“Es un riesgo, sí”. La preocupación es de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Para ella, la posibilidad de que el Parlamento instale una comisión investigadora sobre la planta regasificadora puede afectar el futuro del proyecto, para el cual están en marcha llamados a interesados en contratar el suministro y construir el muelle para el buque regasificador.
Sus dichos llegaron a oídos de los diputados. Sin embargo, la decisión que ya se sabía no cambió: 49 votos de los partidos de oposición y la rebeldía del oficialista Gonzalo Mujica fueron la llave para que se abra una nueva investigadora. Sobre las 22 horas de este miércoles 16, luego de siete horas de debate, los legisladores marcaron que por primera vez en lo que va del período el Frente Amplio perdió una votación.
La comisión pre investigadora analizó durante este lunes y martes la denuncia de 17 páginas —más documentos anexos— presentada por el nacionalista Pablo Abdala. Las acusaciones se centran en tres áreas: los indicios de corrupción entre los anteriores gobiernos de Dilma Rousseff, en Brasil, y de José Mujica en Uruguay; las irregularidades del proceso de adjudicación de la obra al consorcio GNLS y a la constructora brasileña OAS; las pérdidas que generó el proyecto, y la falta de transparencia.
Este miércoles la oficialista Lilián Galán (MPP) presentó el informe de la mayoría que recomendó no habilitar la investigación ya que “el surtido de denuncias” no tiene sentido, porque el proyecto de la regasificadora “finalizó por causas ajenas al gobierno”. E incluso fue más allá y dijo que “es lamentable a los extremos que se llega por un mínimo rédito político”.
También atacó la sospecha de Abdala por la llamada “conexión brasileña”. Cuestionó que haya presentado “unas fotocopias” como prueba, lo que, dijo, incluso “podría constituirse como un delito de difamación”. “¡Que me explique si esto no es un show mediático!”, agregó.
Pero Abdala está convencido de que algo huele mal en el nombre Fernando Pimentel. Hoy es el gobernador de Minas Gerais. En 2013 era el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Rousseff, y desde ese cargo “habría realizado gestiones” ante el gobierno de Mujica “para lograr que se otorgaran a OAS” las obras de la regasificadora. “A cambio de eso habría cobrado de la constructora una coima por tres millones de reales”, asegura Abdala en base a la declaración de un empresario brasileño en la Justicia de ese país en el marco de la operación Acrónimo, que publicó el diario “Folha de São Paulo”. El empresario relató que la gestión de Pimentel fue hecha ante “el jefe de la Casa Civil” de la administración Mujica y que la comisión fue cobrada en seis pagos de 500.000 reales, según consta en el acuerdo de delación presentado por Abdala.
Asimismo, cita que en esa causa se incluyeron escuchas telefónicas e interceptación de mensajes del ex presidente de la constructora OAS, José Aldenario Pinheiro, hoy en la cárcel por el pago de coimas. El empresario hizo gestiones para el ex presidente Luis Inácio da Silva (Lula), y entre ellas, organizó distintos viajes a los países de la región donde Lula visitaría obras de la constructora. Uno de sus destinos era Uruguay en enero o febrero de 2014.
El blanco Jorge Gandini (Alianza Nacional) presentó el informe en minoría respaldando que se instale la investigadora. Remarcó que “la denuncia es seria” y que se debe investigar por qué se otorgó la obra a GNLS cuando las empresas que la integran tenían pésimos antecedentes.
“Gas de Suez France en su filial Brasil ha sido investigada en Brasil reiteradas veces por delitos tributarios. Su socia Marubeni, la japonesa, ha sido denunciada por lavado de activos. La Justicia de Estados Unidos condenó a Marubeni por sobornos y lavado en Indonesia y Nigeria”, dijo. Y agregó que “debieron ser descalificadas” porque “para peor, después contrataron a OAS, una empresa brasileña de las más vinculadas a negociados y sobornos en los países de la región”.
En alusión a la denuncia vinculada a Brasil, Gandini sostuvo que “si se dice que tuvo contactos y que arregló que le diera la obra a OAS con el jefe de la Casa Civil del presidente José Mujica, puede haber sido cualquiera”. “¿Es la OPP? ¿Es Presidencia? O capaz que habló con el Pato Celeste? Pero ¿no hay que investigar estas cosas?”, agregó.
