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Ya sea por la emergencia sanitaria o la creciente digitalización de expedientes, el hall central de la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generalmente está vacío o con muy poco público. También es mínimo el movimiento que se ve en las dos pequeñas salas ubicadas allí, donde se atienden solicitudes relacionadas con la promoción de inversiones; desde octubre, una opera como “ventanilla única” para la mayoría de los trámites ante la Comisión de Aplicación (Comap) de ese régimen.
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En el contexto de la pandemia de Covid-19 y la parálisis e incertidumbre económica que ocasionó, las empresas asumieron una actitud de cautela y en muchos casos dejaron en suspenso sus planes de inversión o los enlentecieron. Otras siguieron adelante, probablemente ante la expectativa de que el problema sanitario tuviese una resolución relativamente rápida.
“Nuestra gran preocupación, además de la sanitaria, es revertir la caída de la economía, que ha llevado a un proceso de desinversión”, dijo el lunes 22 el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa en la que anunció la inminente llegada de vacunas contra el Covid-19.
Todavía faltan datos para evaluar el desempeño de la inversión productiva amparada por el régimen de promoción durante todo 2020, pero la información disponible sustenta la percepción señalada por el mandatario. Solo se disponen de estadísticas hasta setiembre, y exclusivamente referidas a los proyectos que la Comap analizó y recomendó al Poder Ejecutivo que les apruebe la ventaja tributaria (el paso final es una resolución ministerial).
De esos datos publicados por el MEF y analizados por Búsqueda surge que no solo hubo menos planes recomendados por la Comap para beneficiarlos con exoneraciones fiscales al comparar con enero-setiembre de 2019, sino que cayó la inversión involucrada. De hecho, solo en un mes del período analizado —abril de 2020— el monto fue mayor que un año atrás, aunque ello estuvo explicado en parte por un proyecto grande (por casi US$ 45 millones) presentado por la industria de elaboración de aceites y grasas Tormony S.A. Las caídas fueron particularmente significativas por ejemplo en mayo (63%) y agosto (89%).
En enero-setiembre de 2020 la inversión que la Comap aconsejó al Ejecutivo promover planes sumó US$ 443 millones, frente a la inversión por US$ 1.264 millones del mismo lapso del año anterior; eso significa una caída de 65%. El dato de los primeros nueve meses de 2019 incluye un proyecto muy grande (US$ 483 millones) de las sociedades Tebetur, Cuecar y Forestal Oriental; aun si se lo deja de lado, el monto recomendado en ese lapso supera a la inversión recomendada de enero-setiembre de 2020.
Los planes presentados hasta el tercer trimestre del año pasado para acogerse a los beneficios de este régimen promocional fueron variados, tanto en el tamaño de la inversión involucrada, el propósito —usualmente mejoras edilicias o incorporación de maquinaria y equipamiento—, así como el sector de actividad. Entre los proyectos chicos figura por ejemplo uno de poco más de US$ 5.000 del estudio contable Guerrina, otro por menos de US$ 20.000 de Cervecería Diena S.R.L. y un plan por US$ 43.000 de Ojo de Agua Sociedad Ganadera. Entre los grandes se destaca el gestionado por la industria de la madera Uruply (US$ 36,3 millones), el de la forestal Eufores (US$ 34,6 millones) y uno de la cadena supermercadista Devoto (US$ 17,8 millones).
En el medio de la pandemia y con las fronteras cerradas, también algunas empresas hoteleras lograron que la Comap le diera el visto bueno a su proyecto. Fue el caso, por ejemplo, de Colonia Natural (Sheraton Colonia) y de la Compañía Rioplatense de Hoteles (Radisson Victoria Plaza), con inversiones por US$ 5,7 millones y US$ 586.000, respectivamente. A Baluma (Enjoy) le recomendó dos planes.
Como curiosidad, no faltaron proyectos de instituciones deportivas en busca de hacer mejoras en sus instalaciones con el beneficio de las exoneraciones fiscales: Club Atlético Tabaré (US$ 737.000) y Urunday Universitario (unos US$ 210.000). Biguá de Villa Biarritz presentó un plan por casi US$ 2 millones que tuvo, en noviembre, la resolución favorable del Poder Ejecutivo dándole descuentos en el Impuesto al Valor Agregado al realizar obras de construcción en el club, así como en la compra de materiales de activo fijo.
Régimen.
“Incentivar la inversión” fue la medida reclamada al gobierno que más menciones recogió en la XXV Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, publicada en diciembre pasado. Superó, por ejemplo, a la demanda de “negociar acuerdos comerciales”, “controlar el gasto” público y “estimular el empleo”. Esas reivindicaciones tuvieron como contexto la perspectiva para 2021 de una demanda resentida y de elevada “incertidumbre” ante la pandemia de Covid-19, así como de altos costos productivos, según señalaban los encuestados (N° 2.104). De todos modos, más de un tercio (36%) de los ejecutivos dijo que su empresa iniciará inversiones, y una proporción mayor (44%) aseguró que continuará con los planes en marcha. El resto expresó cautela para este año; están quienes prevén suspender las inversiones (6%) y los que no las tienen previstas (14%).
Aunque con modificaciones a lo largo de los años, tanto en las condiciones de elegibilidad como de las ventajas fiscales, el régimen de promoción de inversiones perduró bajo los gobiernos de distinto color partidario. Surgió con la Ley 16.906 de 1998, durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti.
Ese tipo de regímenes busca incentivar la inversión productiva, para lo cual el Estado hace una renuncia fiscal (parte de un “gasto tributario” que en total en Uruguay equivale a algo más de 6% del Producto Bruto Interno). Recibe apoyos y resistencias. La “discusión de la efectividad de estos instrumentos para el desarrollo tiene larga data”, planteó Fernando Peláez, integrante de la Asesoría Económica de la Dirección General Impositiva, en un reciente documento de trabajo hecho para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Búsqueda N° 2.108). Quienes argumentan en detrimento de la efectividad de los incentivos alegan que muchas veces la inversión promovida ocurriría “de todos modos, por lo que hay una renuncia fiscal innecesaria que únicamente se traduce en una ganancia extraordinaria para determinados agentes, a través de una reducción innecesaria de su carga tributaria”. Sin embargo, agrega Peláez, lo cierto es que el gasto tributario suele medir el sacrificio fiscal bruto —por los incentivos otorgados—, por lo que es una parte de la ecuación costo-beneficio que el hacedor de política debe realizar para una evaluación completa del programa.
