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La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, a pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, condenó a una funcionaria del Ministerio de Ganadería (MGAP) como autora de un “delito continuado de concusión”.
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El fiscal solicitó a la jueza que imponga a la funcionaria una pena de 24 meses de prisión, el pago de una multa de 300 unidades reajustables (unos US$ 10.000) y la inhabilitación por tres años. La Fiscalía llegó a un acuerdo con la imputada —que asumió su responsabilidad—, por el cual determinó que la pena de prisión será sustituida por seis meses de prisión domiciliaria, con habilitación para salidas laborales, y 18 meses en régimen de libertad vigilada.
El caso sobre los “pagos indebidos” de “sumas importantes” de dinero a la funcionaria de la División Sanidad Animal fue informado por Búsqueda en abril, a partir de la denuncia elevada por Ganadería a la Justicia (N° 2.015).
La funcionaria, de 56 años, estaba desde 2015 a cargo de la oficina de Paso de Fronteras del Puerto de Montevideo, dependiente del Departamento de Comercio Internacional.
En su acusación, el fiscal sostuvo que se pudo determinar “que en el lapso comprendido entre ese año y fines de 2017, (la funcionaria) cobraba indebidamente, a diversas empresas navieras, sumas de dinero en concepto de gastos de locomoción para la custodia del transporte de residuos orgánicos descargados de los buques”.
El escrito explica que la oficina de Paso de Fronteras del puerto montevideano tiene entre sus cometidos la inspección y el control de las descargas de residuos orgánicos y sus envases de buques de ultramar, los que son llevados a predios municipales para su tratamiento. El MGAP se encarga de la inspección, por la que cobra una tarifa, único rubro que se debe cobrar al usuario. Luego de descargada la basura, se emite un certificado por ese ministerio, que no tiene costo.
La imputada les ofrecía a las empresas su vehículo particular para llevar los residuos al lugar de destino, o delegaba en un funcionario de su oficina que pudiera hacer el traslado. En ese caso, el importe a abonar lo fijaba ella y entregaba a cambio un recibo no oficial en concepto de “viáticos” o locomoción. También entregaba recibos no oficiales a los que les colocaba el sello del Estado, señaló el fiscal. “La denunciada, prevaleciéndose de su cargo, efectuó cobros indebidos a particulares durante casi tres años, por sumas que en su conjunto implican miles de dólares, sin autorización de sus jerarcas, sin registro que permitiera los controles, emitiendo recibos con sello oficial y utilizando el dinero en beneficio propio”, sostuvo la Fiscalía.
