieron nuevas propuestas de modificaciones al texto, dijo a Búsqueda la presidenta de la Comisión de Género, Diversidades y Feminismo del Frente Amplio, Florencia Astori.
“El documento se puso a circular en la estructura, dimos un margen de tiempo para recibir aportes de sectores, coordinadores y comités de base. Ahora estamos sintetizando esos aportes. Todavía no se terminó ese proceso pero, en cuanto se termine, la nueva versión volverá a circularse y se presentará en el plenario de setiembre”, explicó.
Según dijo Astori, se trata de “cuestiones que permiten mejorar la herramienta”, algunas “más de forma y otras de contenido”, lo que justifica el tiempo extra de espera para poder perfeccionar el protocolo.
Las modificaciones más sustantivas que plantea el nuevo texto son, por un lado, ampliar el alcance del protocolo al ámbito privado o doméstico y, por otro lado, que aplique a todos quienes representan a la fuerza política en cargos en el gobierno, aunque no estén adheridos al Frente Amplio.
El primero de los cambios estuvo motivado por la discusión que se produjo en la interna del Frente tras el caso, en 2022, del exdiputado comunista Gerardo Núñez, a quien la Justicia le impuso medidas cautelares de alejamiento por una denuncia de violencia de su entonces pareja. En el Tribunal de Conducta Política del Frente no había consenso sobre si podía intervenir, aunque el tema terminó siendo saldado por el Partido Comunista, que aceptó la renuncia de Núñez a la banca. Desde entonces se comenzó a discutir la necesidad de que el protocolo del Frente se amplíe a los casos domésticos.
En cuanto al segundo cambio, el texto establece que quienes representen a la fuerza política “deberán acordar explícitamente regirse bajo este protocolo”. A su vez, amplía la categoría de posibles víctimas de violencia basada en género a “mujeres y disidencias”.
Críticas
La propuesta de protocolo está enfrentando la crítica silenciosa de varios dirigentes de primera línea del Frente Amplio, que consideran que puede provocar más problemas que la normativa vigente en la fuerza política.
El punto referente a la violencia privada es el que causa más incomodidad en algunos dirigentes. Según dijeron a Búsqueda fuentes del Secretariado del Frente Amplio, son varios los sectores e incluso dirigentes de base que están “preocupados” por cómo se procesa el tema. El problema, sostuvo un dirigente, no se daría ante los casos más flagrantes de violencia de género, sino que podría emerger, por ejemplo, ante situaciones más “vidriosas” que puedan generar disyuntivas sobre cómo compatibilizar lo establecido en el nuevo protocolo con el principio de inocencia. A su vez, algunas voces consideran que, si bien se trata solo de un protocolo de actuación, en los hechos tiene “incidencia” en cómo funcionan los estatutos del Frente Amplio, por ejemplo. “Es algo que no termina de convencer”, resumió una fuente del Secretariado de la izquierda.
Entre quienes consideran que deben hacerse modificaciones al texto, hay dirigentes del Movimiento de Participación Popular y de sectores que en 2024 estaban alineados con la precandidatura de la vicepresidenta Carolina Cosse, entre otros. Varias fuentes consultadas por Búsqueda aseguraron que una de las voces más críticas con el protocolo fue el sector Seregnistas, que albergaba a Casás y Olmos al momento de la denuncia y que mayoritariamente respaldó al diputado (quien falleció en setiembre de 2025).
Consultada al respecto, la participante del sector en la Comisión de Género, Ema Wilkins, se limitó a decir que “Seregnistas, como el resto de los sectores del Frente Amplio, está discutiendo y realizando aportes a un borrador que está en proceso de discusión interna”. Otra fuente del sector especificó que el nuevo texto tiene “modificaciones” aportadas por sus compañeras “que mejoran mucho” el protocolo, aunque “sigue teniendo que hacerse algún ajuste y se postergó por todos los aportes que se recibieron de la estructura”.
La semana pasada, Casás le ganó un juicio laboral a Marea Frenteamplista, el sector que integraba Olmos y que es parte de la orgánica de Seregnistas. El fallo, que será apelado por la agrupación, ordenó que la exdiputada suplente sea indemnizada por despido abusivo y consideró probado el acoso sexual. Este pronunciamiento judicial se da luego de que la Justicia penal archivara en junio de 2025 la denuncia contra Olmos por abuso sexual, y que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio determinara que el abuso no había sido probado. El pasado 23 de julio, Casás dijo a Búsqueda que “sería justo” que el Frente revisara esta última resolución.
La postergación de la aprobación del protocolo por parte del Plenario Nacional del Frente Amplio fue comentada este lunes 3 en la Mesa Política del partido. Allí se informó que en setiembre se realizará otro plenario que se destinará a la aprobación del texto.
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