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Las propuestas de combate contra la inseguridad estallaron como fuegos artificiales en la campaña de las internas y se profundizarán para las nacionales. Comprensible porque se trata del mayor reclamo de los ciudadanos sin distinción de partidos. Sin embargo algunos datos pasan inadvertidos o se omiten pese a su peligrosa reiteración.
Un estudio del año pasado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que 16 de cada 100 uruguayos son partidarios de tomarse la justicia por su mano. En un país en el que presuntamente se garantiza el Estado de derecho y se ejerce una defensa amplia de los derechos humanos, esa información hubiera bastado para, por lo menos, un análisis del gobierno, los partidos y los especialistas.
¿Que 16% es poco? ¡Qué va a ser poco! Se agrava con las respuestas a una pregunta sobre la aprobación o el rechazo de un asesinato: “Si una persona mantiene asustada a su comunidad y alguien lo mata, ¿usted aprobaría que maten a esa persona, no lo aprobaría pero lo entendería, o no lo aprobaría ni lo entendería?”. La interrogante refiere a matar a quien solo asusta (atemoriza), acción cometida por un tercero y no el consultado. Las respuestas sorprenden: 20,9% aprobaría que lo mataran, 36,4% no lo aprobaría pero lo entendería y 42,7% no lo aprobaría ni lo entendería.
Si sumamos a quienes apoyan el homicidio con quienes dieron una respuesta políticamente correcta y ambigua (no lo aprueban pero lo entienden), llegamos a que un 57,3% de personas no rechazan y soterradamente aprueban que alguien asesine a otro. ¡Terrible!
¿Cuántos gobernantes, organizaciones sociales o legisladores profundizaron en ese estudio? ¿Qué debate político social o jurídico generó o qué medidas se tomaron para revertirlo? ¿Cuántos ciudadanos tienen claro que si matan a un delincuente, en el caso a quien “asusta”, arriesgan ir a la cárcel por homicidio si no existe legítima defensa?
Tal vez no alcance para un juicio definitivo sobre la seguridad o inseguridad. Hay que considerar otros indicadores: marginalidad, pobreza, desempleo, educación, reincidencia, eficacia de las fuerzas policiales, etc. Lo indiscutible es que ese dato no se puede omitir.
La justicia por mano propia no es nueva ni deriva ahora por las muertes por ajustes de cuentas del narcotráfico; por emboscadas a la policía en barrios marginales; por las agresiones a maestras; porque mafiosos intenten rescatar a un preso de una comisaría; por defenderse a tiros contra rapiñeros o ante una eventual imitación a quienes en Argentina intentaron linchar a delincuentes. Es más amplio y profundo. ¿Qué significado tuvo la quema de un muñeco vestido de policía durante la celebración del 1º de mayo? ¿Por qué ninguno de los otros participantes intentó impedirlo?
En 2012, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, encaró el tema con agudeza. Esos hechos, dijo, responden a que la sociedad “es cada vez más violenta y más insegura, y esa violencia provoca reacciones (la justicia por mano propia) que también son delictivas”. Consideró posible “que se produzca por un descreimiento en las instituciones (y también) sobre la eficacia del sistema judicial”.
En esta etapa electoral emergieron propuestas buenas, otras discutibles y algunas demagógicas. Todas buscan captar votos. Pero, ¿era necesario esperar a este momento? Si creen efectivas las propuestas, ¿por qué el gobierno o la oposición no las impulsaron o las acordaron en los últimos cinco años? Descubren la pólvora cuando asoman las urnas y tiran desde las trincheras.
Según otro informe del PNUD sobre América Latina la inseguridad es un “reto inaplazable” que está vinculado a la violencia por mano propia. Los ciudadanos “señalan el delito y la violencia como factores que limitan sus oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y de amenazas”, dice.
Esta situación, dice el informe, tiene una fuerte incidencia sobre la economía: las personas que han limitado su acceso a lugares de compra o esparcimiento por temor al delito llegó a 51,5% en la región. Como bien alertó el ex ministro Gutiérrez la inseguridad debilita el respaldo de los ciudadanos a las instituciones. Pero ¡ojo!, también debilita el entramado económico y empresarial y pone en riesgo la estabilidad laboral y salarial.
La creciente inseguridad, y de su mano la justicia por mano propia, acarrean otros problemas. Un análisis del mexicano Andres Monroy del Centro Berkman para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, reveló que debido a los delitos de narcotráfico “cada vez es mayor la pérdida de sensibilidad a la violencia entre ciertos segmentos de la población mexicana”. No solo en México. También en Uruguay y no solo por el narcotráfico. Es una reacción humana. Cuando una persona se siente agredida, con su propiedad violada, con la integridad o la vida de hijos, familiares, vecinos y amigos amenazadas, va perdiendo la sensibilidad y la confianza en las instituciones. Esa insensibilidad deriva en el desprecio por la vida del agresor y por el Estado de derecho. Es cuando se opta por la justicia por mano propia.
El próximo gobierno, con mayorías o sin ellas, tiene la obligación social y moral de convocar a un gran acuerdo nacional en busca de soluciones sin pensar en costos políticos. Antes del 1º de marzo de 2015 deberían concretarse acuerdos para poner la carne en el asador. Hace demasiado tiempo que arden las brasas con la parrilla al rojo vivo y la carne de calidad y los buenos asadores no aparecen.
