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Los socios de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) intercambiaron esta semana un documento en el que evalúan positivamente la gestión del gobierno en materia de regulación y políticas públicas, si bien señalan que en “muchos casos restan avances significativos”.
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En el texto, a cuya versión preliminar accedió Búsqueda, se prevé presentar públicamente a mediados de diciembre. La CCE repasa varias medidas de gobierno que según considera fueron aciertos, en algunos casos recogiendo planteos hechos por el sector empresarial a los entonces precandidatos presidenciales en 2019. También señala aspectos en los que las mejoras, a su entender, “han sido insuficientes” o “incompletas”.
La CCE se constituyó en agosto de 2016 y en la actualidad reúne a casi 30 asociaciones sectoriales.
Informalmente, la asamblea de socios de esta semana también sirvió para organizar y consensuar posiciones en torno a quien se perfila como el próximo presidente de esta supragremial: Diego O’Neill, actualmente al frente de la Cámara de la Construcción.
Entre las propuestas de corto plazo o “inmediatas” realizadas por la CCE en 2019, en el documento se destaca la inclusión de varias en la Ley de Urgente Consideración, como la implementación de un programa de reducción del déficit fiscal, la conformación de la comisión de expertos para reformar la seguridad social y algunos cambios introducidos a la “ley de promoción de inversiones” en 2020. Pero señala que otros planteos aún están pendientes. Entre ellos menciona la no adopción de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de negociación colectiva, por ejemplo.
Atraso cambiario
En el documento se expresa “preocupación por el proceso de incipiente atraso cambiario” registrado este año, que “produce fuertes asimetrías sectoriales”. Relacionado con eso, la CCE marca su descontento con la falta de “avances en el control del informalismo”, que considera especialmente relevante dada la competencia comercial que supone Argentina ante la ventaja cambiaria.
En materia de educación, la CCE apoya el rumbo por el que el gobierno avanza con el plan de Transformación Educativa y convoca al sistema político y actores sociales a que se implemente de manera “acelerada”.
Combustibles
La CCE reconoce que la administración actual dio “algunos pasos en la dirección correcta” para procurar una mayor eficiencia en las empresas públicas, como, por ejemplo, impulsando una reforma en el mercado de los combustibles líquidos. Sin embargo, los empresarios consideran que “a corto plazo” es preciso “completar” esa transformación y recomiendan “revisar y mejorar la metodología del cálculo del Precio Paridad de Importación (PPI) para que “opere como un precio testigo eficiente”. Además, recomiendan evaluar si es factible técnicamente la constitución de un “Fondo de Estabilización del precio del Combustible” que permita absorber los shocks del precio internacional del crudo.
Insisten en reducir los sobrecostos de Ancap por actividades vinculadas al cemento portland o al subsidio del supergás.
Impuestos
En materia tributaria, el empresariado nucleado en la confederación destaca que en los últimos años se mejoró con algunos cambios la situación de las empresas. Pero marcan que se siguen necesitando “ajustes”, entre los que mencionan: “Reducir” la carga del Impuesto al Patrimonio; “desmantelar” el esquema de pago del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas por dividendos fictos volviendo a como se pagaba en el 2007; y eliminar la restricción para deducir los gastos en el extranjero en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) cuando la empresa tiene pérdidas.
Además, la CCE propone “aliviar” la carga a las pequeñas y medianas empresas reduciendo la tasa del IRAE ficto y adecuando las franjas de imposición, por ejemplo.
También propone mejores beneficios tributarios a los promotores y usuarios de parques industriales y logísticos.
Consejos de Salarios
Sobre la regulación laboral, la supragremial reconoce avances en el actual período, como haber regulado el “ejercicio pacífico del derecho de huelga” y que el empleador pueda solicitar el desalojo del lugar de trabajo tras una instancia de conciliación del Ministerio de Trabajo.
Entre los principales temas pendientes señala que si bien se elaboró un proyecto de ley para modificar la ley de negociación colectiva, la iniciativa no levantaría todas las observaciones de la OIT, en particular la que refiere a la negociación bipartita para definir aumentos salariales.
Preocupados porque se contemple la heterogeneidad de las empresas, la CCE propone la creación de “Sub-Consejos de Salarios Especiales” en función del tamaño o de la ubicación geográfica de las firmas y que estos tengan “autonomía” del Consejo de Salarios de la rama de actividad.
Asimismo, el empresariado insiste en la necesidad de que operen mecanismos ágiles para los “descuelgues”.
Comercio
En cuanto a la inserción internacional, la confederación respalda la intención de negociar un tratado de libre comercio con China en el marco de una mayor flexibilización del Mercosur, así como la intención del gobierno de adherir al acuerdo Transpacífico.
Infraestructura
La CCE resalta la inversión en la red vial que lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero afirma que en otras áreas hay “rezagos significativos” porque el país no cuenta con una “mirada de largo plazo” que permita abordar el tema como una política de Estado. Por eso, propone adoptar una “Plan Director” que incluya un inventario centralizado de las necesidades de infraestructura social y productiva. Para eso, insta a crear una “nueva institucionalidad” —una “agencia de infraestructura”— centralizando las capacidades dispersas en el sector público, como tienen otros países.
