Con el “nombre” de Uruguay “en juego”, el oficialismo votó cambios en impuesto a la renta empresarial exigidos por la UE

El proyecto, que había sido remitido por el MEF al Senado hace menos de un mes, busca enmendar observaciones realizadas a Uruguay por el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas de la UE, un ámbito para evitar la competencia nociva entre los Estados en materia de renta empresarial. El año pasado el gobierno se comprometió a aprobar los ajustes en 2022, a efectos de ponerlos en vigor en enero de 2023, sin un lapso de transición, recordó Biestro.

Además, agregó, la nómina de jurisdicciones no cooperantes es tomada en cuenta por otros Estados que pueden no ser miembros de la UE. “Es muy fácil entrar en esas listas, pero luego es muy difícil salir de ellas”, subrayó.

La directora de la Asesoría Tributaria dijo que ya están armando el un decreto reglamentario de la ley.

¿Qué impacto?

Manteniendo, en términos generales, la premisa del principio de la fuente para las rentas empresariales, el proyecto del Poder Ejecutivo que incorpora las recomendaciones de la UE solo aplica para entidades que formen parte de grupos multinacionales, sin disponer un umbral de renta.

El senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, comentó que se trata de un tema “extremadamente técnico, pero que también tiene consecuencias en términos políticos por la visión” de algunos organismos internacionales sobre Uruguay y por lo que “pueda suceder con la lógica de la instalación de algunas empresas en el país”. Interpretó que la estrategia del MEF es “cumplir con el mínimo imprescindible” para evitar ser catalogado como “un régimen nocivo en términos fiscales”. Preguntó: “¿Cuál sería el impacto de tomar el otro camino, o sea, el de gravar las rentas pasivas en el exterior?”.

El blanco Jorge Gandini también planteó alguna duda: “Estamos tratando de cumplir con el mínimo. Ahora bien, ¿cuánto nos impacta? Porque parece ir exactamente en el sentido contrario de otras normas que hemos aplicado sobre residencia fiscal y demás a quienes intentan radicarse en el país o estimular la radicación en el país de determinadas empresas”.

“Siempre estamos igual; hace más o menos 50 años que intentamos vender algo a la Unión Europea y lo único que nos pide son reformas tributarias. La verdad es que a veces se hace difícil vivir en este mundo cuando quien amenaza a la Unión Europea es un paisito de 3 millones de personas, ubicado en una región bastante compleja”, se quejó el colorado Raúl Batlle. Y preguntó a la delegación si cuenta con un cálculo “acerca de cuánto estaría perdiendo Uruguay (…). En el caso del software, todos sabemos que hay una industria muy grande que obviamente puede verse impactada, así como otras industrias que recientemente han venido a establecerse en nuestro país. Me refiero a grandes empresas (...) multinacionales muy importantes a nivel de la región y fuera de ella, pero que a mi modo de ver pueden verse impactadas”.

El presidente de la comisión, el nacionalista Sergio Botana, defendió el proyecto de ley en el entendido de que “viene a hacer ajustes coherentes con toda la historia tributaria del país, más allá de quién estuviera en el gobierno. (…) Estos ajustes se hacen porque deben realizarse. Es cierto que los plazos apuran y hay que reconocerlo (…). Acá se trata, sencillamente, de evitar la utilización de un sistema sólido, bien pensado y estructurado para que algunos actores terminen desprestigiando el país y su sistema tributario y ubicándonos dentro de un conjunto de naciones en el cual no queremos estar. Me parece que no tenemos que pensar esto en términos de lo que ganamos o perdemos; está en juego el nombre de Uruguay, que es lo más importante”, argumentó.

Biestro contestó a las preguntas de los senadores. “El foco está puesto en atacar aquellas empresas que se denominan ‘de papel’, es decir, que no tienen sustancia económica, no crean empleo, no desarrollan una actividad efectiva acá. Lo que estamos proponiendo es que la empresa pueda seguir considerando las rentas pasivas generadas en el exterior como rentas de fuente extranjera, siempre y cuando genere una sustancia acá en el país. Por lo tanto, no hay desestímulo, ya que lo que no se va a fomentar —por así decirlo— es el mantenimiento en Uruguay de estructuras de papel o cascarón que no crean empleo ni actividad. Entonces, no hay una pérdida de recaudación” ni “desestímulo”, dijo.

La jerarca acotó que estos cambios planteados tampoco tienen “absolutamente nada que ver” con la configuración de residencia fiscal de los individuos.

Después que se retiró la delegación, Botana pidió a los senadores aprobar el proyecto ese mismo día. Sánchez dijo que Frente Amplio no estaba en condiciones de votarlo en ese instante; el presidente de la comisión le planteó que votara y “esperar su consideración para elevarlo al plenario”. El frenteamplista repitió su postura y argumentó que su partido está haciendo consultas internas de tipo generales y sobre algunos artículos específicos. “No tengo problema en que lo voten hoy, es una decisión de la bancada de gobierno, pero no entiendo la premura”, dijo Sánchez.

La versión taquigráfica se suspendió, el frenteamplista salió de sala y el oficialismo votó el texto.