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El Frente Amplio viene trabajando en varios escenarios simultáneos para intentar frenar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que ya ingresó al Parlamento. Mientras los legisladores plantean sus discrepancias en el Senado, en la fuerza política la Comisión Nacional de Programa compartió un documento el sábado 2 entre los principales dirigentes con lineamientos que sirven de insumo para el posicionamiento de la coalición de izquierda.
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El informe, al que accedió Búsqueda, cuestiona “la oportunidad” del proyecto presentado “por la alianza de derecha y ultraderecha denominada coalición multicolor”. Para la comisión, se trata de “una forma de hacer política autoritaria que amenaza al sistema democrático y pretende desmantelar reformas estructurales creadas por el Uruguay batllista, luego renovadas, mejoradas y ampliadas en los últimos 15 años”.
“El contenido y la forma expresan con claridad los intereses e intenciones de la alianza de derecha: económicos globales ligados al capital financiero internacional y al imperialismo, de los sectores del agronegocio vinculados a la exportación, de las cámaras empresariales, y de componentes de ultraderecha que expresan el pensamiento cívico-militar de la vieja doctrina de la seguridad nacional”, dice el documento.
El informe de la comisión que preside el exministro de Educación y exintendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, agrega que “en lugar de procurar un amplio debate” la “alianza gobernante actúa como si fuera un ejército de ocupación en territorio enemigo conquistado o en un territorio que necesita ser liberado de un gobierno ilegítimo”. Y asegura que el proyecto de ley “constituye un plan de desmantelamiento de los cimientos de un Uruguay democrático, justo, igualitario, libre y solidario, que prioriza el capital por encima de los derechos y antepone el privilegio de intereses privados de corto y largo plazo al interés general y a la protección de bienes comunes”.
Indica que en la “lógica de un gobierno de ocupación” el proyecto de ley “desconoce que las bases del país que pretende destruir no son resultado de un plan unilateral desarrollado por un enemigo autoerigido en gobernante, sino la construcción de políticas construidas y sostenidas a lo largo del tiempo por un pueblo soberano” que “trasciende ampliamente las políticas desarrolladas por el Frente Amplio”.
“Aspectos oscuros”
El Frente Amplio conformó grupos a distintos niveles para trabajar sobre el proyecto de ley de urgencia. En la fuerza política un equipo brinda aportes para la discusión pública —entre ellos el documento elaborado por la Comisión Nacional de Programa—. Y un tercer espacio donde cada uno de los sectores analiza la norma y hace llegar a sus distintas direcciones una síntesis de sus planteos. Todo esto es estudiado luego en el Secretariado y la Mesa Política del Frente Amplio, donde se fija la postura que tendrá la coalición de izquierda.
Entre los aportes del documento que entregó la comisión se agrega además que el proyecto de ley es “un esbozo de programa con muchos aspectos oscuros” que “se espera imponer a la ciudadanía”. La seguridad es un amplio capítulo de la norma que involucra más de 100 artículos. Desde la mirada frenteamplista se considera que mediante “el fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado” se “instala un escenario propicio para la vulneración de derechos”.
Es por eso que desde la comisión se hace un llamado “al movimiento frenteamplista” para que promueva el debate, el diálogo y la movilización “tendiendo puentes para fortalecer la alianza con el movimiento popular”. Desde allí se buscará informar a la población sobre “el real contenido y el alcance de los cambios propuestos”, así como “sus probables consecuencias que durarán varios años si no, toda la vida”. Se coordinará con las organizaciones sociales y la academia para unificar criterios de respuesta.
La comisión construirá un documento en el que se plasme el relato “del camino recorrido en los 15 años de gobierno frenteamplista que sea un repositorio de memoria y archivo”. Y a partir de él, elaborará una comparación entre “dos proyectos antagónicos de país” que sean insumos para su militancia. “La igualdad, la solidaridad y la libertad marcan claramente la divisoria de aguas”, dice el documento.
En los próximos días este informe junto con los insumos que entreguen los sectores será analizado por el Secretariado y la Mesa Política del Frente Amplio.
Pelea
Mientras procesa esa discusión, la coalición de izquierda trata de encontrar fisuras en el oficialismo para que no todos los artículos del proyecto de urgente consideración sean aprobados sin cambios. Todavía no está claro si los legisladores frenteamplistas darán sus votos a los artículos con los que están de acuerdo.
Los senadores opositores obtuvieron una pequeña victoria esta semana. Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), informó en el Senado que el oficialismo está abierto a la revisión del artículo 122, que establece que Inteligencia funcionará en el ámbito de la Presidencia de la República.
“Lo puedo transmitir con total seguridad porque ayer de noche tuve una extensa reunión con el señor presidente. Allí evaluamos escenarios posibles y en atención a la sensibilidad que este tema genera, el Poder Ejecutivo está dispuesto a reverlo, manteniendo la actual ubicación institucional”, dijo Garcé.
El artículo 122 del proyecto busca modificar el artículo 10 de la ley que en 2018 creó la SIEE como un órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, en el cual actúa el presidente en acuerdo con los ministros de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. El cambio es cuestionado por el Frente Amplio porque impide el control parlamentario a la SIEE. “Si se mantiene esta secretaría bajo la tutela jurídica de Presidencia, puede ser voluntad del director venir o no al Parlamento, pero no va a haber ningún responsable político institucional por parte del gobierno ante esta casa y eso para nosotros es sustancial”, argumentó el senador José Carlos Mahía.