El denunciante Abdala sostuvo que durante el proceso que siguió el proyecto de la planta regasificadora “hubo errores y excesos de confianza”, así como ilicitudes e irregularidades” que necesitan ser investigadas.
El colorado Walter Verri alegó que su partido votaría la comisión porque considera que “hay sospechas” que “se deben investigar” porque las acusaciones “son graves; dicho más claro: corrupción”.
El independiente Iván Posada también pidió que se investigue.
Recordó que la instalación de una planta regasificadora se dio en el marco de una necesidad energética y que “garantizaría la soberanía del país”. Pero acotó: “Ahora, es necesario investigar si hay sospechas y estaríamos en el horno si, como dice la ministra, la creación de esta investigadora pone en riesgo su construcción. Si es así, algo está mal”.
Eduardo Rubio, de Unidad Popular, afirmó que “hay elementos de sobra para investigar”. “OAS coimeó a todos los partidos y acá hay un testimonio en la Justicia de un empresario que habló con Pimentel que hizo una gestión ante la Casa Civil, en Brasil equivale al secretario de Presidencia. ¿Pasó esto y el presidente no lo supo? Porque OAS sí se quedó con la obra”, agregó.
El libreto de O Globo.
En el Parlamento, el debate se centró en el documento de la Justicia brasileña y también los ataques cruzados.
El frenteamplista autoproclamado independiente, Gonzalo Mujica, fue la pieza que volcó la balanza. Se reveló contra su bancada semanas atrás por la investigadora sobre los negocios con Venezuela, pero en ese entonces Unidad Popular dio su voto al Frente Amplio. Esta vez no y la mano de Mujica pesó.
La documentación vinculada a Brasil fue lo que determinó su posicionamiento. “No es una denuncia cualquiera, es una denuncia cometida en otro país para que se viniera a hacer acá ante el Poder Ejecutivo. No sé ante quién se hizo, si se hizo o no, lo que sé es que a alguien se lo acusa de haber cobrado U$S 1 millón. Esto es el centro del debate”, aseguró.
Y justificó que no vota junto a su partido porque “el uso de las mayorías no se le consulta a la gente por cada tema”. “Con la convicción que tengo de investigar escondiéndome detrás de las mayorías no me estaría considerando un hombre disciplinado sino un cobarde”, agregó.
Por otra parte, el oficialista Oscar Groba (Espacio 609) cuestionó la validez de la denuncia de Abdala. Dijo que se trata de unas fotocopias con firmas ilegibles y que ni siquiera está traducido. Además, sostuvo que no se siente cobarde sino que su decisión se basa en “razonar políticamente”.
Su correligionario Pablo González (Lista 711) ironizó que “no se sabe si se presentó el libreto de la próxima novela de O Globo o qué, pero lo que es seguro es que no tiene ninguna validez”.
El denunciante Abdala insistió en defender sus pruebas y dijo que “si no se quiere investigar, que no se investigue, pero estos cuestionamientos son penosos”.
El festejo.
Pasadas las 21 horas quedaban los últimos legisladores en hacer uso de la palabra. El frenteamplista Alejandro Sánchez (MPP) planteó que la oposición daba otro debate: el del rol de las empresas públicas. Aseguró que para que “exista desarrollo en el país debe existir disponibilidad de energía”. En ese marco, dijo, fue que se planteó instalar una planta regasificadora. “El mercado va a demandar mayor cantidad de energía y no se van a insertar inversiones si no la hay. Así que se verá las consecuencias en un tiempo”, sostuvo.
Oscar De los Santos (Alianza Progresista) dijo que “es legítimo el festejo de la oposición” por lograr instalar la comisión investigadora. Aseguró que “los actos fueron hechos con total transparencia” y resaltó que “las condiciones en que Uruguay cambió la matriz energética no tiene antecedentes en el país”.
Sobre las 22 horas la Cámara de Representantes se pronunció. Los 49 votos de blancos, colorados, independientes, el Partido de la Gente y de Unidad Popular sumados al del frenteamplista Mujica, dieron los 50 necesarios para instalar la investigadora. La comisión trabajará durante seis meses y estará integrada por 11 miembros: seis del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno del Partido Independiente y Rubio, de Unidad Popular.
Información Nacional
2016-11-17T00:00:00
2016-11-17T00:00:00
