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El desarrollo urbanístico en la franja costera es siempre un tema polémico y discutido por especialistas y vecinos de las zonas afectadas. Maldonado es uno de los departamentos donde más se produce este cruce de intereses entre el desarrollo y la protección del ambiente, debido al frecuente desembarco de emprendimientos inmobiliarios de gran envergadura cerca de las playas.
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Un reciente foco de preocupación es la puesta en marcha de un proyecto en el balneario Buenos Aires, lindero a Manantiales. Se trata de La Orilla, que implicaría la urbanización de “63 lotes marítimos y tres macrolotes para edificios multifamiliares” con una extensión de 13 hectáreas, según consta en la página web del estudio SIM Arquitectos.
“Este barrio privado cerraría unas 15 cuadras del frente costero”, dijo a Búsqueda la docente Isabel Gadino, del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar). Según la arquitecta, la iniciativa “carece de espacios púbicos”, y haría perder a la comunidad un tramo extenso de rambla frente al mar.
FM Gente informó días atrás que el Grupo Balneario Buenos Aires Franja Costera, integrado por 150 vecinos, denunció que tres empresas panameñas buscan “apropiarse” de predios que ellos entienden que son públicos, para desarrollar este emprendimiento. Aseguraron que las sociedades Kalin Assets SA, Arwen Inc., y Lenore SA pretenden hacerse con parte de la tercera franja dunar del balneario compuesto por dos padrones de un valor de US$ 5 millones.
Es que la zona se encuentra actualmente en medio de un proceso judicial. Según Gadino, la Intendencia de Maldonado (IDM) había reconocido históricamente esos terrenos como públicos.
Sin embargo, la directora general de Urbanismo de la comuna, Soledad Laguarda, dijo a Búsqueda que según la información registral, se comprobó que las empresas cuentan efectivamente con los títulos de propiedad, por lo que se trata de padrones privados. Igualmente, aclaró que en tanto no haya una sentencia sobre la titularidad de esos predios, las empresas “no tienen posibilidad de gestionar un permiso de fraccionamiento o construcción”, el cual deberá contar a su vez con la Autorización Ambiental Previa de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. “Desde la Dirección General de Urbanismo estamos a la espera de la resolución judicial”, señaló.
Los vecinos también se manifestaron porque las empresas panameñas aseguran ser dueñas de unos 150 padrones del balneario, por lo que recientemente comenzaron a intimar a los habitantes a desalojar el lugar. Sin embargo, muchos aseguran haber pagado los derechos posesorios, por lo que la intendencia está intentando mediar para llegar a un acuerdo entre ambas partes.
“Irreversibles”
“La directriz costera dice que no se puede seguir fraccionando sobre la playa, que lo que queda hay que conservarlo. Hay valores ambientales que no se pueden seguir eliminando”, opinó Gadino. Para la especialista, este tipo de emprendimientos genera impactos acumulativos vinculados a la desaparición gradual de la llamada “zona litoral activa” de la costa, que comprende el ambiente bajo agua, la playa y las dunas. Según dijo, los cambios en sus componentes afectan a todo el sistema, lo que puede desembocar en la erosión de las playas, el retroceso de la costa, la pérdida de arena seca, la degradación de la calidad del agua y la pérdida de biodiversidad.
El oceanógrafo Omar Defeo, docente grado 5 del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, estuvo de acuerdo con este punto y dijo a Búsqueda que, debido a eso, la construcción en la zona de dunas activas (que se encuentran en movimiento) es un concepto “perimido y nocivo”, y “realmente fatal” para las playas. Además, para el experto “los impactos pueden ser irreversibles”. Así, opinó, no solo se pierde la parte ambiental y el servicio ecosistémico, sino “la equidad intergeneracional”.
“Se está priorizando con interés político inversiones de corto plazo para generar fuentes de empleo, en desmedro de la destrucción de un ecosistema que es un bien común y pertenece a todos los uruguayos. Es algo que no tiene justificación y que además va a afectar el nivel de disfrute de las próximas generaciones de un patrimonio del que sí lo harán unos pocos privados” antes de que se destruya, criticó.
El balneario Buenos Aires es una de las pocas zonas del departamento entre la ruta 10 y la playa que aún mantiene playas extensas y anchas de una gran riqueza ecosistémica, señaló Gadino. Y si bien sostuvo que actualmente se exigen estudios a las construcciones ubicadas en la zona de defensa de costas, opinó que “son muy flojos”.
“El arco de playa que va entre Manantiales y José Ignacio se mantuvo bastante sano por no tener construcciones de la ruta 10 hacia la playa. Pero desde hace unos 10 años se aprobaron varios barrios cerrados que recortan el recurso”, indicó. “La propuesta sigue la tendencia de apropiación privada para turismo neoexclusivo de áreas de interés ambiental”, cuestionó.
Con el objetivo de denunciar la situación, el martes 9 un grupo de vecinos comparecerá ante la Comisión Especial de Ambiente del Parlamento, mientras que Gadino y el abogado José Sciandro, también docente del CURE, lo harán el miércoles 10 ante la Comisión de Turismo.
