“Nosotros vamos a abrir puertas”, dijo el nuevo coordinador del PIT-CNT Marcelo Abdala, el martes 4, cuando Búsqueda lo consultó acerca de qué haría la central en relación al conflicto de Ancap que interrumpió el suministro de combustibles en buena parte de las estaciones de servicio del país entre el viernes 31 y el lunes 3.
Pero al final de ese día, Abdala y el resto del secretariado de la central tendrían otro asunto caliente respecto al cual “abrir puertas”: el gobierno decretó servicios esenciales en Salud Pública administrada por ASSE, cuyos trabajadores están en conflicto.
Ayer miércoles 5, Abdala tuvo una suerte de bautismo como nuevo coordinador cuando se reunió por primera vez en calidad de tal con el presidente José Mujica acompañado del director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, y obtuvo el compromiso de una instancia al más alto nivel de negociación.
Un detalle no menor es que, igual que en el caso del conflicto del pasado verano en la Intendencia de Montevideo, la esencialidad fue decretada por un jerarca del Partido Comunista (PCU) teniendo del otro lado a dirigentes sindicales de ese mismo partido.
Fuentes del gobierno dijeron a Búsqueda que el conflicto en Salud Pública es muy complejo porque se basa en la presupuestación de 2.500 trabajadores de servicios tercerizados.
En ese marco, el senador oficialista Enrique Rubio (Vertiente) pidió ayer la renuncia del director de ASSE Alfredo Silva por actuar a la vez como jerarca y dirigente sindical.
A dos puntas.
Aunque tienen en común que son conflictos en los que el patrón es el Estado, existe una diferencia entre el que existe en la petrolera estatal y en el resto de los funcionarios.
En primera instancia, la Federación de Ancap se movilizó por la aplicación de medidas de seguridad en el puerto de La Teja; durante 12 días los trabajadores se negaron a descargar los barcos con supergás (GLP) y luego de ello se produjo un paro que afectó el suministro de combustibles en contra de la aplicación por parte del Directorio de la empresa del decreto 401, que prevé descuentos por medidas distorsivas aunque no se realice paro.
En agosto de 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto mediante el cual se descuenta parte del salario cuando los trabajadores de la administración central adoptan medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro del horario habitual.
La decisión de Vázquez para los funcionarios de los Ministerios, que ahora adopta también Ancap y antes fueron aplicadas a los trabajadores de OSE y el Banco de la República, reconoce que el trabajo a reglamento, a desgano o de brazos caídos son parte del derecho de huelga, pero que corresponde realizar los descuentos respectivos.
La aplicación de ese decreto para el caso de los funcionarios del puerto de La Teja se produjo en el marco de una pulseada entre estos y el Directorio que encabeza Raúl Sendic (ver página 48).
La mayoría del Directorio de la petrolera estatal sostiene que se utiliza la situación en el puerto como punta de lanza de una diferencia con el gremio respecto a la evaluación de los funcionarios y a la remuneración por desempeño.
Para el vicepresidente de Ancap, Germán Riet, la mejor prueba de que no existía riesgo de vida en el puerto es que, además del informe de la Inspección que realizó el Ministerio de Trabajo, los trabajadores aceptaron realizar la descarga una vez que se instaló una mesa de negociación y sin que se hayan producido grandes cambios en las condiciones para realizar la tarea.
Tanto Riet como el director Juan Gómez fueron presidentes de la Federación Ancap. Sin embargo, durante su gestión al frente de la empresa no lograron convencer al sindicato de aplicar un nuevo sistema de evaluación que permita mejorar de forma sustancial la calidad del trabajo.
“La empresa no funciona sin la gente, lo principal es la gente”, dijo Riet a Búsqueda. No obstante, el ex dirigente sindical se queja de que a pesar de definir al gremio como aliado estratégico, subsiste en la mayoría de ellos una “cultura de empleado público, una concepción burocrática que trata de hacer estrictamente lo que dice la definición de su tarea y más preocupada por culminar la jornada que por los resultados”.
Riet dijo que los 30 gerentes y alrededor de 250 jefes deben ser evaluados igual que el resto de los 2.500 funcionarios. Por eso lamentó que el sindicato no aceptara el sistema de evaluación 360 grados, un software confidencial pensado para medir las sinergias y que fue desechado por “neoliberal” y, en cambio, quiso seguir con el criticado método tradicional.
Desde el sindicato, sin embargo, se advierte que tanto en el puerto como en otras secciones el problema es que los mandos gerenciales no cumplen con las decisiones del Directorio y llaman la atención acerca de una veintena de observaciones realizadas por la Inspección de Trabajo en el caso de la terminal de La Teja.
El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gustavo Signorelle, señaló a Búsqueda que la empresa estatal es responsable por no cumplir con las normas laborales y que además el Directorio se comportó de manera “arrogante” por no propiciar el diálogo y en medio de una negociación aplicó el decreto de 2008.
Signorelle llamó la atención también acerca del papel jugado por los transportistas en la falta de suministro durante el fin de semana.
Salud.
La otra puerta para abrir es la que enfrenta a los funcionarios de Salud Pública con las autoridades. Como en el caso de la enseñanza y otros sectores, se trata de un reclamo característico previo a la votación de la ley de Rendición de Cuentas, en la que los trabajadores aspiran a mejoras salariales y la creación de nuevos cargos.
Ayer miércoles 5, la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocupó los hospitales de Artigas y Colonia, el Español, en Montevideo, el Portal Amarillo y el Vilardebó y para hoy jueves tenía previsto otras medidas que quedaron en suspenso por la convocatoria a negociar y luego de que el gobierno decretara la esencialidad del servicio el mismo miércoles por la noche.
Tras una reunión ayer con Mujica sugirió a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) que acepte una instancia de negociación “express”.
El lunes 3, en la reunión del gabinete social, el presidente dispuso que el decreto 401 —que para los dirigentes sindicales es inconstitucional— sea norma en todas las empresas públicas.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, expresó que el gobierno ve con “preocupación” la “falta de proporcionalidad clara” en los conflictos sindicales de algunos sectores, que “terminan en caminos que complejizan la salida” y sostuvo que “el gobierno tiene muy clara la decisión de actuar en consecuencia”. No obstante, destacó que en el caso de los combustibles la falta de suministro se debió a una decisión de la Intergremial de Transportistas.
Con la instalación de negociaciones en la que participa el MTSS, el gobierno apuesta a encontrar fórmulas de acuerdo en ambos conflictos.
Información General
2012-09-06T00:00:00
2012-09-06T00:00:00
